LA LEY DE AMNISTÍA Y LA MEMORIA HISTÓRICA SEGÚN LIDIA FALCÓN

Lidia Falcón

En la actual polémica sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, para impedir la investigación de los crímenes del franquismo se recurre a lo dispuesto en la Ley de Amnistía de octubre de 1977 que permitió que no se enjuiciaran los delitos de genocidio y de lesa humanidad cometidos por la dictadura y que está impidiendo en la actualidad que se instruyan las causas que abrió el juez Baltasar Garzón. En esta perversa dialéctica en la que se siguen defendiendo los intereses de los vencedores de la Guerra Civil se dirime una cuestión fundamental: si la Ley de Amnistía se había dictado para beneficiar a los resistentes de izquierda o a los franquistas. Que sin duda ese ordenamiento legal favorece a los criminales que nos masacraron durante casi medio siglo es evidente. Ninguno de los verdugos: políticos, militares, civiles, fuerzas del orden, que asesinaron, encarcelaron, torturaron, desterraron y persiguieron a toda la oposición antifascista, incluyendo a los disidentes más tímidos y de derechas como democristianos y masones, han sido investigados ni enjuiciados, ni mucho menos condenados.

El punto neurálgico de la cuestión es la defensa que hacen los dirigentes de la izquierda que pactaron esa ley, arguyendo que aquella amnistía nos era imprescindible a los procesados y condenados por el Tribunal de Orden Público y los consejos de guerra militares, para salir de las prisiones y sobreseer los sumarios. Pero lo que se niegan a recordar es que antes de la Ley de Amnistía se habían aprobado tres Decretos de Indulto, el primero el 25 de noviembre de 1975, precisamente en conmemoración de la coronación del rey, el segundo el Real Decreto del 30 de julio de 1976, por los que se indultaban todos los delitos de intencionalidad política que no hubieran causado daño o puesto en peligro a las personas, y el tercero, el 14 de marzo de 1977, que ampliaba la aplicación del anterior eliminando el término “puesto en peligro” y que se hizo, naturalmente, para permitir la libertad de Santiago Carrillo y por ende la legalización del Partido Comunista. En consecuencia, cuando los que fueron dirigentes del PCE, como Nicolás Sartorius, afirman que ellos habían sido beneficiados por la Ley de Amnistía, con otros miles de sindicalistas y políticos, están equivocando las fechas.

La hemeroteca nos informa que todos los sindicalistas implicados en el Proceso 1001, cuya cabeza eran Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius, salieron en libertad el 29 de noviembre de 1975. Con ellos, los miles de dirigentes de partidos políticos y sindicatos que se hallaban en prisión, así como se sobreseyeron todas las causas por delitos de opinión. Solamente en la prisión Modelo de Barcelona se liberó a más de 500 presos, de los que la tercera parte eran políticos, así como los 25.000 que estábamos procesados en libertad provisional fuimos sobreseídos. El segundo decreto del 30 de julio de 1976 vino a concluir los procesos de la práctica totalidad de los encarcelados. Quedaban por resolver únicamente los casos de delitos de sangre en los que estaban implicados los militantes de ETA, FRAP, GRAPO y algunos anarquistas que no superaban en total la cifra de 80.

Es decir, que cuando se pacta la Ley de Amnistía de octubre de 1977, ya se ha legalizado el Partido Comunista y no queda ninguno de sus militantes en la cárcel, menos aún sindicalistas ni socialistas ni democristianos, los delitos de opinión se han archivado y se han celebrado las elecciones constituyentes, así como algunas sesiones del Parlamento, la primera de las cuales fue presidida por Dolores Ibárruri, y en los escaños se sientan Santiago Carrillo, Rafael Alberti, Ramón Tamames, Fernando Sagaseta, ilustres y conocidos comunistas. Quiero con esto decir que la Ley de Amnistía se pactó entre los partidos de izquierda y de derechas no para liberar a los miles de resistentes antifascistas que estaban en prisión o procesados sino para eximir de responsabilidades a los criminales franquistas.

Pero lo más singular de esa vergonzosa ley es que, además, amnistía, en su artículo 2, los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas, sin limitación de tiempo.

Nunca sabremos, porque los responsables nos lo ocultan constantemente, cuales fueron las promesas o las amenazas que aceptaron o temieron los negociadores de esa Ley de Amnistía para eximir de toda responsabilidad a los funcionarios y agentes del orden público. Es decir a los jueces y militares que condenaron a muerte a miles de civiles y militares republicanos, a los policías y guardias civiles que los detuvieron y torturaron y dispararon contra ellos en las calles y en las comisarías, a los fiscales que pidieron penas de muerte y de cientos de años de prisión contra personas inocentes, a los médicos que vigilaban que las torturas pudieran prolongarse en el tiempo, y a los funcionarios de prisiones que secuestraron los niños de las madres en prisión y los entregaron a familias franquistas y a orfanatos religiosos. No sé si los falangistas que a solas o en cuadrillas sacaban a los republicanos de las casas y los asesinaban en las cunetas de los caminos tienen la consideración de funcionarios. Y puede que sea ya irreversible aceptar que en España no se van a investigar nunca los crímenes del franquismo y muramos envidiando a los argentinos, pero lo que ya me parece absolutamente inadmisible es que treinta y tres años más tarde, todavía aquellos socialistas y comunistas que decían representarnos sigan defendiendo que pactaron la Ley de Amnistía por nuestro bien.