domingo, 10 de febrero de 2013

LA JUSTICIA DEBE CONFISCAR LOS 22 MILLONES DE BÁRCENAS

   
  Jaime Richart

Nada de embargos preventivos ni otras medidas cautelares. Si la justicia sabe lo que hay en juego, debe decidir la incautación, la confiscación de los millones de Suiza. Eso es lo que debe hacer la Justicia para compensar una pequeña parte del daño causado al país, calculado en miles de millones malogrados por el despilfarro o apropiados directamente por los protagonistas de todos los ramales de la no menos famosa trama de la facción popular, la menos popular de las facciones. Si la justicia quiere, puede evaluar los daños y perjuicios originados al pueblo español por esas conductas y si desea depurar su imagen maltrecha, no tiene más que confiscar esos 22 millones hallados en Suiza a nombre del tesorero.

 Es curioso, paradójico y triste a un tiempo recordar la condena disciplinaria, gravísima por su proyección pública y las consecuencias favorables a los delincuentes de la trama, justo del juez que precisamente ha dado lugar al conocimiento de esa cuenta de 20 millones por una de sus comisiones rogatorias.

 Es curioso, paradójico y triste porque, sabiendo como sabemos lo flexible que es la retórica, susceptible de defender una tesis y su contraria, los fundamentos de derecho de aquella sentencia son tan endebles como suelen ser todos los argumentos que evidencian que tras ellos hay una voluntad a favor de cualquier causa excepto la de la justicia. Precisamente la resolución arbitraria (arbitraria, por la envergadura de todo lo que estaba en juego, muy cercano a una variedad de terrorismo por la suma de los delitos, el número de los autores, cómplices y encubridores, y las cantidades defraudadas, derrochadas y robadas, que exigía que aquellos jueces hubieran debido aplicar la excepción que se aplica a las escuchas telefónicas entre presuntos terroristas) ha sido la causa de la causa de la progresión de la trama, de la definitiva desconfianza no sólo hacia la facción sino hacia toda la clase política, y de los catastróficos efectos generados a la economía española.

 Por todo esto digo que aquí tiene la Justicia la ocasión de rehabilitarse. Y repito el razonamiento anterior sobre la flexibilidad de la retórica y de la retórica jurídica: para el pueblo y todos los medios las pruebas son evidencias materiales de delitos sociales, y tan demoledoras y apabullantes que un jurado popular tardaría un minuto en deliberar. Por ello sería un garrafal y fatal error volver a buscar las vueltas a la condena (como hizo el asunto conexo decapitando a Garzón) para que los culpables salgan indemnes o con una ridícula resolución. Pues si así fuese y en vista de que se van acumulando un día tras otro los motivos, no duden que saltará la chispa de una sublevaciòn generalizada, y la historia ecléctica del futuro hará culpable de los probables levantamientos a la Justicia española en tanto que cooperador necesario de una banda de facinerosos e impostores que se hicieron pasar por políticos al servicio del pueblo.

DdA, IX/2.301

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