Antonio Aramayona
El Honorable President de Cataluña, Artur Mas, empeñado en
seguir a la cabeza del movimiento más o menos soberanista catalán, ha
conseguido que el Parlament catalán apruebe pedir al Congreso de los
Diputados de la capital del Reino de España la celebración de una
consulta para pulsar la opinión y voluntad del pueblo catalán sobre la
independencia de Cataluña. Ante tal iniciativa, de la caja de Pandora
españolista han surgido toda suerte de invectivas y amenazas con el
propósito de disuadir al Gobierno catalán de tales propósitos
independentistas.
Ingenuo de mí, me pregunto qué tiene de malo
preguntar a la gente de un colectivo qué es lo que quiere, en lugar de
que unos cuantos profesionales del politiqueo (que no de la política) se
estén tirando los trastos a la cabeza augurando al adversario toda
suerte de desgracias. Ingenuo de mí, sí, sigo sosteniendo que la
democracia consiste en gobernar según la voluntad de la ciudadanía, así
como garantizar y hacer efectivos sus derechos y libertades. Y no se
puede ser buen gobernante sin discernir en qué consiste y qué desea esa
voluntad del pueblo. En lugar de presentar la senyera frente a la
rojigualda, sería bueno para todos conocer de una vez qué quiere y qué
no quiere la mayoría de la ciudadanía catalana. ¿A quién le hace daño
enterarse de ello? ¿Por qué tanto temor de celebrar una consulta o un
referéndum o como se convenga en llamarlo sobre la voluntad soberana de
un pueblo?
Basado en esas mismas razones, me pregunto también,
ingenuo de mí, por qué no se realiza consultas sobre cuestiones aún
mucho más urgentes y necesarias para el pueblo (catalán, madrileño,
aragonés, sudanés o filipino). Por ejemplo, contemplando la destrucción
sistemática del derecho constitucional al trabajo y el deber de
trabajar, es imprescindible que el gobernante pregunte al pueblo si está
de acuerdo o debería ser retirada la Reforma Laboral del Partido
Popular, pues de nada sirve que la ministra Báñez advoque la ayuda de la Virgen del Rocío o que el ministro Fernández Díaz confíe en la intercesión de Teresa de Ávila,
si la clase trabajadora cada vez está más desempleada, explotada, mal
pagada y precarizada, y si cada vez es mayor la brecha entre ricos y
pobres.
Por mucho que me esfuerzo, no encuentro explicación a
que Mas se haya convertido en el adalid de la consulta soberanista en
Cataluña, pero no haya creído necesario consultar a su pueblo, basado en
las mismas razones, sobre la privatización de servicios públicos de
salud, la depauperación creciente de los servicios públicos de
educación, o que salgan de rositas muchos de sus amigos y
correligionarios en asuntos tan turbios como el Palau o Banca Catalana.
En este aspecto, Mas comparte con Rajoy y cía la misma cerrazón política de no consultar nada a nadie, ya que adivinan los posibles resultados de tales consultas.
En la historia de España de los últimos treinta y pico años solo ha
habido un referéndum sobre la Constitución, otro más por donde se nos
coló la OTAN (de entrada, sí-) y otro sobre Constitución europea. Una
vez más, la Constitución española en su artículo 92.1 queda como mero
papel mojado: "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán
ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos".
El pueblo debería ser consultado, por ejemplo, sobre si la Infanta Cristina de Borbón, Miguel Blesa
y otros miles de casos más análogos deben tener un juicio justo e
igualitario como el resto de la ciudadanía. Igualmente, sobre los
dineros del pueblo desviados a los bancos, sobre los dineros destinados
al Ejército y a la iglesia católica, sobre el Concordato de 1953 y los
Acuerdos de 1979 entre el Estado Español y el Estado del Vaticano, sobre
las amnistías fiscales y los miles de indultos administrados por el
Gobierno de turno, sobre qué tipo de ley reguladora del aborto se desea,
sobre la subida de la luz y otros productos imprescindibles en manos de
unos pocos oligopolios, sobre la existencia de un goteo constante de
altos cargos colocados en grandes empresas (puertas giratorias) tras el
desempeño de sus cargos, sobre la reforma constitucional de aspectos
decisivos para la vida de la ciudadanía (por ejemplo, la reforma del
artículo 135 realizada con nocturnidad y alevosía en el año 2011 sobre
el déficit y la "estabilidad presupuestaria"), sobre las quitas de deuda
a algunos partidos políticos y algunos sindicatos por parte de
entidades financieras (¿a cambio de qué?), sobre el reciente proyecto de
ley del PP sobre protección de la seguridad ciudadana...
Y
puestos ya a consultar, confieso mi terca curiosidad en conocer por qué
desde el poder nadie mueve un dedo acerca de la regulación y el control
impositivo de los flujos financieros, una política fiscal realmente
progresiva, la regulación e incluso persecución fiscal y policial de
paraísos fiscales, y, en fin, el enjuiciamiento y el encarcelamiento de
los chorizos en general.
DdA, X/2.608
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