Antonio Aramayona
Llegaron cuatro a Zaragoza (María, Aguasanta, Álvaro y Elena)
con la voluntad de entrevistarse con alguien de Ibercaja y arrancarle
un compromiso sobre el Proyecto Social de Autogestión que pusieron sobre
su mesa como posible solución para llegar a un acuerdo sobre las 36
familias y unas 100 personas que viven en la Corrala Utopía de Sevilla,
propiedad de Ibercaja. Pero se fueron con las manos vacías, pues
Ibercaja ni retiró la Orden de Desalojo, ni mostró voluntad alguna de
sentarse a negociar y dar respuesta a los vecinos de La Corrala Utopía.
En mayo de 2012, varias decenas de familias sevillanas humildes y sin
techo okuparon el edificio, que llevaba cinco años vacío y abandonado, a
la espera de que llegara el momento propicio para hacer negocio y ser
objeto de la enésima especulación. Llevan dos años sin agua y sin luz,
resisten como los jinetes en la tormenta que cantaba The Doors y son un
ejemplo de solidaridad, de dignidad y de lucha. Allí está A., recién
operada de un tumor y Toñi en huelga de hambre y varias personas en paro desde hace años y varios hijos menores a su cargo, y el octogenario Pancho, y X., enfermo de cáncer y en pleno proceso de quimioterapia.
La Corrala Utopía tiene fecha de desalojo. El Juzgado de Instrucción
n.° 3 de Sevilla notificó el último día de enero el auto de desalojo,
por el que esas 36 familias tienen un plazo de 15 días para abandonar
voluntariamente el edificio. El 15 de febrero próximo o se largan o
corren el riesgo de que la policía pueda presentarse en cualquier
momento para desalojar el edificio. Ellos y ellas, menores y ancianos,
sanos y enfermos se quedan así en la puta calle.
Al parecer, Ibercaja sigue guardando silencio, a pesar de haberse
comprometido en una reunión en Madrid con el Defensor del Pueblo
Andaluz, la semana pasada, a dar una respuesta. Leo en el apartado
«Responsabilidad social corporativa » de su web oficial que la primera y
principal responsabilidad del Grupo Ibercaja es «la creación y
distribución de riqueza () siendo, además, ética en sus formas,
solidaria con su entorno y respetuosa con el medio». Sigo leyendo allí
que para Ibercaja están «estrechamente vinculados en un sentido
bidireccional» la «rentabilidad y la responsabilidad social», pues «no
perdura una empresa si no actúa de forma ética y responsable». Me
asombran yme duele este doble lenguaje, esta doble moral entre lo que se
afirma y lo que a veces se hace. ¿Dónde caben, dentro de esas
declaraciones de principios, las 36 familias, las 100 personas de la
Corrala Utopía de Sevilla?
Leo recientemente en la prensa que a Ibercaja le preocupa «la deriva
que pueda tomar la instrucción judicial contra el exdirector general de
Caja Inmaculada, García Montes, denunciado por la
propia CAI por presuntos delitos de apropiación indebida y
administración desleal», así como el «desfile de excargos de la CAI por
los juzgados», pues «puede ser muy perjudicial para su imagen». ¿Tienen
algo que ver con su imagen o con la «responsabilidad social» del Grupo
esas 36 familias sevillanas a punto del desalojo y de la marginación
extrema?
Leo el artículo 47 de la Constitución Española: «Todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la
especulación ». Leo ese artículo y concluyo lo mal y poco que gobiernan
nuestros gobernantes, pues ni cumplen ni hacen cumplir la Constitución
(¿qué sentido tiene entonces su desgobierno?). Leo el artículo 25.1 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios». 22.938 personas actualmente sin techo en España. 100
personas más en riesgo de ser desalojadas de un edificio propiedad de
Ibercaja.
Leo el artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos,
Sociales y Culturales, aprobado por Asamblea General de la ONU: «Toda
persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y
para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y
una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios».
El viernes pasado, siete de febrero, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada,
tras una reunión, con carácter de urgencia, con inquilinos de Corrala
Utopía, a la que no asistieron, a pesar de haber sido convocados,
Ibercaja, entidad propietaria, y el Ayuntamiento de Sevilla, instó a las
instituciones implicadas a hacer todo lo posible por evitar el desalojo
y buscar una solución para esas 36 familias y 100 personas. ¿Quo vadis,
Aragón, España, con esta gente?
DdA, X/2.620
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