jueves, 12 de marzo de 2009
MILES DE ANCIANOS MUEREN ESPERANDO
Lazarillo
El titular no es mío. Tampoco pertenece a un periódico caracterizado por su sensacionalismo. Lo publica hoy el diario El País y hace referencia a las largas e inútiles esperas que han de soportar nuestros mayores, sin que la llamada Ley de Dependencia surta sobre ellos los servicios de asistencia demandados porque, antes de que eso ocurra, los ancianos fallecen. Todo dependerá de dónde resida el ciudadano que precisa esas atenciones.
Si nuestro abuelo o abuela tiene la suerte de vivir en Castilla y León, Andalucía, Aragón o el País Vasco, la diligencia en ser atendidos será mucho mayor que en otras Comunidades, entre las cuales Murcia, Madrid, Valencia y Canarias arrojan los peores resultados. Tanto en la Comunidad de Madrid como en la de Valencia, gobernadas por el Partido Popular, existe lo que se llama silencio administrativo negativo, un procedimiento por el cual la administración puede no responder, obligando al ciudadano a reiniciar todos los trámites.
Consisten los mismos, en el caso de Madrid, en una primera información en que se comunica al ciudadano su grado de dependencia, a la que sigue otra en la que se le prescribe la ayuda. Entre ambas media un tiempo impredecible y dilatado, sin que los demandantes sepan a qué atenerse ante ese silencio administrativo. Pueden transcurrir entre ocho y quince meses, cuando no deberían discurrir más de seis entre una y otra, sin que esa última información garantice que se vaya a recibir la ayuda de inmediato.
Es posible que esa dilación en gestionar algo tan indicativo del grado de solvencia y sensibilidad social de nuestras administraciones autonómicas se deba, en buena medida, a que algunos gobiernos regionales no han transferido las oportunas dotaciones presupuestarias a los ayuntamientos, pero sea por lo que sea resultan inadmisibles los agravios comparativos que se dan entre una Comunidad y otra. ¿No se crearon las administraciones autonómicas para favorecer una mayor fluidez en la atención al ciudadano?
Sabemos que al Partido Popular le parece aberrante la normativa que pretende impulsar el Gobierno para reformar la ley del aborto. También fue muy combativo con el doctor Montes, calificado de homicida por su ejecutoria profesional con enfermos terminales en el hospital de Leganés. Por eso no puede dejar de extrañarnos que en algunas de las Comunidades que gobierna, con la lideresa Aguirre y Camps al frente de dos de ellas, esa su tan blasonada defensa de la vida a toda costa no sea extensiva a los miles de ancianos que se mueren esperando la atención solicitada según prescribe una de las leyes más coherentes con un Estado que se proclama de bienestar.
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