Félix Población
En lugar de
facilitar su derecho al voto, la reforma electoral aprobada en 2010 obliga a
los ciudadanos españoles residentes fuera del país al llamado “voto rogado”, un
sistema consistente en que esos electores han de solicitar expresamente ese
derecho que el resto de electores dentro del país ejerce sin necesidad de
recurrir a tal ruego. En esa situación se encuentran casi dos millones de
ciudadanos (1,8), que además de haberse visto obligados en su mayoría a buscar
un porvenir para sus vidas lejos de España, tienen que soportar esa especie de
discriminación con respeto al resto de sus conciudadanos, discriminación que
contribuye asimismo a distanciarlos todavía más del país al que
pertenecen.
El solo
apelativo de “voto rogado” tiene en sí mismo algo de concesión graciosa que
encuentra, además, todas las dificultes burocráticas para su realización,
dificultades que el diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares acaba de
denunciar ante la junta Electoral Central. Cuando apenas falta un mes para los
próximos comicios municipales y autonómicos, Llamazares ha dicho que la gestión
del sistema está siendo caótica, con diferencias de criterio entre consulados y
embajadas, fax y plataformas telemáticas bloquedas y saturadas, y una ceremonia
de la confusión sobre los trámites a seguir que amenaza con provocar una
abstención masiva pero involuntaria la mayoría de los casos.
"Tenemos
el ejemplo de las anteriores elecciones europeas -señala Llamazares-, en las
que sólo votó un 2% del censo de residentes en el exterior, diez veces menos de
los que votaron en la anterior cita con las urnas, cuando aún no se había
cambiado el sistema de voto para los ciudadanos que viven fuera de España. Es
un escándalo democrático". A la hora de buscar responsabilidades, el
diputado de IU no tiene duda en reprochar a los dos partidos mayoritarios una
total desidia para tratar de solventar el problema, desidia en este caso
interesada pues tanto Partido Popular como Partido Socialista son conscientes de
que muy pocos de los votos de esos casi dos millones de conciudadanos ausentes
les favorecen.
La
lamentable gobernación de uno y otro partido en los últimos años ha llevado a
esos españoles -en su mayoría jóvenes- fuera del país, dejándolos casi sin la
posibilidad de que su “voto rogado” pueda ser un voto de castigo con el que
protestar por su exilio económico y tratar democráticamente de que otros
gobiernos más dignos puedan favorecer su retorno. Debemos prestar la máxima
atención al porcentaje de voto emigrante que se cuantificará el próximo día 24.
Un 2% como en las elecciones europeas sería, en efecto, escandaloso, aunque
pocos lo hayan señalado entonces.
DdA, XII/2988
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