Jaime Richart
Lo
que hay en España es una plaga bíblica: la plaga de una canalla
política, real y banquera que nos está sacando a cada cual lo peor de
nosotros mismos.Y
no es ya sólo la corrupción, el saqueo o el despilfarro frenéticos de
las arcas públicas a cargo de alimañas sociales… Ni tampoco los graves
efectos materiales y morales que ambos modos de defraudar han producido
en la mayoría de ciudadanos y en la confianza de quienes les votaron,
que por si solos mueven a sublevación. Ni lo que ha hecho el yerno de un
rey sospechoso, de un Estado sospechoso y fallido por culpa de todos
ellos y de la banca; ni la evasión fiscal de incontables millones
practicada por miembros del partido en el gobierno relacionados con una
trama de corrupción precedente en la que están también otros implicados
del mismo partido; evasión probada por la respuesta de los bancos
suizos a las comisiones rogatorias de un juez ignominiosamente condenado
por investigar a fondo esa trama.
Aparte
de todo eso, hay también otros datos y detalles concomitantes con los
hechos en los que aparecen involucrados personajes y personajillos
relacionados con el poder institucional y la banca carentes de todo
escrúpulo, cuya repulsa no precisa explicarse por la ilicitud o por la
ilegalidad oficiales propiamente dichas.Me
refiero, por ejemplo, a dos fenómenos particulares que claman al cielo
justo porque el amparo que le presta la "legalidad" chocan con la más
elemental ética y los hace aún más inmorales.
Uno es el caso de
esas jubilaciones multimillonarias de señores de un sector bancario que
agravian a tanto desahucio, tanto drama humano y tanta miseria
provocados en buena medida por su impericia y sus malas artes. ¿Qué
explicaciones, de esas del manual del capitalismo que nos explica que
"el riesgo justifica el beneficio" aducirán ahora los defensores del
sistema de libertades formales que justifique semejante desvarío? ¿En
qué, dónde estuvo el "riesgo"? ¿Con qué criterio se estiman esos premios
a unos directivos públicos (pues no eran privadas las Cajas ahora
fusionadas) que además han llevado a la quiebra a las entidades? ¿Qué
clase de méritos adornan a tales personajes que nos impida ver que
estamos ante prebendas de medievales, signos de atraso y de barbarie de
una sociedad? ¿Es lícita esa gravísima ofensa a los afectados
directamente por sus rapiñas y a los excluidos sociales, e
indirectamente a la inteligencia de quienes no lo somos... todavía?
¿Tanto valen las neuronas de quienes mediante engaño y malas artes han
llevado a la ruina a una entidad, arrastrando a parte de su clientela,
como para entender que tienen derecho a esa canonjía que al final costea
su propia clientela?
El
otro es un comportamiento canallesco aunque sea "legal". ¿Cómo es
posible que se permita a un ladrón, presunto o no, el ex presidente de
la CEOE, haber llevado a cabo el exterminio de una cabaña de ciervos en
una extensísima finca de su propiedad? ¿Hemos de entender que la
propiedad de semejante finca lo es erga omnes; es decir, que lleva
aparejada el derecho absoluto a tal exterminio sin ley ni ordenanza ni
sensibilidad que lo hubieran debido impedir?
¿De verdad creen
esos personajes, esos politicastros que dictan en los parlamentos las
desigualdades, que hay tal diferencia entre ellos (que dicen estar ahí
para servir a la colectividad) y las multitudes de ciudadanos y familias
que subsisten sólo gracias a la caridad o a la filantropía? Aun
admitiendo nosotros interinamente la axiología capitalista, ¿de verdad se
creen tan superiores en inteligencia como para llegar a esos extremos?
¿No imaginan los sentimientos de frustración, de impotencia, de
indignación y de los horribles deseos que generan en la ciudadanía, y
que se imponen a cualquier otro factor de orden y de justicia
institucional?
Olvidando pasados desafueros, errores e incompetencia
técnica y política escandalosos de los gobernantes de turno y de los
altos tribunales (Prestige, inclusión en la ocupación de Irak,
desnaturalización del Estatut catalán, defenestración del juez
Garzón...), aunque antes eso devislumbraba, en un espacio relativamente
corto de tiempo se ha presentado a la ciudadanía un panorama sumamente
sombrío, depresivo y desalentador. A las innumerables fechorías de los
muchos implicados en tramas de corrupción y de abusos y desviación de
poder, se han unido abusos protegidos por las leyes, como los citados y
otros que sería fatigoso enumerar.
En todo caso el espectáculo está compuesto de la
noticia constante de bucanerismo de personajes oficiales, oficializados u
oficiosos de toda laya; estafas amparadas en unas leyes y unos decretos
confeccionados a la medida del interés de estos y de los de su clase...
Expolios, expropiaciones, privilegios, desahucios, canonjías,
prebendas, sinecuras por doquier; y todo, al lado de una justicia
ordinaria implacable con los ciudadanos comunes reducidos a la condición
de ilotas, de esclavos de las castas que se ven y se sienten y se
comportan como si estuvieran por encima del bien y del mal. Y todo,
junto a la grotesca misericordia también de los sucesivos gobiernos
expresada en indultos para los suyos, para sus ladrones, para sus
timadores, para sus bellacos…
¿Cuánto tiempo queda para que se produzca el estallido
de la sociedad que empieza a pasar hambre, vilipendiada por tanto
vividor, tanto cacique, tanto nazi, tanto acreedor a ser conducido a
gulags para toda la vida?
Yo, personalmente,
y estoy seguro que muchos millones más, deseo fervientemente a todos
ellos que contraigan la peor de las enfermedades mientras no les fuerce
la justicia del Estado a redimirse de manera concluyente con condenas
sin paliativos. Porque no son ni uno, ni dos, ni docenas. Esa calaña se
cuenta por miles de individuos e individuas amparados y amparadas en la
solemnidad de un ordenamiento jurídico viciado de nacimiento y blindado
por la perversidad de políticos ambiciosos y pretenciosos que vienen
desfilando desde que los primeros cocinaron esa llamada ley de leyes
afiligranada a la medida de la manda del dictador. Insoportable.
+@El índice de miseria pone a España por delante de Venezuela y Grecia
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DdA, IX/2.290
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