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España da por rechazada la recomendación de México para que investigue las desapariciones forzadas de la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975), en un documento difundido este martes en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los Jueces y Tribunales (españoles) instruyen y juzgan todas las denuncias sobre desapariciones que ante ellos se formulan con sometimiento exclusivo a la Ley y el Derecho, señaló el embajador de España, Javier Garrigues, al justificar su rechazo, en una aparente referencia a la Ley de Aministía de 1977, que impide juzgar los crímenes del régimen franquista.
La recomendación de México se planteó en el debate del Examen Periódico Universal (EPU) de España en mayo pasado, un mecanismo de la ONU destinado a vigilar el respeto de los derechos humanos y al que sus Estados miembros deben someterse una vez cada cuatro años. En su respuesta a México, España afirmó ayer querer investigar los crímenes contra la humanidad de acuerdo a lo que nuestra Constitución reconoce y ampara, pero sin aludir a las desapariciones del periodo 1936-1975, ni a la Ley de Amnistía aún vigente.
La petición taxativa de México era que España investigara y sancionara los delitos de desaparición forzada y prever la reparación de los mismos, independientemente de cuándo se hayan producido, habida cuenta del carácter imprescriptible de estos delitos contra la humanidad y de conformidad con sus obligaciones internacionales.
En lugar de eso, la ONG Human Rights Watch lamentó que España lleve a los tribunales a Baltasar Garzón, el juez que trató de investigar esos crímenes. Esta ONG recordó que Garzón se enfrenta a un juicio por investigar los presuntos casos de desapariciones forzadas que causaron más de 100.000 víctimas y que los tribunales españoles han cerrado sistemáticamente las investigaciones (...) por invocación de una ley de amnistía de 1977, que cubre todos los delitos de 'naturaleza política' cometidos con anterioridad a diciembre de 1976. También Amnistía Internacional distribuyó un comunicado en el que hizo un llamamiento a España para que investigue los crímenes cometidos durante la guerra civil (1936-39) y en la época de Franco, dado que una ley de amnistía no es aplicable a crímenes contra la humanidad.
Las declaraciones del embajador Garrigues sitúan a nuestro país -sito en Europa- al margen del principio de Justicia Universal, que como dijo Noam Chomsky es la única forma de garantizar la protección del ser humano como sujeto individual, gracias al compromiso de toda la comunidad internacional en la persecución y sanción de unos crímenes que afectan a toda la comunidad internacional.
Los crímenes de las dictaduras no se pueden subsanar con leyes de amnistía elaboradas por regímenes democráticos en periodos de transición, equiparando a los que lucharon contra esas dictaduras con quienes las promovieron y sustentaron durante decenios. Sobre todo porque debajo de la tierra que pisamos siguen estando, enterradas sin nombre ni memoria, las víctimas del franquismo a las que los principios de Justicia Universal defienden.
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