Solo una de las
promesas electorales de Mariano Rajoy se ha cumplido durante su gobierno. La llamada Ley
de Dependencia, uno de los logros sociales más positivos durante las dos
legislaturas de Zapatero, ha quedado reducida a la más mínima expresión, con el
nefasto balance de 70.000 personas fallecidas que nunca llegaron a conseguir
las prestaciones a que esa ley les daba derecho.
El actual y plasmado presidente del
Gobierno lo había previsto una semana antes de ganar las elecciones su partido:
"La dependencia no es viable, hay que ir haciendo lo que se pueda”. A partir de
ahí, en lugar de derogar esa ley -como podría haber hecho gracias a la
mayoría absoluta de que goza el Partido Popular, si bien con el coste electoral correspondiente-, el Gobierno ha ido mermando
hasta tal punto la disponibilidad de recursos para los dependientes que José
Manuel Ramírez, presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia, califica la maniobra como una auténtica demolición controlada y una derogación
encubierta de la ley aprobada hace siete años.
Esta deriva puede conducir, con
el tiempo, a su muerte lenta, en beneficio de los llamados seguros privados de
dependencia, que traerían consigo -según Ramírez- la misma sociedad dual que
comportaría el menoscabo de la sanidad pública: la de una minoría que puede
pagarse ese tipo de atenciones y la de una mayoría a merced de la compasión o
la beneficencia. En este sentido, el surgimiento de programas de telemendicidad
como “Entre todos” -difundido por la televisión pública-, son una respuesta en
línea con la tendencia caritativa que estimulan.
Ayer estuvo Ramírez en el programa de Évole, en La Sexta, contado que esos titulares de la
prensa conservadora, según los cuales el
sistema
de dependencia cerró 2013 con 2.300 nuevos beneficiarios con
prestación y que en dos años se había reducido la lista de espera en
115.000 personas, se basan en que la reducción de esa lista se ha
hecho de la
manera más cruel. Por una parte se ha expulsado de la misma a aquellas personas que eran dependientes moderadas, que
ya no se les atenderá hasta 2015, y por otra, todavía más
vergonzante, todavía más cruel, 70.000 personas murieron esperando ser atendidas,
a pesar de habérsele reconocido ese derecho.
Jordi Évole ofreció en Salvados el
testimonio sangrante de tres casos de dependientes en su grado máximo que han
sido (por fallecimiento de la afectada en uno, después de seis años de reclamaciones) y
siguen siendo desatendidos por la administración. Gracias al tercero de estos
casos, el de Jaume Martorell –cuyo blog Cajón Desastre conviene leer-, tuvimos
oportunidad de comprobar la desfachatez, cobardía e hipócrita comportamiento del director del gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, firmante de una burocrática y fría
carta de respuesta a la que le envió Jaume dándole a conocer sus necesidades.
En lugar de prestarle una mínima atención a este joven dependiente, a través de
la llamada telefónica que le hizo Évole, Moragas prefirió excusarse,
amparándose en la actividad que estaba realizando, y cortó la comunicación.
Luego, a modo de colofón impreso en los créditos, Jordi nos hizo saber que cuatro ministros del Gobierno, cuatro (la
vicepresidenta Santamaría, la titular de Sanidad y los señores Montoro y Luis
de Guindos) habían hecho lo propio, negándose a participar en el programa. Así defiende este gobierno la vida, según proclama en su reformada y restringida Ley del Aborto, que traerá consigo más dependientes sin la atención a la que tienen derecho, a no ser que dipongan del dinero suficiente como para hacerse uno de esos seguros privados que ya promueven determinadas compañías.
DdA, X/2.688
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