La libertad de expresión está experimentando una escalada en su
contra en todo México. El país sigue siendo el más letal de América
Latina para ejercer la profesión periodística.
Víctor M. Quintana S.
No podemos, no debemos acostumbrarnos a las masacres cotidianas, a
las desapariciones forzadas en México. A lo que el ex Juez Supremo de
Argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni llama el genocidio por goteo, que ya
lleva tantos muertos como en Hiroshima. Pero eso no es todo, porque la
restauración del PRI en la Presidencia de la República ha detonado la
regresión autoritaria en este país, ha desatado un proceso de
imposiciones que van conformando un paulatino golpe de estado, que van
conduciendo a una dictadura por goteo.
Una semana sí y la otra también las redes sociales, las aisladas pero
nunca sofocadas voces de la auténtica oposición en el Congreso, las
redes sociales y los pocos media que mantienen una posición crítica, dan
cuenta de un nuevo atropello a las instituciones y a las libertades
democráticas de este país.
Los botones de muestra, tan sólo de la segunda semana de marzo, son por demás significativos y preocupantes.
El Senado de la República, con los votos a favor del PRI, por
supuesto, de su sempiterno aliado el Partido Verde y la mayoría del PAN,
designó como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia a Eduardo
Medina Mora, hasta hoy Embajador en Washington. Fue propuesto por el
presidente Peña Nieto, en una terna en que los otros dos candidatos
fueron simplemente de relleno. Medina Mora es compadre de Peña, ha
estado muy vinculado a los negocios del grupo Televisa, la cadena de
medios más poderosa del país. Fue Procurador General de la República en
el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, durante los años más
sangrientos de la fallida guerra contra las drogas. No tiene experiencia
judicial y nunca ha fungido como juzgador, lo que ha indignado a un
buen número de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.
Estará en el cargo por quince años, para garantizar impunidad
transexenal a Peña Nieto, al PRI y al duopolio televisivo.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha obrado con total tibieza
ante los continuos y graves desacatos a la ley del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM). Este partido expulsado de la internacional
de los verdes, se ha convertido en aliado incondicional y “plan B” del
PRI. Favorecedor de la pena de muerte, omiso ante la grave problemática
ambiental del país, ligado a múltiples escándalos de corrupción, el
Verde se ha convertido también en el instrumento del duopolio
televisivo: Televisa y Tv Azteca para hacer pasar las leyes favorables a
ellos y contener la legislación que busca reducir o controlar su enorme
poder. Gracias a estos enormes apoyos, el Verde ha desplegado una
intensa cuanto ilegal campaña publicitaria, demagógica por todo el país
para posicionarse en la opinión pública. Lo increíble es que ante los
cuestionamientos, quejas e impugnaciones presentadas por los partidos de
oposición como el MORENA y el PAN ante el INE, éste ha respondido
imponiendo multas muy tibias y de una cuantía que hacen al verde morirse
de risa. Con esto el PRI está fabricando una posible opción de recambio
por si acaso su imagen continuara derrumbándose ante los pobres
resultados económicos y sociales del gobierno de Peña Nieto.
La libertad de expresión está experimentando una escalada en su
contra en todo México. El país sigue siendo el más letal de América
Latina para ejercer la profesión periodística. En los diferentes estados
de la República los gobernadores se han convertido o en amos de los
medios por el control económico que ejercen sobre ellos o en señores de
horca y cuchillo de la comunicación independiente. Pero sin duda el más
destacado hecho de represión a la libertad de expresión es el despido de
la periodista Carmen Aristegui del noticiario de la empresa MVS. Se
trata del mejor programa de noticias de la nación, de la mujer con más
poder en la opinión pública mexicana. La escalada comenzó con el despido
de los dos reporteros más importantes de la unidad de investigación de
dicho noticiero. Precisamente quienes descubrieron el fraude y la
evasión fiscal en el caso de la “Casa Blanca”, de Angélica Rivera,
esposa de Peña Nieto, valuada casi en 8 millones de dólares. Es la
unidad que investigó toda la red de prostitución montada por el
dirigente del PRI en la Ciudad de México. Junto con Aristegui, los dos
reporteros despedidos, han iniciado la plataforma digital “Mexico
leaks”, versión azteca de la “wikileaks” a la que el gobierno de Peña le
tiene pánico.
Esto sucedió entre la segunda y la tercera semanas de marzo. La
primera, el Senado, ahora con los votos del PRI, de sus aliados, de una
parte del PAN y del PRD, apoyó la designación como Procuradora General
de la República de la persona propuesta por Peña Nieto: Arely Gómez,
abogada también muy vinculada al grupo Televisa. Pero eso no es todo, lo
más posible es que, conforme a las reformas legales, Arely Gómez, sea
designada Fiscal General de la República, con una permanencia de nueve
años en el puesto. Es decir, con la garantía de trascender el sexenio de
Peña Nieto y convertirse en su protectora sistemática en caso de que la
oposición gane las elecciones de 2018.
Esa misma semana estuvo a punto de imponerse la iniciativa de Ley
General de Aguas propuesta por el director general de la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), David Korenfeld, con una visión
privatizadora de la extracción, conducción, distribución y cobro del
vital líquido. Concibe al agua sólo como bien económico, objeto de
lucro, la expropia a las comunidades e impide la participación ciudadana
en su vigilancia y su manejo. Incluso llega a prohibir el estudio y la
investigación sobre los recursos hídricos, su explotación y el impacto
de ella. Sólo gracias a una intensa campaña de movimientos sociales,
organizaciones no gubernamentales y algunos parlamentarios de oposición
se pudo suspender la aprobación de esta ley. Sin embargo, el vampiro aun
no tiene la estaca en el corazón y la iniciativa privatizadora del agua
se revivirá en un momento político menos inoportuno para el PRI y su
sempiterno y convenenciero aliado, los verdes.
Este creciente ejercicio dictatorial del poder no sería posible si
los partidos que se dicen de oposición no condescendieran con el
PRI-Gobierno. Si no negociaran con él para parecer una “oposición
civilizada” y alegar el “respeto a las instituciones”. Así, para lograr
el apoyo a sus iniciativas autoritarias y excluyentes, el régimen ha
acudido alternadamente al “voto razonado”, más bien, negociado, de la
derecha (PAN) o de la más numerosa representación de izquierda (PRD). Si
se conformara un bloque parlamentario amplio de verdadera oposición se
estaría levantando un primer cerco al golpe de estado técnico.
La dictadura que se impone a nivel federal está fincada sobre las
dictaduras que imponen en los estados de la República los gobernadores
que actúan sin contrapesos, comprando o liquidando las voces opositoras.
Está fincada, sobre todo, en las prácticas corruptas en el acceso, el
ejercicio y la conservación del poder público. La ingente cantidad de
recursos necesaria para ganar una campaña electoral implica enormes
apoyos financieros de grandes compañías y del crimen organizado. Favores
que luego tienen que pagarse con impunidad y con tráfico de influencias
desde el poder.
Por todo esto, no puede definirse de otra manera el gobierno actual
de Enrique Peña Nieto, sino como una dictadura cimentada en la
corrupción y en los pactos, no con las fuerzas políticas reconocidas,
sino con los señores del dinero lícito, y sobre todo del ilícito.
*El autor, Víctor M. Quintana S., es asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua e investigador/profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
*Fuente: Agencia Latinoamericana de Información
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