En esta semana del 25 de noviembre en que nuevamente hacemos el
fúnebre recuento de las víctimas mortales de la violencia machista, las
cifras oficiales mantienen el engaño de que “únicamente” son 47 las
asesinadas en 2014. Sabemos, por las investigaciones de nuestras
compañeras de trabajo feminista, que esa cifra hay que aumentarla en 10
más, siguiendo los parámetros de la espúrea catalogación que se arbitra
en relación a la famosa Ley Integral de Violencia de Género. Pero ni son
estas las únicas víctimas ni el feminicidio es la única violencia.
Las que mueren después de meses de haber sufrido diversas heridas por
la mano de su verdugo no se cuentan en esa macabra lista. Las que se
suicidan en la desesperación de no encontrar salida a su angustiosa
situación no se inscriben en la cuenta. Las que mueren por enfermedades
producidas por el maltrato no existen como víctimas de violencia de
“género”.
Pero son muchas más las violencias que se ejercen contra las mujeres
españolas. Si en España se hubiese aprobado la ley venezolana “Sobre el
derecho a una vida libre de violencia para las mujeres” se habría
establecido legalmente 19 clases de violencia. La psicológica, el acoso y
hostigamiento, las amenazas, la violencia física, la sexual, la
violación conyugal, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, el
acoso sexual, la violencia laboral, la violencia patrimonial y
económica, la violencia obstétrica, la esterilización forzada, la
violencia mediática, la violencia institucional, la violencia
simbólica, el tráfico de mujeres, adolescentes y niñas y la trata de
mujeres, adolescentes y niñas.
En este año, que aún no acaba, 30 mujeres han sido asesinadas por sus
hijos, una de ellas lo fue por el marido y el hijo, pero no entraron en
el catálogo de víctimas de violencia de género porque la Ley no las
incluye. Al ser la madre, y no tener ninguna relación sentimental con el
asesino no merecen la protección legal.
Un tío estuvo acosando sexualmente a su sobrina de 13 años hasta que,
ante su rechazo, la asesinó. Esa niña no es víctima de violencia de
género al no ser ni la esposa ni la pareja estable del criminal.
Una madre estuvo implorando durante meses al juez, que disponía de su
vida y felicidad, que no le concediera el régimen de visitas de su hija
de 7 años al marido maltratador, porque temía que la agrediera, sin que
el juez atendiera sus súplicas, hasta que el padre la asesinó. Ni la
madre ni la hija son víctimas de violencia de género.
Decenas de mujeres prostituidas son asesinadas cada año por su
proxeneta, chulo, macarra o cliente, sin que entren en la fúnebre lista
de víctimas de violencia de género, porque ninguna relación sentimental
las unía a su asesino.
Cientos de miles de mujeres, adolescentes y niñas son traficadas para
la prostitución en España. Los cálculos conservadores dicen que 500.000
cada año entran por todas las fronteras para ser vendidas y
esclavizadas en nuestro país y en el resto de Europa. Pero tales delitos
no constituyen violencia de género, sino el más específico de trata con
fines de explotación sexual, porque al parecer esas mujeres no pueden
ser tratadas igual que las demás víctimas de violencia de género.
Una muchacha era víctima del acoso sexual de un vecino que la
perseguía en la escalera, en el vestíbulo de la finca y en el ascensor.
Después de denunciarlo, únicamente se le condenó a una multa en un
juicio de faltas y siguió viviendo el mismo rellano de la finca donde la
joven lo veía cada día. No se dictó orden de alejamiento porque no era
víctima de violencia de género.
UGT publica cada año un informe en el que afirma que el 75% de las
trabajadoras sufre acoso sexual en el trabajo. Pero estas no son
víctimas de violencia de género, por tanto no merecen protección
especial.
Sandra fue golpeada repetidamente por la policía cuando la detuvo en
una calle de Madrid. Apaleada y pateada en el suelo cuando ya se hallaba
esposada ingresó en el CIE con morados y lesiones en todo su cuerpo.
Como intentó resistirse va a ser juzgada el próximo viernes 28 de
noviembre por agresión a la autoridad. En los CIE (Centro de
Internamiento de Extranjeros) donde permanecen secuestrados miles de
emigrantes, las mujeres son objeto de acoso, abusos sexuales,
violaciones, golpes y humillaciones por parte de los policías, los
guardianes y otros reclusos, pero tampoco son víctimas de violencia de
género y por tanto no se pueden solicitar las medidas de prevención y
punición que la ley establece.
Noelia Cotelo es golpeada repetidamente en la prisión donde cumple
condena y permanece a veces días esposada a la cama. Muchas presas son
víctimas también de acoso sexual y violaciones por parte de sus
carceleros. Pero esta violencia, que se repite continuamente en las
prisiones de España sin que cause escándalo a los bienpensantes
ciudadanos, no entra en los parámetros establecidos en la Ley de
Violencia de género.
Miles de esposas son despojadas de su casa y de toda ayuda económica y
miles de madres están sufriendo la retirada de la custodia de sus
hijos, en procesos de divorcio sentenciados por jueces y juezas
machistas, a los que esa espúrea invención del SAP (Síndrome de
Alienación Parental) ha convencido de la maldad intrínseca de las
mujeres, después de que forenses, psicólogos y asistentes sociales hayan
emitido dictámenes aprobando la conducta del marido y repudiado la de
la esposa. Pero nadie puede acusar de violencia institucional a tales
funcionarios de la Administración de Justicia, simplemente porque tal
delito no existe en el articulado de la ley.
Cientos de policías no atienden las denuncias de maltrato
interpuestas por las víctimas, a las que aconsejan que no inicien un
proceso que destrozará a la familia, llevará a su marido a la cárcel y
dejará a los hijos sin padre. Pero esos funcionarios no son responsables
de causar violencia alguna a las que acuden en busca de amparo
institucional.
Miles de honrados ciudadanos y ciudadanas escuchan desde su casa los
golpes y gritos de alguna vecina que es brutalmente apaleada por su
marido sin que intervengan para detener la agresión, ni aún telefoneen a
la policía, escudándose en el anonimato. Cuando la víctima es asesinada
se atreven a declarar en la televisión que el crimen “se veía venir
dadas las palizas que recibía la mujer”, sin que puedan ser denunciados
por denegación de auxilio, delito que sí existe para quien no ayuda a un
accidentado en carretera.
Cientos de miles de trabajadoras son despedidas por el empresario
cuando quedan embarazadas, cuando no atienden los requerimientos
sexuales de su jefe o de otro trabajador con influencia en la empresa o
cuando interesa amortizar un puesto de trabajo y millones de empleadas
de todas las clases perciben hasta un 30 y 40% menos de sueldo que sus
compañeros varones en el mismo puesto de trabajo. Pero tal
discriminación no puede catalogarse como violencia de género.
Porque ninguna de estas violencias está recogida en la que, con todo
descaro, llaman “Ley Integral de Violencia de Género”. Y por tanto no
pasan a engrosar el número de víctimas que conmemoramos cada 25 de
noviembre.
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