J.J. Suárez González
A raíz de la desafortunada aventura de D. Juan Carlos I en Botsuana,
donde actividades incompatibles con lo cabe esperar de nuestro Jefe de
Estado causaron un gran escándalo, sugerimos que el Rey debía abdicar,
pero no lo decíamos solo por aquel patético episodio, también porque ya
había desaparecido la absurda autocensura vigente durante muchos años en
los medios de comunicación y ya era de dominio público que S.M. tenía
una querida y que eran frecuentes los viajes privados y los excesos que
ponían en serio peligro la reputación de la Corona. Pero, lo que mas me
preocupaba era la intuición de que el Rey no era ajeno al caso Nóos
donde su yerno, Iñaki Urdangarin, estaba imputado, y que si salía todo a
la luz la institución monárquica, y no solo el actual Rey, quedaría muy
seriamente tocada, porque mucho peor que las aventuras de faldas son
las irregularidades económicas o, digámoslo sin medias tintas, las
actividades al margen de la Ley.
Diego Torres, el socio de Urdangarín, que se resiste a ser cabeza de
turco y que ha puesto a buen recaudo en el extranjero documentos muy
comprometedores, que son un seguro para evitar resbalar en una pastilla
de jabón, va dosificando al Juez la información con la esperanza de que,
ante la alarma social que pueden generar las actividades de la familia
real, alguien le de un salvoconducto y pueda huir de España. Vana
pretensión, porque aunque la penúltima Nochebuena D. Juan Carlos nos
dijo que todos los españoles somos iguales ante la Ley, sabemos que la
Constitución consagra la impunidad jurídica del Rey, que quizá piensa
ofrecer las cabezas de sus presuntos testaferros para intentar aplacar
la ira popular.
Sin embargo, en un país donde cada día despiden a miles de personas,
donde muchas empresas y muchos trabajadores lo están pasando mal, donde
la irritación de los ciudadanos contra los partidos políticos
mayoritarios es mas grande que nunca, donde, en fin, se espía hasta a
los jueces, la gente ya no está dispuesta a pasar ni una y si D. Juan
Carlos no abdica de inmediato el daño que puede hacer será irreparable.
Ya no sugerimos la abdicación, la exigimos.
El pueblo español no se merece lo que le están haciendo, pero, para
salir adelante, es muy importante que las instituciones y la
Constitución no se vean afectadas por las actividades de tanto
irresponsable, porque, sino fuera así, no solo estaría en peligro el
cocido de las familias, también la democracia y las libertades.
Dentro de muy pocos días se van a cumplir 32 años del intento de
golpe de Estado del 23F o, mejor dicho, de la actuación de algunos
militares golpistas que no se habían enterado de que el verdadero golpe
de Estado contra el presidente Suárez ya se había producido algunas
semanas antes. Los entresijos de ese episodio de nuestra Historia y de
quienes fueron, de verdad, los héroes y los villanos nunca se han
revelado totalmente, aunque la escritora Pilar Urbano ya ha insinuado
bastante. Por responsabilidad, hay bocas que se han mantenido calladas,
algunas hasta la tumba, pero no se debería tentar a la suerte, porque ya
hay gente que está empezando a valorar si sería mejor hablar y contarlo
todo. Por el bien de España, esperemos no tener que llegar a ese
extremo.
DdA, IX/2.311
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