LA LEY DE INSEGURIDAD CIUDADANA ES EL COLMO DEL ABUSO Y EL DESPROPÓSITO

 Jaime Richart

A fuerza de porrazos, de multas y de cárcel puede que lo con­siga; que consiga el gobierno someter y amordazar a la ciuda­da­nía. Exi­giendo autorización para manifestarse, este gobierno trata a la ciu­dadanía como el padre que ordena al hijo adulto que le pida per­miso para salir a la calle. Y luego acusan a los dirigentes de ciertas repúblicas latinoamericanas de dictado­res.

Entre nosotros, de un lado la Constitución reconoce el dere­cho a la manifestación, y de otro el gobierno se atribuye el suyo para prohibirlo. Si a eso se añade el empobrecimiento de grandes ma­sas de población que el saqueo y el derroche de las arcas públicas y los recortes sociales están causando al país, esto está mucho más cerca de un Estado fallido y represor que de un Estado de dere­cho. Eso, por más que lo repitan gobierno y periodistas cómplices una y otra vez, en otro ejercicio inter­minable de engaño y de auto­engaño. La arbitrariedad y los abusos son moneda corriente.    
En efecto. Este gobierno es una dictadura organizada. En tiem­pos de Franco la policía disolvía toda concentración de personas en la calle por pequeña que fuese, al grito de “¡disuél­vanse!”. ¿Veis al­guna diferencia cuando el gobierno aborta concentracio­nes seme­jantes con cargas, de manera amenazante, imponiendo multas o haciendo que los jueces metan a la gente en la cárcel? Pues es lo mismo que decidía el TOP, el siniestro tribunal de or­den público franquista. En tales condiciones, ¿qué sentido tienen la manifesta­ción y la huelga? ¿Qué mella, qué desgaste ocasiona­rán al gobierno o a la empresa si la huelga o la manifestación son declaradas ilega­les por no haber sido au­torizadas precisamente porque minan la efi­cacia política de uno o la competencia comer­cial de la otra?

 Esta ley de inseguridad ciudadana está dispensando un pano­rama social desolador. Como si no fuera suficiente el escanda­loso saqueo durante años de la arcas públicas a cargo de políti­cos, em­presarios y cómplices, que se cuentan ya por miles, sean del poder central, autonómico o municipal, o de miembros de la monar­quía.

Franco necesitó 40 años para someter al pueblo español. Al ac­tual gobierno le han bastado poco más de dos años. Es más, la única di­ferencia entre una dictadura oficial y este régimen de ma­yorías ab­solutas consiste en que en aquélla todo el mundo sabe a qué ate­nerse, pero ahora no. En España el pueblo no go­bierna, y poco a poco la sociedad se va convirtiendo en un ente silencioso recluido en casa para no ser apaleado, multado o en­carcelado; una sociedad cuya única válvula de escape empieza a reducirse a la denuncia de un puñado de periodistas que pare­cen los únicos le­gitimados para hacerlo en nombre del escrú­pulo y de la indigna­ción.

Vivimos tiempos disparatados, pero esta ley de inseguridad ciu­dadana es el colmo del abuso y del despropósito. Puede que lo con­sigan... hasta que lleguen los salvadores, pero mientras tanto Es­paña, dada la calaña de sus dirigentes en todas las ins­tituciones, está apareciendo ante el mundo, una vez más, como un país opri­mido y deprimido; un país a merced de un puñado de bucaneros que legis­lan y maniobran contra la igualdad, que degradan las ga­rantías jurí­dicas y conculcan la Constitución y los derechos humanos sin nin­guna consecuencia. Y todo, con el beneplácito o el jol­gorio de Eu­ropa. Por todo el daño que nos están haciendo, hay que maldecirles a to­dos.

                                       DdA, XI/2.769