MADRID// Ali Mohammed al-Nimr
va a ser crucificado y decapitado por el gobierno autocrático de Arabia
Saudí. Detenido en 2012, ha sido sentenciado a morir por participar con
17 años en protestas que pedían democracia en su país difundiéndolas
con una Blackberry. El Gobierno español, que mantiene unas relaciones
muy fluidas con el saudí, no ha realizado hasta el momento ningún tipo
de gestión para intentar impedir que se le aplique la pena de muerte.
La Oficina de Atención Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores se ha negado a responder a La Marea
específicamente sobre el caso de Mohammed Ali Nimr. Tampoco lo ha hecho
sobre la situación de los Derechos Humanos en Arabia Saudí y se ha
limitado a remitirnos a la pagina del Ministerio con una respuesta
genérica sobre la pena de muerte:
“Como respuesta a su pregunta, este
Ministerio ha expresado en numerosas ocasiones que ‘España se opone a la
pena de muerte en todo lugar y circunstancia, por considerarla un
castigo cruel, inhumano y degradante, sin efectos probados en la
prevención del crimen, y sin posibilidad de reparación en caso de error
judicial’. Así lo puede comprobar usted en nuestros comunicados oficiales, para lo que le rogamos consulte nuestra página Web”.
Desde prensa de la Casa Real, institución que mantiene estrechos
vínculos con la monarquía saudí, también han rechazado posicionarse
sobre este caso concreto y se remiten a la postura del Ministerio de
Asuntos Exteriores. En este sentido, reconocieron que no sabían cuál era
ésta, pero no permitieron ningún tipo de pregunta sobre la situación
del joven saudí.
Los partidos políticos que han hecho bandera de la defensa de los
Derechos Humanos en países como Venezuela con el caso del opositor
Leopoldo López permanecen en silencio ante la situación del joven
manifestante saudí. La Marea ha intentado recabar las
posiciones de todos estos grupos políticos e instituciones sobre la
actitud del régimen del dictador el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud.
El responsable de cultura y movimientos sociales del PSOE, Iván
García del Blanco, considera el caso de Ali Mohammed al-Nimr una
“sentencia arbitraria y sin seguridad jurídica”. En este sentido,
asegura que el PSOE instará al Gobierno a tomar alguna medida y que
trasladarán el caso al Parlamento Europeo y a su comisión de Derechos
Humanos. Preguntado sobre la posibilidad de que su partido realice
alguien tipo de moción en el Congreso u otro tipo de actuación de
presión al régimen saudí, afirmó que creen “que la asunción de medidas
es responsabilidad del Gobierno” pero que en “los próximos días [primero
dijo semanas] valoraremos qué se hace al respecto de este asunto”.
Sobre la posible participación que la Casa Real podría tener en la
resolución satisfactoria del caso de Ali al-Nimr, el representante del
PSOE aseveró que “el papel de la Casa Real es de representación y hay
que ser muy cuidadoso con las medidas que adopta la institución en estos
casos”.
Al ser preguntado sobre la directa implicación política y mediática
del PSOE en otros casos en los que se conculcan derechos de la
oposición, como el de Leopoldo López en Venezuela, García del Blanco
alude a las “raíces culturales” para justificar esa cercanía y a la
agresiva campaña de la oposición venezolana, que han ocasionado que en
el partido socialista se le preste “una especial atención”.
Para hacer este artículo, se ha intentado recabar la postura de los
partidos que han tenido responsabilidad de gobierno. También la de las
instituciones gubernamentales que mantienen relación de forma directa
con el régimen saudí y otros actores implicados y concienciados con los
DDHH en el exterior. Desde el viernes por la mañana, hemos contactado
por correo y teléfono, en repetidas ocasiones, con la embajada de Arabia
Saudí en España, con Íñigo Henríquez de Luna y Esperanza Aguirre, del
PP de Madrid por su implicación directa con los DDHH en otros países.
Con miembros de la comisión de Exteriores del grupo del PP en el
Congreso, con representantes de exteriores del PP en la ejecutiva
nacional. Con el Ministerio de Fomento, por la relación directa con el
régimen saudí de la ministra Ana Pastor en las gestiones económicas y
empresariales por la construcción del AVE a La Meca. Ninguno de ellos ha
querido responder a nuestras preguntas.
La Marea DdA, XII/3099
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