Antonio Aramayona
La Constitución española (104.1) declara que "las Fuerzas y Cuerpos
de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la
seguridad ciudadana", pero el actual Gobierno está empeñado en volver a
convertirlas en guardias de la cachiporra. Quizá porque, proyectando su
canija y represora idea de sociedad, los actuales gobernantes no saben
resolver los conflictos que pueden surgir en el "el libre ejercicio de
los derechos y libertades" más que mediante multas, sanciones y
represión.
Gallardón y Fernández Díaz, Justicia e Interior
(tanto monta, monta tanto) pretenden convertir en delito cualquier
conato o acto de protesta ciudadana. Para ello están ultimando una serie
de modificaciones legislativas del Código Penal y de la Ley Orgánica de
Protección de la Seguridad Ciudadana (triste concepto tienen hoy los
actuales gobernantes de la seguridad y la inseguridad) para que la
constitucional garantía de la seguridad ciudadana acabe siendo una
máquina repartidora de duras multas, enjuiciamientos e incluso cárcel
para quienes contravinieren sus órdenes y su nostálgico proyecto de
sociedad. Maestros en la manipulación del lenguaje, asocian la protesta
con poner en peligro la "paz social", con la "alarma social", el
"terrorismo de baja intensidad" y las "técnicas de guerrilla urbana
antisistema". Ay de quien en su ardor o ingenuidad quede con otros o
invite a otros por algún medio, incluido internet, a un acto de protesta
que previamente no haya autorizado el gobernante, de la cachiporra,
pues su acción podrá ser interpretada como un delito de alteración del
orden público y castigada con penas de hasta tres años de cárcel. Pronto
podrá comprobar también que ese gobernante, lejos de enviar a la
policía a detener a quienes, por ejemplo, han timado y se han lucrado de
miles de impositores y ahorradores a quienes han arruinado, puede
enviar su policía a reprimirlo, multarlo o detenerlo.
Ay de quien opte por la resistencia noviolenta, pasiva o pacífica
ante una situación o acción que considera injusta, renunciando a hacer o
cumplir algo incompatible con su conciencia o dificultando el
funcionamiento de determinados mecanismos injustos o ilegítimos de
alguna institución o algún estado de cosas, pues su acción u omisión
serán tenidas como delito contra el orden público por "resistencia a la
autoridad". Se acabó eso de que la autoridad originariamente es una
manifestación de la excelencia de una persona en su forma de ser o en
algún ámbito del saber, pues ahora la autoridad se mide solo por su
capacidad de castigar y la contundencia de sus antidisturbios.
Usted solo podrá ir o venir o concentrarse o manifestarse allí donde
la autoridad le conceda permiso, previa solicitud presentada en plazo.
El artículo 21 de la Constitución les importa, de hecho, un carajo a los
actuales gobernantes de la cahiporra. Les importa un carajo que la
Constitución reconozca "el derecho de reunión pacifica y sin armas" y
que el "ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa"
salvo cuando existan "razones fundadas de alteración del orden público,
con peligro para personas o bienes". En cualquier caso, no espere usted
que de la boca de algún gobernante salga una palabra sobre
redistribución de la riqueza, apresamiento de los delincuentes por
blanqueo de dinero, fraude fiscal, paraísos fiscales o apropiación
indebida por parte de entidades financieras. Al parecer, eso no provoca
alarma social ni perturba la paz social, amén de que es imposible
vigilar al vigilante y enchironar al enchironador.
Si usted es considerado responsable de un "escrache" por parte de las
autoridades de la cachiporra (ojo, perroflauta motorizado) ha de saber
que estará siendo acusado de un delito contra la seguridad ciudadana. Le
acusarán de invadir la intimidad de otra persona (generalmente,
perteneciente a esas mismas autoridades) y de acosarla en el ámbito de
su esfera privada. Se acabaron las faltas, pronto habrá solo delitos. De
momento, el Delegado del Gobierno de España en Aragón, Gustavo Alcalde,
ha retirado las sanciones de 200 euros impuestas a 51 miembros de Stop
Desahucios por un supuesto escrache realizado el pasado 9 de abril en
las inmediaciones del domicilio del diputado y concejal del PP, Eloy Suárez, pero, tras mil vericuetos legales, mantiene la sanción de 1.500 euros a Pablo Híjar, supuesto "portavoz" y "organizador" del grupo. Siempre es necesario un cabeza de turco ejemplarizante.
Entretanto, a los gobernantes de la cachiporra les perece de perlas
que el 85% de los diputados del PP valenciano pidan el indulto para el
exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, condenado a tres años de cárcel y siete de inhabilitación, o que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal inaugure la Convención Nacional de Nuevas Generaciones, elogiando la defensa de la libertad del dirigente de NNGG Ángel Carromero,
controvertido personaje del que el Gobierno está estudiando su indulto y
ahora asesor del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Madrid
cobrando 50.474 euros brutos anuales. Y es que, como dice Francisco de Quevedo, "donde hay poca justicia es un peligro tener razón".
DdA, X/2.545
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