Fernando de Silva
Tan
locuaz y charlatán, nuestro "flamante" Ministro de Hacienda e
Instituciones Públicas parece haberse olvidado de que la tierra es
redonda y de que el día sucede a la noche, hasta el punto de que lleva
una semana en ignorado paradero, por lo que no ha quedado más opción que
emitir una orden ciudadana de búsqueda y captura, para que dé
explicaciones públicas de todo lo que está ocurriendo alrededor de su
persona, y confiamos en que con el mismo estilo que le caracteriza para
criticar y sembrar dudas sobre los demás.
Personaje
siniestro, mordaz y alejado de los comportamientos que deben de
adoptarse por quien se supone tiene las llaves de nuestro dinero,
Cristóbal Montoro ha conseguido en tres años destruir definitivamente la
imagen de seriedad, imparcialidad y neutralidad que debe trasladar a
los ciudadanos la Agencia Tributaria, que siempre debe de estar ajena y
distante a los cambios políticos, para convertirla en una fuente de
información privilegiada para sus intereses políticos y de partido,
hasta el punto de que la ha transformado en un chiringuito más del
partido en el gobierno, que ha servido para perdonar deudas millonarias a
sus amigos defraudadores mediante una amnistía encubierta, perseguir
implacablemente al honrado ciudadano por meros errores en su
declaración, verter insinuaciones maliciosas frente a destacados
miembros de la cultura que no les son afines, y ocultar sus propias
vergüenzas para exonerar a los suyos de graves responsabilidades
penales.
Los
enfrentamientos entre la Agencia Tributaria y el juez Ruz se han
convertido en la gota que colmó el vaso, al atribuirse aquella
facultades para decidir lo que es o no es delito, cuando es competencia
exclusiva del instructor, de la misma manera que éste no debe decidir si
una determinada irregularidad fiscal es motivo o no de sanción
administrativa. Pero comparar al PP con Cáritas, por el mero hecho de
que ambas entidades formalmente gozan de los privilegios de las
organizaciones sin ánimo de lucro, es tal dislate que insulta al sentido
común de la mayoría de los ciudadanos, cuando ya sabemos que el PP se
ha convertido en un negocio muy lucrativo para muchos de sus dirigentes y
allegados.
Es
cierto que la Ley de Partidos Políticos deja exentas del pago del
Impuesto de Sociedades las donaciones que reciban y sean destinadas a
los fines propios del partido. Pero obviamente se está refiriendo a
donaciones legales, transparentes, incluidas dentro de la contabilidad
oficial auditada por el Tribunal de Cuentas, y que no excedan de los
límites legalmente establecidos. Y, por supuesto, no incluye las
donaciones obtenidas ilegalmente, procedentes supuestamente de
comisiones pagadas por empresas con el objetivo de obtener a cambio
concesiones de obras públicas, dinero negro puro y duro que tan solo se
refleja en su contabilidad B, conseguido al estilo mafioso de los años
40 de Lucky Luciano. Por lo que darle el mismo tratamiento fiscal es
todo un despropósito jurídico, alejado de los principios que deben
presidir un Estado de Derecho decente, del que tanto queremos presumir.
Para
que todos nos entendamos, el PP se financia de forma ilegal con dinero
negro y no declarado, trata de blanquearlo repartiéndolo en sobre
marrones a sus dirigentes y mediante la ejecución de obras en su propia
sede, consensúa con el arquitecto ejecutor su entrega en B para que éste
se ahorre el pago del IVA, convirtiéndose en colaborador necesario del
fraude fiscal, y ahora pretende, con el apoyo de la Agencia Tributaria
controlada por el propio Cristóbal Montoro, que se le dé el mismo
tratamiento que al dinero legal. Todo un escándalo, que en un país
decente hubiese provocado su inmediata dimisión.
Pero
como no hay dos sin tres, ahora sabemos que los beneficios del despacho
fundado por Cristóbal Montoro, denominado actualmente Equipo Económico
S.L., crecieron como la espuma en época de crisis cuando aquél lo
abandonó para dedicarse de nuevo a la política y convertirse
posteriormente en Ministro de Hacienda. Todo ello "casualmente" gracias
al contrato millonario firmado con Madrid Network, empresa semipública
de la Comunidad de Madrid, presidida por entonces Antonio Beteta, actual
Secretario de Estado de Instituciones Públicas, dependiente del propio
Cristóbal Montoro. Un caso de tráfico de influencias de libro,
tipificado en el artículo 428 del Código Penal, y penado con multa y
prisión de seis meses a dos años, de esa que se tiene que cumplir cuando
los hechos son socialmente reprobables y producen escándalo público,
como le ha ocurrido a la propia Isabel Pantoja, que por mucho menos está
en la cárcel.
Pico
a la puerta, ¿está el Sr. Montoro?... No contesta, parece que se ha
escondido en el cuarto de las escobas hasta que amaine el temporal. Y
mientras tanto el PP y Don Mariano Rajoy dándonos a todos lecciones de
honradez y exigiendo a los griegos que cumplan sus compromisos, cuando
ellos hacen todo lo contrario a lo que prometen, meten la mano en la
cartera del dinero público, y gozan de una impunidad escandalosa. Qué
vergüenza.
SinLaVenia/ DdA, XII/2953
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