Jaime Richart
Nada de embargos preventivos ni otras medidas cautelares.
Si la justicia sabe lo que hay en juego, debe decidir la incautación, la
confiscación de los millones de Suiza. Eso es lo que debe hacer la Justicia para compensar una
pequeña parte del daño causado al país, calculado en miles de millones
malogrados por el despilfarro o apropiados directamente por los protagonistas
de todos los ramales de la no menos famosa trama de la facción popular, la
menos popular de las facciones. Si la justicia quiere, puede evaluar los daños
y perjuicios originados al pueblo español por esas conductas y si desea depurar
su imagen maltrecha, no tiene más que confiscar esos 22 millones hallados en
Suiza a nombre del tesorero.
Es curioso,
paradójico y triste a un tiempo recordar la condena disciplinaria, gravísima
por su proyección pública y las consecuencias favorables a los delincuentes de
la trama, justo del juez que precisamente ha dado lugar al conocimiento de esa
cuenta de 20 millones por una de sus comisiones rogatorias.
Es curioso,
paradójico y triste porque, sabiendo como sabemos lo flexible que es la
retórica, susceptible de defender una tesis y su contraria, los fundamentos de
derecho de aquella sentencia son tan endebles como suelen ser todos los argumentos que evidencian que tras
ellos hay una voluntad a favor de cualquier causa excepto la de la justicia.
Precisamente la resolución arbitraria (arbitraria, por la envergadura de todo
lo que estaba en juego, muy cercano a una variedad de terrorismo por la suma de
los delitos, el número de los autores, cómplices y encubridores, y las
cantidades defraudadas, derrochadas y robadas, que exigía que aquellos jueces
hubieran debido aplicar la excepción que se aplica a las escuchas telefónicas
entre presuntos terroristas) ha sido la causa de la causa de la progresión de
la trama, de la definitiva desconfianza no sólo hacia la facción sino hacia
toda la clase política, y de los catastróficos efectos generados a la economía
española.
Por todo esto digo
que aquí tiene la Justicia la ocasión de rehabilitarse. Y repito el
razonamiento anterior sobre la flexibilidad de la retórica y de la retórica
jurídica: para el pueblo y todos los medios las pruebas son evidencias
materiales de delitos sociales, y tan demoledoras y apabullantes que un jurado popular tardaría
un minuto en deliberar. Por ello sería un garrafal y fatal error volver a
buscar las vueltas a la condena (como hizo el asunto conexo decapitando a
Garzón) para que los culpables salgan indemnes o con una ridícula resolución.
Pues si así fuese y en vista de que se van acumulando un día tras otro los
motivos, no duden que saltará la chispa de una sublevaciòn generalizada, y la
historia ecléctica del futuro hará culpable de los probables levantamientos a
la Justicia española en tanto que cooperador necesario de una banda de
facinerosos e impostores que se hicieron pasar por políticos al servicio del
pueblo.
DdA, IX/2.301
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