Félix Población
La clave argumental que definirá el contenido a debatir en la inminente campaña electoral entre los dos partidos mayoritarios, que desembocará en las urnas el próximo 20N, no tendrá mayor alcance que el de paliar en lo posible el estado de malestar de la ciudadanía. Por eso cuando, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, nos prometen que su victoria servirá para defender el Estado del bienestar, sin tocar ni uno solo de sus logros, unos y otros están mintiendo.
Los primeros porque ya empezaron por no saber defenderlo a lo largo de la gobernación a punto de concluir y los segundos porque se han apresurado a aplicar esa misma política en aquellas comunidades autónomas a las que acaban de llegar como administradores, tras las últimas elecciones locales y autonómicas. En esa tesitura, que Rubalcaba diga que no va recortar lo sueldos de los funcionarios -cuando ya se hizo desde el gobierno en el que fue partícipe- tiene casi el mismo valor de promesa digna de sospecha que una afirmación similar por parte de Rajoy, que además ni siquiera se compromete, pues lo que hizo fue una vez más dejar de contestar a la pregunta con una respuesta al albur de la situación económica que se le presente.
Quien sí pudo prometer y prometió fue el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, el pulquérrimo Pons, asegurando que el Partido Popular ni congelará las pensiones ni tocará de nuevo el sueldo de los funcionarios, lo cual es difícil de creer a la vista de las medidas aplicadas por su partido en las autonomías donde gobierna desde hace meses.
Un total de 32.000 viudas de Castilla-La Mancha, con la llegada del PP, se han quedado sin cobrar la paga semestral del complemento anual de 400 euros a su pensión de viudedad, fijado por el socialista José María Barreda cuando presidía la Junta. En Madrid, bajo la lideresa Aguirre, se han recortado 80 millones de euros en la enseñanza pública a base de reducciones salariales dobles (Estado y Comunidad) y despidos de profesores. Asimismo, en Galicia el tijeretazo en sanidad ha sido de 245 millones de euros y en Baleares ha superado los 100 millones, con incidencia también en el Servicio de Salud de las islas.
No, no se trata de defender el Estado del bienestar, sino de evitar el Estado del malestar que incremetaría el estado de malestar ciudadano en la próxima legislatura. Ahí está la clave de la campaña electoral en puertas de los dos grandes partidos. Sus promesas solo puede aspirar a la consolación de dejarnos como estamos sin ir a peor.
+@No es el Estado quien tiene que garantizar el bienestar, dice Montoro (PP).
INDECENCIA
Isabel Esteban
Me parece -porque lo es, no se trata de un efecto óptico- una total indecencia que se deje de pagar lo estipulado a las residencias de ancianos y dependientes y se conserven, intactos, privilegios tales como las pensiones para cargos públicos que han prestado servicios a la comunidad unos pocos años, y otros como concesión de despacho, secretaria, coche oficial y chófer para los antiguos presidents, así como todos los excesos de generosidad política. Es un escándalo indecente que no tiene parangón con nada conocido. Deberían recoger todo ese dinero y pagar inmediatamente a los necesitados, entre los que se encuentran los antiguos perceptores del Pirmi, salario mínimo asistencial, es decir, los 400 euros para que los pobres de necesidad puedan comer. Se ha perdido el sentido de la proporción, se han perdido todos los valores que sustentan la sociedad. Hemos perdido la dignidad. (El País).
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