miércoles, 2 de julio de 2014

EL TEMERARIO ACOSO DEL GOBIERNO, LA FAES Y LA PATRONAL A LOS TRABAJADORES

Félix Población

Ayer fue un día de combate contra los trabajadores en la FAES y en la Patronal CEOE. (El término combate lo utilizo en honor a un energúmeno con pajarita de cuyo nombre no puedo acordarme, que dijo en una tertulia de la caverna mediática que había que combatir a Podemos y de paso llamo imbécil a este país por los votos cosechados por ese partido). 

La fundación del Partido Popular, asesora de su ideario, no se conforma con la reforma laboral que sumó casi un millón de españoles más al paro, sino que ahora pretende eliminar o reducir el salario mínimo y hacer algo semejante con las prestaciones por desempleo. Al menos eso es lo que se lee en el documento   "Reflexiones sobre el mercado de trabajo: continuar la reforma", coordinado por el director general de Estrategia y Fomento del Empleo de la Comunidad de Madrid, Valentín Boté, y con Miguel Marín, responsable de políticas económicas y de empleo de FAES, como director.

Por otro lado, en esa misma línea de combate, el presidente de los empresarios españoles, Juan Rosell, achaca falazmente a las amas y amos de casa que las cifras del paro se incrementen y ensombrezcan así la vibrante y jubilosa realidad que el Gobierno observa en la calle, pues hasta un millón de ciudadanos en esas circunstancias  -millón contante y redondo- se han apuntado a las listas del paro “para intentar cobrar algún subsidio”.

A la vista de esta doble noticia coincidente en un mismo día, todo indica que las reflexiones de la FAES y las reflexiones en voz alta de Rosell está cortadas por el mismo patrón, un patrón que guarda estrecha relación con el acoso que desde el vigente Gobierno se está ejerciendo contra el movimiento sindical y contra los trabajadores en general. Hay ejemplos sobrados en los últimos meses que demuestran la represión, el amedrentamiento y la criminalización de los ciudadanos que protestan o se resisten ante la política de recortes que se viene aplicando en este país. Así lo demuestran las reformas que se están dando en el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, que en lugar de dar seguridad jurídica, siembra un campo de minas en que penetra cualquier trabajador que participe en un acto de protesta.

Así ocurre con el artículo 315 del Código Penal, en manos de fiscales y jueces que interpretan de forma restrictiva el derecho de huelga. Solo en Comisiones Obreras hay más de 150 sindicalistas con 49 procedimientos sancionadores abiertos, promovidos por la Administración del Estado y el Ministerio Fiscal por participación en huelgas, según nota hecha pública por este sindicato.

Dos trabajadoras, Ana y Tamara, han sido condenadas a tres años de cárcel por participar en una huelga del Centro Deportivo Campo Longo de Pontevedra, en la que reclamaban un convenio colectivo que regule las condiciones de trabajo en su sector. Los hechos por los que han sido juzgadas consisten en volcar un vaso con pintura dentro de una piscina, causando unos daños materiales que ascienden a unos 1.000 euros. Entiende el juez, a petición del fiscal, que este acto presionaba a otros  trabajadores del centro, pese a las declaraciones en contra de las trabajadoras que decidieron seguir en su puesto de trabajo.

Ocho sindicalistas de Airbús son aleatoriamente identificados por participar en un piquete informativo disuelto de forma violenta, en las puertas de la empresa, durante la huelga general de septiembre de 2010 y son acusados de los mismos daños y por las mismas actuaciones, pese a no existir identificaciones. Son sindicalistas y forman parte del Comité de Empresa. Eso parece bastar al fiscal y al juez para pedir 8 años de cárcel para cada uno de ellos.

La secretaria general de CCOO en Baleares, Katiana Vicens, se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años y medio de prisión, por participar en un piquete durante la huelga general del 29 de Marzo, en una estación intermodal. Alguien rompe una luna de un autocar y la persona más conocida entre la multitud es Katiana, por lo cual la menuda sindicalista se convierte en objeto de las iras de la justicia.

Tal pareciera que tanto la FAES como el presidente de la Patronal y el Gobierno se hubieran puesto de acuerdo en instigar al unísono  algo con tanto riesgo para una sociedad civilizada y en paz como es el odio de clase, pues cuanto se legisla o se proyecta busca la conducción hacia la desesperación de millones de ciudadanos a los que  se les sigue privando de trabajo y futuro, con mermas muy notables no solo en Sanidad y Educación, sino en el propio derecho a manifestar su protesta o ejercer sus derechos sindicales. Lo que hay más allá de la desesperación no debería asomar a la luz de nuestros días, pero me temo que se está gestando.  

Hace tan sólo unas semanas la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) publicaba una actualización de sus datos internacionalmente comparables sobre desigualdad (hasta 2011), en los que se constataba el aumento de la desigualdad en España. Nuestro país es en 2011 el primero de la OCDE con una distribución del ingreso más desigual. La desigualdad en la distribución, entre el 20% de la población de mayor renta y el 20% de menor renta, ha aumentado en España de 5,3 veces en 2007 a 6,8 veces en 2011. Cerca de 4,5 millones de conciudadanos buscan trabajo.

Puntos de Página



                                    DdA, XI/2.735                                   

1 comentario:

Anónimo dijo...

Teme el autor decir la palabra odio, pero es el sentimiento que se engendra cuando llega el hambre y eso la lo tenemos entre los niños.¿O es que los niños se apuntan al hambre, Rosell?

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