Si el gobierno español sofoca cualquier intento de conocer la
voluntad política de Cataluña so pretexto de
ilegalidad, no hará más que confirmar que España no es una democracia.
Jaime Richart
No creo que
haya alguien que niegue que el fin del ser humano al llegar a este
mundo es ser feliz; que a la sociedad en que ha nacido o habita le
corresponde contribuir a lograrlo; y que, en fin, el estado que articula
a la sociedad es el instrumento principal para que ese fin se haga
realidad en lo posible. Tampoco creo que
haya alguien que no afirme que el papel principal del estado en tiempos
de paz consiste en distribuir lo más equitativamente posible la riqueza
producida; y que por riqueza entendemos un conjunto de bienes materiales
y servicios que, en tiempos de progreso global, van desde lo básico
para la vida (alimento, salud, habitación y energía) hasta lo deseable
(educación). Y que si el estado no se fija como meta que el individuo
que ha venido al mundo para ser feliz y se encuentra bajo su amparo no
lo consigue, fracasa y es un estado fallido.
Por
eso y por muchos esfuerzos que uno haga para entender el hecho
consumado de "el sistema", no se comprende que ni la sociedad ni el
estado sean capaces de vertebrarse para procurar al individuo esa
felicidad más allá de lo que el infortunio y el azar biológicos le
deparen. La sociedad propiamente dicha, como organismo viviente, carece
de los registros y recursos necesarios para lograr por sí misma la
armonía deseable en su seno. Por lo que es el estado el encargado de
proporcionarla públicamente. Pero resulta que la sociedad española es
rehén de un gobierno y unos políticos que tienden a favorecer a pequeños
grupos de población a costa de otros de grandes porciones, y a cortar
opresivamente las alas a los que no encajan en su "ortodoxia" que no
legalidad. Así es que si el egoísmo individual y de clan son un
obstáculo para el reparto en la práctica insuperable, y siguiendo la
línea de tratamiento dada por el actual ministro de Defensa al asunto
catalán, parece que sólo la rebelión, la revolución o la guerra serían
capaces de removerlo...
La civilidad
progresiva depende de una progresiva aminoración de la fuerza centrípeta
ejercida por religiones, ideologías y medios afines orientados a
favorecer exclusivamente a grupos sociales y económicos concretos, pero
últimamente también sobre el territorio catalán para evitar no ya la
secesión sino tan siquiera sondear su voluntad. Jellineck se pronuncia a
este respecto: un pueblo se convierte en nación cuando la conciencia de
vivir juntos se convierte en voluntad política. La conciencia de vivir
juntos está archiprobada. Queda conocer la voluntad política. Y si un
estado a cuyo frente se encuentran individuos de catadura sospechosa no
desean conocerla y se aprestan a abortar el intento con los tanques es
un estado y un gobierno incivilizados. La piedra de toque está en cómo
ha tratado el británico las inquietudes escocesas.
Todas las
sociedades pasan más o menos por similares o distintas fases de
incivilidad/civilidad. Desde el descabezamiento, la crucifixión, la
decapitación y la guillotina para castigar al transgresor hasta la
prisión confortable, hay un recorrido larguísimo; desde la esclavitud y
la servidumbre hasta la abolición y el respeto a la propiedad privada y a
la propiedad común, otro. Por eso, aparte de que la evolución hacia más
civilidad suele ser irreversible, precisa tiempo. Cierto que se fuerza
con el castigo, pero difícilmente formará parte del ADN colectivo (que
es de lo que se trata) quemando etapas.
España,
después de cien años de retraso en civilidad por motivos varios y
viendo lo que han ido dando de sí el grueso de sus dirigentes, ha de
apresurarse para recuperar el tiempo perdido en el proceso civilizatorio
global. Las leyes no bastan. En demasiados casos sobran, pues hay
demasiadas, y en demasiados otros colisionan y se entorpecen entre sí.
Por cierto, que si en el gobierno español hubiera tres o cuatro
catalanes de pura cepa, y un grupo nutrido catalán en los escaños del
Congreso estemos seguros de que las maniobras que ahora está haciendo el
partido del gobierno para anatematizar las aspiraciones masivas de
Cataluña el tratamiento legalista se volvería como un calcetín a
favor de la "causa" catalana. Ahí se ve la inconsistencia de la
juridicidad en manos de gobernantes miserables.
Viene
habiendo desde hace mucho tiempo sospechas a este respecto. Por eso, si
ahora el gobierno español sofoca cualquier intento de conocer la
voluntad política de Cataluña y no respeta sus propósitos so pretexto de
ilegalidad, no hará más que confirmar que España no es una democracia
sino una dictadura más, franquista, encubierta.
DdA, XII/3075
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