viernes, 26 de junio de 2015

MÁXIMA ALERTA SOBRE LOS BIENES PÚBLICOS



A los partidos nuevos de una marcada preocupa­ción social y humanista incumbe la ingente tarea de impedir nuevos desastres sociales y la de tratar de rescatar para el interés público todo cuanto le ha sido arrebatado

Jaime Richart

Más allá de los abusos en algunos casos canallescos por parte del gobierno de la nación y de sus ramificaciones en Diputacio­nes y delegaciones gubernamentales, y más allá de los mismos abusos clamorosos por parte del poder autonómico y municipal propiciados por el infame uso de la mayoría absoluta, lo que sobresale tanto en este país como en Europa y en el mundo es la pugna, el antagonismo de dos conceptos ideológicos clave que están cambiando las condiciones y el destino de los pue­blos. Me refiero a los conceptos "público" y  "privado", a la dicotomía estatalizar-privatizar. Pues la privatización es lo que de hecho está cambiando, y mucho a Europa, pero especial­mente a este país. Casi todos los problemas sociales en España (aparte un justicia mediatizada y sumisa al poder económico y por ende el político que favorece la impunidad de los delitos económicos) derivan de los nulos escrúpulos de los dirigentes poniendo en manos de particulares -principalmente enrevesa­dos tinglados societarios- los bienes públicos. En muchos casos o quizá siempre, a cambio de comisiones, mordidas o favores de presente o de futuro retorciendo el sentido de las normas reguladoras de lo social que, con una voluntad política inequí­voca, los protegen.

La mayoría de las miserias proceden de este hecho. La causa inmediata de los desahucios de las viviendas sociales, por ejem­plo, radican en su venta por parte de Comunidades o ayunta­mientos a quienes las han pagado bien. Lo que viene después ya no es culpa de los nuevos propietarios, y tampoco de los bancos que ejecutan las sentencias de desalojo por im­pago. Lo que viene después es culpa directa de la ley hipoteca­ria, nada menos que de 1870, y de un modo de entender poco cautelar de los derechos humanos los jueces a la hora de acor­dar la ejecución de los embargos. Pero la causa de la causa de todos los desaguisados (aparte los contratos con cláusulas abusi­vas de los bancos en el asunto de, por ejemplo, preferen­tes, subordinadas y otros casos de picaresca canalla) está en desvirtuar el sentido de la propiedad pública o comunal que, hasta que el poder político, aliado al económico, lo ha prosti­tuido, era intocable y sagrado. Así es cómo se han malogrado la sanidad pública y la enseñanza publica.

Y en este asunto, la ideología socialdemócrata española com­parte de lleno la culpa de la ideología exterminadora. No sólo no se apercibió de los peligrosos planes de la mentalidad euro­pea conservadora, luego llamada neoliberal, y que inmediata­mente hizo suya pero agravada la derecha española (que ni es progresista ni conservadora salvo hipócritamente en cuanto a la moral -la ajena, no la propia- porque sólo va a su avío), es que se unió a esos planes. Al principio coqueteando con la idea privatizadora al impulsar la empresa mixta compuesta de capi­tal público y privado. Y luego progresivamente transigiendo, hasta decidir los propios dirigentes socialdemócratas españoles la privatización de la energía eléctrica. Más tarde, y ya una vez en el poder con mayoría absoluta, la derecha entró en este asunto como un elefante en una cacharrería privatizando, con la burda estrategia de la “externalización”, hasta el oxígeno que respira­mos.

Así las cosas, a los partidos nuevos de una marcada preocupa­ción social y humanista incumbe la ingente tarea de impedir nuevos desastres sociales (como la proyectada venta de montes comunales en algunas Autonomías), y la de tratar de rescatar para el interés público todo cuanto le ha sido arrebatado.

DdA, XII/3010