A la misma hora que la Bolsa española cerraba al alza y el Ibex 35
ganaba un 0,84% hasta alcanzar por primera vez desde hace más de dos
años los 10.001,80 puntos, en Cádiz un hombre estaba encaramado a una
grúa de 54 metros de altura donde había desplegado una pancarta para
pedir "Vivienda digna" para su mujer y sus dos hijas, que viven en
circunstancias lacerantes. Ambos hechos concurrían en un país aquejado
por una esquizofrenia socioeconómica cada día más grave: la desigualdad
creciente entre la gente hiperrica (13% de aumento de millonarios en el
último año) y la gente por debajo del umbral de pobreza (21% de la
población española y uno de cada cuatro niños --unos 2,2 millones de
niños-- son pobres).¿Por qué se habla siempre de luchar contra la
extrema pobreza y no contra la extrema riqueza?
Sin embargo, ateniéndonos a los hechos, muy poca gente parece reaccionar más
allá de las palabras y las pancartas, en términos de rebelión y de
combate --no violento-- contra quienes se benefician y mantienen este
estado de cosas. Más aún, la mayor parte de la gente parece narcotizada,
presa del miedo a perder lo que aún tienen o la desconfianza de que
otros puedan arrebatárselo. Su casa arde en llamas, pero buena parte de
la población se queda mirando, esperando que el incendio no llegue a su
vivienda, contemplando, lamentando con lágrimas de cocodrilo (palabras y
más palabras...) las personas que van quedándose sin nada, y quejándose
de los incendiarios. Viene después el poder esgrimiendo la ley y que no
hay dinero, y manda a todos obedientemente a sus casas.
Nos han
grabado a fuego en la mente que hay que cumplir la ley y que toda es
legítima, aunque algunas leyes apunten directamente contra la línea de
flotación de los derechos humanos y cívicos fundamentales. Sin embargo,
las cosas no son tan sencillas: en muchos casos las leyes reflejan,
justifican y sustentan primordialmente los intereses de la clase social
vinculada con el mundo del dinero y sus privilegios, ignorando y
conculcando los intereses y los derechos de una gran parte de la
ciudadanía.
Si hay personas que se rebelan e invocan la
desobediencia civil o la insumisión frente a tales leyes, el poder
ejecutivo y el poder judicial caerán sobre ellas, multando, atemorizando
y reprimiendo. Y si es necesario, vendrá de nuevo el poder legislativo a
crear nuevas leyes que justifiquen y refrenden la coerción de cualquier
conato de rebeldía.
Sus medios de comunicación se apresurarán a
calificar a esos ciudadanos de antisistema, sin pararse a pensar que,
remedando una pancarta que se hizo popular en el 15-M, "no somos
antisistema, el sistema es antinosotros".
Por mucha mayoría que
tenga el PP en el Congreso y el Senado, la Ley 3/2012 para la Reforma
del Mercado Laboral ha abandonado el derecho y el deber constitucionales
de la ciudadanía al trabajo exclusivamente en manos del empresariado.
La reforma laboral del PP ha supuesto la destrucción sistemática de
empleo y de convenios colectivos, dejando en su lugar seis millones de
parados, un marasmo de trabajo en negro, precario y carne de
explotación.
Siguiendo el principio de piensas como vives, Carlos Solchaga,
exministro socialista de Economía y Hacienda, presidente del Comité
Interino del Fondo Monetario Internacional (FMI), exportavoz del grupo
socialista en el Congreso y director y socio de varias consultorías de
alto postín, declaraba la semana pasada que los sindicatos han perdido
fuerza y la actual reforma laboral generará empleo (no aclara qué
entiende por empleo y si tal empleo generado se parecería en algo a sus
múltiples y pingües negocios). ¿Piensan los actuales dirigentes
sindicales que aún no arde suficientemente en llamas la casa común de
los derechos laborales de los trabajadores? Ante tal panorama, ¿seguirán
de brazos repitiendo el mantra de que no se puede hacer otra cosa
porque no se dan las circunstancias idóneas para oponerse efectiva y
frontalmente a la reforma laboral y sus estragos?
Algo similar puede decirse de la Contrarreforma educativa del PP o Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Pónganse como
se pongan los actuales gobernantes, la denominada ley Wert y la política
de hechos consumados perpetrada por el Partido Popular en materia de
enseñanza (solo enseñanza e instrucción, sí, pues de educación no saben
y/o no contestan) va demoliendo día a día los cimientos mismos de la
educación pública a base de aplicar recortes en profesorado, becas de
comedor, becas para material escolar, presupuesto básico para los
centros, becas universitarias, además de aumentar tasas, ratios, clases
de adoctrinamiento religioso, etc.
La ley Wert es inasumible
para quien ame la educación y la escuela pública. Mañana, día 24, está
convocada una huelga general y una manifestación contra la ley Wert, que
deben ser secundadas masiva e incondicionalmente.
¿Pero qué pasará después, el día 25, el 26, el 27, el...?
DdA, X/2.519
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