Jaime Richart
Probablemente España es el país que, con enorme diferencia respecto a
los demás, puede contabilizar más leyes en su haber legislativo. Antes,
ahora y siempre. Esa es la argucia de los poderosos españoles. Sobre
todo los poderosos del último siglo. Sobre todo los de la última
legislatura. Esos y quienes les dan cobertura, es decir el partido del
gobierno con su mayoría absoluta en el parlamento, en las autonomías y
en los ayuntamientos, como potente recurso efectivo respecto a la
absoluta pérdida progresiva de credibilidad frente a la ciudadanía
tienen el legislar; esos que con leyes a diestro y siniestro imaginan
que pueden lavar toda la basura acumulada durante décadas y aventar el
oprobio que les cubre; esos que promulgan leyes y decretos aparatosos en
los que incluyen fórmulas, trucos, dilaciones y asideros en favor de
quienes forman parte de las élites económicas, sociales y políticas; de
tal manera que el daño que han causado y causan a la sociedad con la
comisión de delitos económicos de montantes astronómicos, en la inmensa
mayoría de los casos pueda ser liquidado con simples correctivos, multas
y prescripción del delito o de la pena. Al final con relativa o
absoluta impunidad...
Lo que el partido heleno Syriza y su casi homólogo Podemos plantean
como medida prioritaria no es legislar más ni inundar el panorama
legislativo con leyes y más leyes, sino afanarse en hacer cumplir las ya
existentes; con la Constitución al frente y las normas de rango
superior europeas.
Por ejemplo, el punto 9 del artículo 7 de un reglamento adoptado en
mayo de 2013 por la Unión Europea para los países sometidos a un plan de
ajuste estructural establece: "Un Estado miembro sometido a un programa
de ajuste macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva de sus
finanzas públicas a fin, entre otras cosas, de evaluar las razones por
las que se ha incurrido en niveles excesivos de endeudamiento y de
detectar cualquier posible irregularidad."
La deuda reclamada a Grecia representa el 175% de la riqueza producida
en el país en un año y supone un lastre insostenible para el pueblo
heleno. Del nuestro se nos dice que está por encima del 100%. Tanto en
el caso de Grecia como en el de España está claro que hay que recurrir
al artículo 7 del citado reglamento.
Desconozco los pormenores del caso griego, pero conocemos de un extremo
a otro las causas del desastre económico español por más que ahora el
gobierno se muestre ufano por miserables repuntes. Y las causas no son
otras que un despilfarro de proporciones siderales a cargo de personajes
megalómanos metidos en política situados en los gobiernos autonómicos y
locales, acompañado de "mordidas" no menos siderales, por un lado, y un
desvalijamiento literal de las arcas públicas llevado a cabo por los
mismos o por otros a través de distintas modalidades del hurto y de la
estafa. Hasta tal punto eso es así, que la suma de los dos conceptos:
derroche (malversación)+mordidas (comisiones) es más o menos igual a la
que representa el rescate de las Cajas de ahorro, de la que por si fuera
poco, sus directivos incluso se han apropiado bellacamente de parte del
dinero recibido, a través de emolumentos y jubilaciones millonarias.
No hay atenuantes ni explicaciones ni justificantes que valgan. Hemos
estado y seguimos estando en manos de estafadores, de timadores y de
cuatreros de todas clases, y es preciso restablecer el orden en el país.
Es preciso reparar las innumerables injusticias cometidas en todos los
ámbitos y propiciar el advenimiento de savia nueva en la política que
nos permita respirar, después de años de una atmósfera tóxica
irrespirable y de la constatación de que en este país hay millones de
ciudadanos y ciudadanas que viven una vida desgraciada por culpa de una o
varias bandas organizadas de ladrones vestidos con los ropajes de la
decencia y de la solemnidad.
DdA, XII/2905
1 comentario:
Lo más preocupante no es que impongan la política del miedo, sino que se aplique la política de la amenaza en cuanto estos partidos empiecen a tomar decisiones de gobierno. El poder económico puede acabar con el poder político si no se subordina a su dictado.
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