Jaime Richart
¿Qué es lo políticamente correcto? Lo que diga el gremio: todo
aquel discurso público acrítico respecto a los puntos de vista dominados
por el poder en sus respectivas esferas. A fin de cuentas el lenguaje
no sólo describe la realidad, también la fabrica.
En
mi consideración, lo políticamente correcto, al igual que el
academicismo, sólo son válidos para hacer justo lo contrario de lo que
establece la comunidad o colectivo que se tienen por única autoridad con
derecho a instituir la ortodoxia en la materia; es decir, sólo tienen
interés como referencia y desafío para ser truncados. Pese a predicarse
“, Hay muchos modos de interpretar la realidad y de hacerla, más allá de
"lo políticamente correcto”. Es más, gran parte de las cosas
importantes para la sociedad, si no la mayoría, han sido concebidas o
realizadas por “heterodoxos”, no por académicos ni por políticamente
correctos. La obra voluminosa, “Historia de los heterodoxos españoles”,
de Marcelino Menéndez y Pelayo, quizá sin proponérselo su autor, lo
subraya.
Por otra parte, en la sociedad
española todas las actividades profesionales están reguladas por
academias, institutos o colegios que establecen los criterios de
valoración técnica y deontológica de los individuos asociados a ellos,
en línea con lo que significa la locución "lo políticamente correcto".
De modo que quien no ha obtenido la respectiva licencia no está
autorizado a ejercer la profesión, y si incurre en una conducta que
contraviene la ética establecida por el colegio o academia, el
profesional puede llegar a ser expulsado e impedido del ejercicio de la
profesión. Todas las profesiones están sujetas a esa norma... excepto -y
he aquí la paradoja- la política.
Porque para
ejercer la política no hay nada, ninguna cortapisa, ningún criterio
regulador que permita distinguir al político "garantizado" o avalado por
un instituto oficial, del simple oportunista. Los únicos límites a la
conducta del político como tal se reducen al mínimo del mínimum moral
que es el código penal, y además el deplorable sistema electivo refuerza
la falta de garantías acerca de la competencia del elegido dentro del
totum revolutum que son listas cerradas. Así, cualquiera puede
postularse como administrador de los bienes públicos y gestor del
bienestar colectivo; cualquiera puede ser elegido por el pueblo aunque
éste desconozca absolutamente su condición personal y su condición
moral. El elector sólo puede saber de su presunta integridad después, en
el transcurso de la legislatura. Sea competente, sea un desaprensivo o
sea un forajido, cualquiera puede estar en la política, manejar los
fondos públicos y decidir la suerte de millones de personas en nombre
del abstracto concepto del demos, y además decidir qué es "lo
políticamente correcto". Casi y exclusivamente, en este país y en este
defectuoso modo de interpretarla se basa la jactancia de llamar a este
sistema democracia. Es indiferente que luego la separación de poderes
sea más aparente que real y que normas fundamentales sean conculcadas
con toda impunidad.
Pero en estas últimas etapas
la sociedad española ha descubierto que el concepto de "lo
políticamente correcto" viene alojado en sesos y espíritus no ya
incorrectos, sino degenerados por el uso depravado del dinero público
que es lo que fundamentalmente nos ha conducido hasta el desamparo total
en que se encuentran millones de españoles.
"Lo
políticamente correcto” es casi irrelevante en periodos de manifiesta
prosperidad general, pero en tiempos revueltos o críticos como los que
atravesamos, el esfuerzo por parte de quienes lo dictan, los
gobernantes, necesita de la fuerza suplementaria cómplice en los medios.
Y resulta que esa fuerza ya no la encuentra el gobierno en los medios a
los que tampoco puede amordazar. Y al no recibir de ellos la cobertura
precisa para persuadir a la ciudadanía de la realidad contraria a lo que
es la exclusión social de millones de personas, por otra parte
indisimulable e inocultable, recurre a la disuasión coercitiva para
imponer "lo políticamente correcto" de su pensamiento neoliberal. En
resumen, el parlamento español, tomado desde hace tres años (antes de
conocerse sus infinitas fechorías) por la mayoría absoluta del partido
del gobierno, acaba de plasmar una vez más "lo políticamente correcto",
esta vez en un decreto, ucase u orden gubernativa en forma de ley que
coarta en términos represores la protesta en la calle y la libertad de
manifestación: el mismo recurso de que se valía la dictadura
precedente para fortificar civilmente su poder.
DdA, XI/2871
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