LEY DE LA VERGÜENZA HISTÓRICA

Félix Población

Como tuvimos ocasión de leer hace poco más de una semana, Luis Dorado fue un diputado del Partido Socialista por Málaga, durante la II República, que fue secuestrado y asesinado en Córdoba por el ejército franquista a finales de julio de 1936. Sus familiares han demandado al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, una vez agotadas en nuestro país y sin resultado alguno todas las vías judiciales. Según los demandantes, la hija y el nieto de la víctima, su decisión obedeció al hecho de que durante casi treinta años (desde 1979) todas las puertas legales les fueron cerradas, hasta el punto de no llegar a conseguir siquiera la partida de defunción de Dorado.

Se da la circunstancia de que el mismo día en que el juez Baltasar Garzón se inhibió a favor de los juzgados territoriales, el de instrucción número 6 de Córdoba comunicó que no seguiría con la exhumación de los restos en la fosa donde supuestamente se encuentran los del diputado socialista, una actividad llevada a cabo gracias al programa de subvenciones que la ley de Memoria Histórica garantiza a los familiares de las víctimas. En ese momento, la familia de Luis Dorado dio su causa por perdida en España, de ahí que haya recurrido al Tribunal de Estrasburgo.

Hoy aparece en los periódicos un comunicado suscrito por cincuenta asociaciones de recuperación de la memoria histórica en el que reclaman al Gobierno la modificación de la actual ley de Memoria Histórica, aprobada en octubre de 2007, y la articulación de un sistema de búsqueda, exhumación e identificación de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La vigente ley, que fue aprobada por todos los partidos a excepción de Esquerra Republicana y el Partido Popular, es calificada por esas asociaciones como ley de la vergüenza histórica, pues no ha cumplido hasta ahora ni una sola de sus obligaciones en un país, el nuestro, al que sólo supera el régimen de Pol Pot, en Camboya, en número de desaparecidos.

Como dicen los familiares de Luis Dorado, no se trata de enjuiciar al régimen anterior, sino de hacer valer unos derechos fundamentales que son inherentes a todo ser humano. Es deplorable que los demandantes de esos derechos haya tenido que hacerlo ante en Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para denunciar al Estado español por su falta de asistencia en esta materia. Lo hacen, para más inri, en nombre de un diputado asesinado del Partido Socialista, el mismo partido que desde el Gobierno propuso y aprobó una ley incapaz de privarnos de esa vergüenza ante Europa.

RedDIARIO
En defensa del juez Garzón. (Carlos Jiménez Villarejo y otros juristas, forenses e historiadores).
+Los jueces frenan las denuncias de las víctimas. (Público).