Rafael Cid
En
1729 Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, publicaba su
ensayo Una humilde propuesta, donde proponía a los irlandeses vender a
sus propios hijos como alimento para salir de la miseria que sufrían por
la opresión de los terratenientes.
Han
pasado casi tres siglos y el avance material y tecnológico hace casi
incomparables ambas situaciones, pero el canibalismo endógeno parece
seguir siendo la principal receta que el capitalismo ofrece al pueblo
para superar la crisis. Aunque ahora, en vez de poner a los niños en el
punto de mira, son los mayores inactivos y los pensionistas quieres
deberán subir al cadalso a causa de las políticas-paredón que los
gobiernos ejecutan.
¿Exageración?
Veamos. El PSOE de la etapa Zapatero congeló las pensiones y agravó las
condiciones para acceder a la prestación legal de jubilación. Eso en el
año 2011, en el epicentro del crac social desatado por la banca y sus
socios de la burbuja inmobiliaria. Al año siguiente, con el PP ya en el
poder, la cosa delira. De nuevo se hurta la actualización del subsidio,
un salario ya capitalizado por los trabajadores que representa el único
ingreso para la mayoría de los más de 8 millones de perceptores. Y por
si fuera poco, otra vuelta de tuerca al garrote vil que amenaza a los
mayores con la excusa de las “medidas de austeridad” viene a sumarse a
las barrabasadas perpetradas por el tándem PP-PSOE.
La
estocada procede del cierre nocturno de las urgencias sanitarias en
muchos pueblos de la geografía española, casi sin distinción ideológica,
si descartamos la excepción de Euskadi (por ahora). Al clausurar los
dispensarios fuera del horario regular en las zonas rurales, que por
definición constituyen el alfoz de gran parte de la población de edad
avanzada, el perjudicado es precisamente el sector más vulnerable de la
ciudadanía, el que más atención médico-farmacéutico precisa. Demolido
ese débil asidero del Estado de Bienestar, a los afectados sólo les
queda el último recurso de la familia, la solidaridad de los vecinos o
acudir a la Beneficencia de una Iglesia siempre dispuesta a hacerse
valer. La retirada de lo público, precisamente por el abuso privado que
el duopolio dinástico gobernante hace del Estado, se muestra la realidad
de un sistema que hace privilegia a los mercados y condena a la
indigencia a las personas.
Pero
como lo que está sucediendo no es un terremoto u otro fenómeno natural
ante lo que únicamente cabe la resignación, sino que hay un método en su
barbarie, un cálculo económico, la maldad no acaba aquí. Para terminar
de asfixiar a la gente humilde, esa que vota cada cuatro años, la misma
que “religiosamente” contribuye al sostenimiento de la Administración
con sus impuestos donde a los supermillonarios les sale a devolver la
declaración de la renta, se condena a los más necesitados a utilizar el
“tren de San Fernando” (unas veces a pie y otra andando) para acceder a
las urgencias sanitarias disponibles a kilómetros de distancia de sus
lugares de residencia.
Porque
esa es la pena que han dictado para los enfermos inoportunos. Cosas del
gobierno. Somos líderes europeos en kilómetros de vías rápidas de
tráfico rodado y trenes de alta velocidad, mientras se abandona el
mantenimiento de las carreteras y se clausuran líneas de ferrocarril de
cercanías y media distancia. Así que nuestros dirigentes no sólo quieren
tumbar las centros de salud no rentables. Tiran con bala. Renovando el
viejo método irlandés, albergan la esperanza de que a medio plazo
descienda drásticamente el número de bocas de pensionistas a alimentar.
Jóvenes sin futuro, mayores sin esperanza: la Marca España suma y sigue.
LA MAREA, Nº 2
DdA, IX/2.285
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