Foto: EFE
Antonio Aramayona
Hace unos 2.400 años
vivieron en la ciudad de Mégara, situada en el golfo de Egina, frente a
la isla de Salamina, unos hombres que formaban la escuela megárica,
cuyo objetivo básico era cultivar la verdad, siguiendo los pasos del
recientemente fallecido Sócrates, así como el arte de discutir y
argumentar. Uno de sus más conocidos representantes fue Eubulides, autor del Argumento del Cornudo: "Lo que no has perdido lo tienes; no has perdido los cuernos, por lo tanto tienes cuernos".
Estos
días pasados me he acordado mucho de este argumento del cornudo,
precisamente porque está quedando cada vez más palmario que seguimos
teniendo lo que no hemos perdido, por mucho que la publicidad
institucional y los mantras advenidos desde el poder pretendan hacernos
creer lo contrario. Formando un suculento bocadillo, entre el espíritu
de la transición y la sacra entronización de la monarquía parlamentaria
(art. 1.3 Constitución) está metida la mortadela del Estado social y
democrático de Derecho (art. 1), con lo cual intentan hacernos creer que
la democracia y el Estado de Derecho están regidos por el principio de
"la igualdad ante la ley de todos los españoles, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social" (artículo 14), por lo que todos podemos estar ya solazándonos en
las cálidas playas de "una sociedad democrática avanzada" (Preámbulo).
Sin
embargo, la realidad es terca y descreída si pasa por el tamiz del
tiempo y de la mente crítica de una persona. Como botones de muestra,
las leyes han ido haciéndose a imagen y semejanza de los intereses de
los legisladores y de los dueños de la sociedad donde moran los
legisladores; no pocas instituciones y privilegios permanecen tan
incólumes como en 1975; los dueños del cotarro siguen siendo los amos
del cotarro; ningún vigilante es vigilado por otros vigilantes y todo
baila al son de los mercaderes y los guerreros; proliferan no pocos
pelotazos con impunidad. Cada Consejo de Ministros democrático ha
concedido el indulto a sus amigos y a los amigos de sus amigos; los choricetes y los colgaos
han dado con sus huesos en la cárcel a las primeras de cambio, mientras
desde el principio de nuestra sociedad -dicen que democrática avanzada-
unas fianzas de pacotilla o unas cárceles de cinco estrellas han
acogido a la gente de posibles, de buena familia y de buenas costumbres;
los multiseculares desequilibrios económicos, políticos, sociales y
culturales han ido últimamente en aumento; nadie ha osado derogar aún el
Concordato de 1953 entre la Iglesia Católica y el Estado español...
Efectivamente, estas y otras muchas cosas no las hemos perdido.
¿Por qué estos días pasados me he acordado especialmente del argumento del cornudo? La sombra del artículo 56.3 de la Constitución,
difícilmente conciliable con el principio de igualdad de todos los
españoles ("la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a
responsabilidad") parece ser muy alargada: no solo parece amparar en la
impunidad e irresponsabilidad los posibles negocios, chanchullos y
andanzas de un posible monarca, actual o emérito, de este Estado social y
democrático de Derecho, sino también la de su familia. Efectivamente,
estamos constatando cómo el aparato del Estado se pone a disposición de
uno de sus miembros para su defensa y su salida de rositas de la quema.
De hecho, en defensa de la hermana del actual rey, la infanta Cristina
de Borbón y Grecia, han acudido, además de la nutrida y cara (¿quién la
paga?) defensa particular, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y cuantos
nuevos informes de la Agencia Tributaria fueren precisos. Puede que se
ajuste a la ley, pero me suena y me sabe a obsceno (de ob caenum, literalmente "de la basura"), repulsivo, detestable.
Tengo
la impresión de que, volviendo al sofisma del cornudo de Eubulides,
tenemos lo que no hemos perdido. Pretenden acogerse ahora a la doctrina Botín,
como si el nombre mismo pudiera sonarnos a una medida legal democrática
en beneficio del pueblo entero, y -para colmo- la Fiscalía, que
constitucionalmente tiene como cometido (art. 124 Constitución)
"promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los
derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de
oficio o a petición de los interesados, así como velar por la
independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción
del interés social", insiste en que sentar en el banquillo a la infanta
Cristina es un caso único y una discriminación. Sin embargo, la mayor
singularidad es la propia actuación de la fiscalía y sus constantes
descalificaciones al juez instructor, José Castro.
Vale, lo
acepto, Eubulides, tenemos lo que no hemos perdido, tenemos cuernos,
unos cuernos muy bien puestos, pues nos ha tocado vivir en un país donde
la abogada del Estado, Dolores Ripoll, defensora de facto también de la Infanta, afirma que eso de que "Hacienda somos todos" es un decir, un eslogan publicitario no aplicable a derecho. Es decir, una nueva versión de la paradoja del mentiroso Epiménides, el cretense, cuando afirma que todos los cretenses mienten (¿verdadero o falso?).
¿Cómo no terminar siendo unos cornudos si el propio Francisco de Quevedo dejó escrito?:
Siempre
tenemos razón para ser cornudos: porque si la mujer es buena,
comunicarla con los prójimos es caridad; y si es mala, el alivio propio.
El Huffington Post DdA, XII/3186
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