EL TIJERETAZO Y LA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA

Félix Población

Algún analista hace hoy la observación de que una vez consumados los drásticos recortes sociales y a punto de caramelo una no menos impopular reforma laboral, lo que viene a cuento por parte del Gobierno es una medida que satisfaga en parte o consuele en lo posible a los votantes en huída del Partido Socialista. Parece así que para primeros del mes que viene está previsto reactivar el proyecto de ley de libertad religiosa.

Entre las disposiciones a tomar se erradicará el uso del crucifijo en todos los centros públicos. También desaparecerá tal símbolo confesional y el ejemplar de la Biblia que hasta ahora preside los actos de toma de posesión tanto del Presidente del Gobierno como de sus ministros. Es asimismo factible que se elabore un protocolo civil para los funerales de Estado. Igualmente, se darán pasos para la enseñanza optativa de otras religiones, si bien el ministro Caamaño asegura que esa igualdad de trato no significa uniformidad, sino proporcionalidad y arraigo, dicho sea en deferencia a la religión católica, cuya enseñanza está garantizada.

Es decir: tendremos una nueva ley de libertad religiosa y de culto, dado que entre 1980 y el año en curso la realidad social ha cambiado, según el ministro, si bien ese cambio no contempla para nada el que se acaba de dar contra un alto porcentaje de la ciudadanía tras los drásticos recortes sociales del Gobierno. Los sufrirán pensionistas, funcionarios y personas dependientes, pero la financiación de la iglesia católica por parte del Estado seguirá siendo la misma, acaso "por arraigo".

Por refrescar los datos, sirvan lo que siguen y da la Asociación Estatal Europa Laica, muy superiores a los 900 millones de euros que ayer daba en este mismo DdA mi estimado colega Lazarillo en referencia a los repartidos entre el IRPF y los sueldos de los catequistas en los colegios públicos. La Iglesia recibe anualmente más de 7.000 millones de euros, porque además de lo consignado están: los salarios de capellanes castrenses (20 millones); la financiación de centros de ideario católico (4.000 millones); la financiación de la reforma y conservación de su patrimonio (varios cientos de millones); las exenciones tributarias del impuesto de bienes inmuebles y de los permisos de obras (lo que reportaría más de mil millones de euros); la rebaja (o eliminación) de subvenciones directas para cientos de eventos, actividades y proselitismo religioso por parte de ayuntamientos, autonomías y Estado central; la eliminación de la cesión de suelo y el pago de obras para lugares de culto, proselitismo religioso y obra social (cifra incalculable); la confiscación de patrimonio (sin dueño) del que la Iglesia católica se está apropiando indebidamente en todo el Estado por valor de miles de millones; la desamortización de patrimonio muerto, etc.

Teniendo en cuenta esas cifras -intocables "por arraigo" en tiempos de tijeretazo para millones de españoles-, mucho me temo que una nueva ley de libertad religiosa de carácter tan simbólico como la que se prepara no sirva para lo que el Gobierno pretende o algún analista interpreta. ¿O tan lerdos cree el PSOE a sus votantes?