Entre las instituciones de la
Administración que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere depurar está el
Defensor del Pueblo en sus doce versiones autonómicas (Justicia de
Aragón, Síndic de Greuges, Ararteko, Valedor do Pobo, etc.).
Probablemente, el pueblo no lamentaría su supresión, pues el Defensor
del Pueblo ni defiende al pueblo ni tiene noción de qué sea eso del
pueblo, dado su alejamiento del mismo. Por otro lado, los padres de la
Patria tendrían que reformar para ello el artículo 54 de la
Constitución, que establece la figura del Defensor del Pueblo "para la
defensa de los derechos" constitucionales (trabajo, vivienda, salud,
educación...). Eso no es problema, pues ya en 2011 modificaron el
artículo 135 de la Constitución, en aras de la "estabilidad
presupuestaria" y la absoluta prioridad del pago de la deuda y los
intereses, bajo amenaza por parte de la Troika de destapar la caja de
los truenos.
Por su parte, el Defensor del Pueblo en Aragón, el Justicia, se
autodefine como "defensor de los derechos y libertades de los ciudadanos
frente a los posibles abusos de la Administración pública". Según el
Estatuto de Autonomía aragonés, el Justicia tiene tres funciones
básicas: a) "proteger y defender los derechos individuales y colectivos
de los ciudadanos frente a las actuaciones irregulares de las
Administraciones Públicas"; b) "defender el Estatuto de Autonomía"; 3)
Tutelar el Ordenamiento Jurídico Aragonés. Viendo qué hace y qué no hace
el actual Justicia, Fernando García Vicente está consiguiendo hacer de
esa institución un monumento al edulcoramiento de tales funciones, al
servicio del poder y garantizando no ocasionar problema alguno a las
distintas Administraciones.
El Justicia de Aragón no desentona con el resto de Defensores del
Pueblo. Como botón de muestra, la Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril, preocupada al parecer por el impacto de la crisis en la
malnutrición infantil, decidía el 19 de junio pasado abrir una
"investigación de oficio", solicitando información sobre el número de
menores afectados y sobre el coste y las previsiones temporales de las
iniciativas emprendidas hasta el momento. Ese mismo día, en el colegio
público zaragozano Ramón Sainz de Varanda dos niños se desmayaban por
falta de alimentos. Soledad Becerril investiga de forma pausada e
intachable, mientras van desmayándose niños y niñas en el transcurso de
la investigación. Desconozco si el Justicia de Aragón es conocedor de
estos hechos, pero no me cabe la menor duda de que en su día expondrá un
florido informe sobre el asunto ante las Cortes.
No se trata de cuestionar la existencia misma de la institución del
Defensor del Pueblo, sino su domesticación por parte del poder. El
Justicia de Aragón, por ejemplo, es una respetable figura institucional
de gran raigambre histórica y con el cometido concreto de garantizar los
derechos y las libertades del pueblo aragonés. Sin embargo, está por
ver si la institución misma se ha transformado en un bello decorado
manejado por expertos tramoyistas para desinterés del pueblo y sin
sobresalto alguno para el poder. Fernando García Vicente ostenta el
Cargo de Justicia desde 1998 hasta hoy con el voto unánime de todos los
diputados y por encima de las broncas políticas que han asolado el
panorama político español. Este excepcional "portento" político es
susceptible de múltiples interpretaciones.
Recordando que el cometido principal del Justicia es "proteger y
defender los derechos individuales y colectivos" de los aragoneses
reconocidos en la Constitución, la Declaración Universal de los derechos
Humanos y el propio Estatuto de Autonomía (Estatuto, artículo 1), hay
que recordar que tales derechos son "cultura, en condiciones de
igualdad" (13.1), "servicios públicos de salud, en condiciones de
igualdad, universalidad y calidad" (14.1), "modelo educativo de calidad y
de interés público" (21), "sistema público de servicios sociales" y
"eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de
marginación o exclusión social, garantizando una renta básica" (23.1),
"pleno empleo" e "igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y en
las condiciones de trabajo" (26.1), "derecho a una vivienda digna" (27),
fomento de "la investigación, el desarrollo y la innovación científica,
tecnológica y técnica de calidad, así como la creatividad artística"
(28).
Habría que preguntar al Justicia de Aragón dónde, cuándo y cómo se
protegen y defienden los derechos del pueblo aragonés. El Justicia ha
brillado por su ausencia en las mareas ciudadanas, la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca, las asociaciones vecinales o las personas
desempleadas o en condiciones laborales rayanas en la explotación. Hoy,
además de con una nutrida infantería de administrativos, conserjes,
ujieres, chóferes, etc., cuenta con cuatro asesores y secretarios de su
Gabinete Particular, más doce asesores y otros responsables de áreas y
oficinas. ¿Resultado? El parto de los montes.
En 1591, Juan de Lanuza, Justicia de Aragón, fue decapitado por
oponerse a la voluntad del rey de España, Felipe II. Hoy, además de
estar abolida la pena capital, no peligraría en absoluto la cabeza del
Justicia de Aragón ni de ningún otro presunto Defensor del Pueblo.
DdA, X/2.419
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