A los partidos nuevos de una
marcada preocupación social y humanista incumbe la ingente tarea de impedir
nuevos desastres sociales y la de tratar de rescatar para el interés público todo
cuanto le ha sido arrebatado
Jaime Richart
Más allá de los abusos en
algunos casos canallescos por parte del gobierno de la nación y de sus
ramificaciones en Diputaciones y delegaciones gubernamentales, y más allá de
los mismos abusos clamorosos por parte del poder autonómico y municipal
propiciados por el infame uso de la mayoría absoluta, lo que sobresale tanto en
este país como en Europa y en el mundo es la pugna, el antagonismo de dos
conceptos ideológicos clave que están cambiando las condiciones y el destino de
los pueblos. Me refiero a los conceptos "público" y "privado", a la dicotomía
estatalizar-privatizar. Pues la privatización es lo que de hecho está
cambiando, y mucho a Europa, pero especialmente a este país. Casi todos los
problemas sociales en España (aparte un justicia mediatizada y sumisa al poder
económico y por ende el político que favorece la impunidad de los delitos
económicos) derivan de los nulos escrúpulos de los dirigentes poniendo en manos
de particulares -principalmente enrevesados tinglados societarios- los bienes
públicos. En muchos casos o quizá siempre, a cambio de comisiones, mordidas o
favores de presente o de futuro retorciendo el sentido de las normas
reguladoras de lo social que, con una voluntad política inequívoca, los
protegen.
La mayoría de las miserias proceden de este
hecho. La causa inmediata de los desahucios de las viviendas sociales, por ejemplo,
radican en su venta por parte de Comunidades o ayuntamientos a quienes las han
pagado bien. Lo que viene después ya no es culpa de los nuevos propietarios, y
tampoco de los bancos que ejecutan las sentencias de desalojo por impago. Lo
que viene después es culpa directa de la ley hipotecaria, nada menos que de
1870, y de un modo de entender poco cautelar de los derechos humanos los jueces
a la hora de acordar la ejecución de los embargos. Pero la causa de la causa
de todos los desaguisados (aparte los contratos con cláusulas abusivas de los
bancos en el asunto de, por ejemplo, preferentes, subordinadas y otros casos
de picaresca canalla) está en desvirtuar el sentido de la propiedad pública o
comunal que, hasta que el poder político, aliado al económico, lo ha prostituido,
era intocable y sagrado. Así es cómo se han malogrado la sanidad pública y la
enseñanza publica.
Y en este asunto, la ideología socialdemócrata
española comparte de lleno la culpa de la ideología exterminadora. No sólo no
se apercibió de los peligrosos planes de la mentalidad europea conservadora,
luego llamada neoliberal, y que inmediatamente hizo suya pero agravada la
derecha española (que ni es progresista ni conservadora salvo hipócritamente en
cuanto a la moral -la ajena, no la propia- porque sólo va a su avío), es que se
unió a esos planes. Al principio coqueteando con la idea privatizadora al
impulsar la empresa mixta compuesta de capital público y privado. Y luego
progresivamente transigiendo, hasta decidir los propios dirigentes
socialdemócratas españoles la privatización de la energía eléctrica. Más tarde,
y ya una vez en el poder con mayoría absoluta, la derecha entró en este asunto
como un elefante en una cacharrería privatizando, con la burda estrategia de la
“externalización”, hasta el oxígeno que respiramos.
Así las cosas, a los partidos nuevos de una
marcada preocupación social y humanista incumbe la ingente tarea de impedir
nuevos desastres sociales (como la proyectada venta de montes comunales en
algunas Autonomías), y la de tratar de rescatar para el interés público todo
cuanto le ha sido arrebatado.
DdA, XII/3010
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