Félix Población
Hace un
mes, con motivo del extraño accidente del avión de Germanwings que se estrelló
en las montañas de los Alpes, leímos una carta de un familiar de las víctimas del Yak-42 que se
estrelló en Turquía. Curra Ripollés, hermana de un de los militares fallecidos
en ese último accidente, contaba en la misiva que el pasado mes de noviembre
vinieron a su casa los portavoces de los accidentes de Barajas, Alvia, Metro de
Valencia, Madrid Arena y Yak-42. Esto es, los representantes de cientos de
muertos y heridos en una serie de accidentes ocurridos en los últimos doce
años, miembros todos ellos de REVES (Red de Víctimas Españolas). “Horrorizada -escribe
Ripollés-, escuchaba sus experiencias por una sola razón. Todos habíamos pasado
una y otra vez por lo mismo: impunidad, engaños y soledad”.
Conviene recordar como precedente con relación al exministro que en 2005 la empresa de seguridad privada
Prosegur rescindía el contrato que había firmado con el bufete de Trillo, debido a que relación entre éste y Prosegur podía violar
la Ley de Incompatibilidades, que impide durante dos años a los altos
cargos trabajar con firmas que hayan facturado a sus departamentos.
Entre 2000 y 2004, los años de Trillo en Defensa, Prosegur
contrató con ese ministerio servicios por valor de 7,1 millones de
euros.
En el caso de don
Federico, además de esas incidencias, concurre la circunstancia de ser un muy reputado erudito en
el estudio del poder político en los dramas de Shakesperare. Treinta páginas, treinta, de su tesis doctoral sobre esta materia son un corta y pega de obras
previas de varios investigadores extranjeros. El trabajo del actual embajador
en Londres mereció en su día la calificación de sobresaliente cum laude.
PS.- Me permito formular la siguiente pregunta al término del anterior artículo: ¿Qué futuro tiene una clase política que a la hora de enjuiciar su quehacer distingue entre lo legal y lo ético? ¿No sería lo más higiénico botarla?
PS.- Me permito formular la siguiente pregunta al término del anterior artículo: ¿Qué futuro tiene una clase política que a la hora de enjuiciar su quehacer distingue entre lo legal y lo ético? ¿No sería lo más higiénico botarla?
DdA, XII/2984
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