Chile, con sus 16,5 millones de habitantes, suele ser elogiado por el
FMI por su estabilidad económica, desarrollo y sólidas instituciones.
El país trasandino forma parte de la OCDE (Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico), que agrupa a los países más ricos.
Ese es un lado de la moneda. El otro pudo verse sin maquillaje a través
de las cámaras de televisión tras el terremoto de 2010: la desigualdad
en términos de ingreso y acceso a educación, salud y jubilación.
En el país se redujeron drásticamente los niveles de pobreza en los
últimos 23 años (de un 45 por ciento de la población en 1990 a un 14,4
por ciento en 2011). Sin embargo, en el último período esta disminución
ha sido mucho menor, por lo que se habla de una “pobreza dura”, la que
además es mucho más dramática en las zonas suburbanas o rurales que en
las grandes ciudades.
La enorme brecha que separa ricos de pobres ubica al país como uno
de los más desiguales del continente. Según la Universidad de Chile, el
ingreso per cápita del 10 por ciento más pobre de la población es 78
veces menor que el del 10 por ciento más rico. Las políticas impuestas
bajo la dictadura de Augusto Pinochet, de corte neoliberal, que veinte
años de gobierno democrático del centroizquierda de la Concertación no
cambiaron (menos aún el último gobierno, conservador, de Sebastián
Piñera), actúan como corset para aplicar reformas sociales y fomentan la
exclusión de muchos. Consuelo Silva, investigadora de la Universidad
Arcis, señaló a esta enviada que la desigualdad es un fenómeno inherente
al llamado milagro chileno. “En el actual modelo económico imperante en
el país, no ha existido una política de redistribución del ingreso,
porque se asume que el mercado es el mecanismo que distribuye los
ingresos de manera eficiente y óptima. Esta ha sido la postura de todos
los gobiernos en los últimos cuarenta años, aunque con algunos matices
de diferencia. Por ejemplo, el primer gobierno de la Concertación
(1990-1994), encabezado por Patricio Aylwin, planteó la idea de un
‘crecimiento con equidad’, la cual se abandonó rápidamente.”
Silva señaló que la solución a este flagelo sólo se consigue con
cambios de fondo. “En lugar de las políticas redistributivas, se han
implementado programas que buscan reducir los niveles de pobreza, los
cuales son focalizados y temporales. Por tanto, quien tenga como
propósito provocar una real redistribución del ingreso debería llevar a
cabo una serie de reformas en áreas claves de la economía y de la
sociedad, como es el caso del mercado laboral, en el ámbito de la
educación y en los regímenes tributarios.”
Las masivas protestas que protagonizaron los universitarios en 2011,
reclamando el fin del lucro en la educación, mostraron al mundo que el
modelo de enseñanza en el vecino país se rige bajo las reglas del
mercado. Es que la Ley General de Universidades, sancionada en 1981,
delineó la privatización del financiamiento de la enseñanza superior y
hoy los universitarios no pueden estudiar gratis y se endeudan para
pagar sus carreras. A nivel secundario, sólo el 40 por ciento accede a
colegios públicos gratuitos (municipales); el resto asiste a
particulares privados (que reciben subvención del Estado) y el diez por
ciento más rico de Chile paga colegios privados exclusivamente, que
suelen ser los de mejor calidad.
La lógica de que quien gana más accede a un mejor servicio se
reproduce con el sistema de salud. La gran mayoría de los chilenos
pueden optar por la derivación del 7 por ciento del salario para las
privadas Isapres (Institución de Salud Previsional) y el estatal Fondo
Nacional de Salud (Fonasa), de acuerdo con un modelo vigente desde 1981.
Aquellos que por tipo de sueldo no pueden acceder a un plan básico son
derivados al Fonasa. De hecho, un 82 por ciento de la población aporta a
esta última cobertura, y es recurrente la queja de los pacientes que
entran en listas de espera para recibir un tratamiento u operarse.
Además de que deben pagar aparte algunas prestaciones de salud. Un dato
no menor es que dos tercios de los médicos trabajan en clínicas
privadas.
Las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) fueron creadas por
el ministro de Trabajo de Pinochet, José Piñera, hermano del actual
mandatario, y son el único sistema previsional en Chile. Vendido en los
años ’80 como la gran solución privada, o el sistema de capitalización
individual o ahorro forzoso, carece del derecho individual a elegir
entre ahorrar con el Estado o con una empresa privada. La primera
generación pura del sistema privado ha demostrado que las jubilaciones
promedio –que bordean los 600 dólares– están muy lejos de superar a las
del antiguo sistema de reparto.
Si en los próximos cuatro años Bachelet no cumple con su promesa de
llevar adelante reformas sustanciales en educación, salud y jubilación,
la líder socialista habrá desaprovechado la segunda oportunidad que le
dio una mayoría de la población para hacer de Chile una sociedad más
justa.
DdA, X/2.570
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