Lazarillo
Los curas ya no son lo que eran. Se les entiende todo. Máxime cuando no tienen con qué revestir la simpleza de sus argumentos ante cuestiones palmarias. Todos recordamos de nuestro tiempo parvulario lo abstrusos que eran los misterios catequísticos cuando estábamos en vísperas de adquirir el uso de razón. Pero como eran verdad de fe, ahí quedaban. Entre Martínez Camino y el párroco de mi iglesia bautismal media un abismo. Bastaban cuatro latines para que aquél adquiriese la prosopopeya que éste pierde cada vez que comparece ante los medios. Sobre todo si, como ayer, se le plantea siete veces, siete, por qué el rey de España es diferente al resto de los mortales creyentes ante la nueva ley del aborto que la iglesia romana condena.
Dice el vocero de la obispalía que el político que apoye con su voto o haga campaña a favor de la ley de interrupción del embarazo recientemente aprobada se convierte en un pecador público y que, por lo tanto, él y sus colegas y demás empleados sacerdotales de la vieja institución vaticana deben negarle la comunión hasta en tanto el pecador no se confiese y retracte públicamente de su postura.
Como toda ley que se apruebe en el Parlamento de la nación ha de requerir a posteriori la firma del Jefe del Estado para que de ese modo quede ratificada en el plazo de quince días, era de cajón que los aviesos periodistas aprovechasen ayer la convocatoria de monseñor Martínez Camino, luego de la reunión de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal, para indagar acerca de la circunstancia espiritual en queda el rey una vez eche su rúbrica. La prensa quería saber, en conclusión, si Juan Carlos I, heredero y representante de la monarquía más católica, apostólica y romana del planeta, perdía con su firma el estado de gracia adquirido con el bautismo, pues suscribía y autorizaba lo que le está prohibido votar o promover al resto de la clase política perteneciente a esa iglesia.
El portavoz de los respetables monseñores no hizo, por supuesto, la más mínima alusión al rey Balduino de Bélgica, que renunció al trono por unas horas en 1990 antes de hacer algo semejante, según le pretenden reclamar ahora al Borbón los católicos más integristas de los integristas. Camino se limitó a decir: “La Conferencia Episcopal no quiere pronunciarse sobre la responsabilidad del acto único que hace el rey. Y yo no voy a dar mi opinión particular como moralista. El tema daría para escribir cuatro libros. No voy a dar mi opinión porque la Conferencia no tiene un juicio ni lo va a emitir. La situación de su majestad el rey es única, ningún otro ciudadano está en esa situación, no existe un principio general para su caso y no hay una exhortación de la Conferencia Episcopal para ello, no es necesario. No es que haya temor a hacerla, es que no es necesario”.
Esto es, que los obispos no excomulgarán al rey, dado que no es necesario por ser él quien es. La raigamebre de este argumento es medieval y tiene la misma consistencia que el esgrimido por la iglesia de Roma para calificar como pecadores públicos al resto de los católicos mortales con representación política.
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