Félix Población
Ayer pudimos leer en el diario Público una excelente información relativa al expolio que hace Marruecos de los recursos naturales pertenecientes al territorio del Sáhara Occidental, 284.000 kilómetros que la administración marroquí considera suyos desde 1975, pese a que la ONU reconoce la ilegalidad de aquella anexión, insta a respetar el derecho de autodeterminación de la población saharaui y estima que tal región es un territorio no autónomo pendiente de descolonizar.
La periodista Trinidad Deiros informaba en su reportaje que una empresa española de pescado, a través de su filial marroquí Damsa, está ubicada en el Sáhara Occidental, mientras que la denominada FMC Foret, fabricante de productos químicos, compra los fosfatos de la mina de Bucraa explotados por el consorcio estatal marroquí Office Chérifien des Phosphates (OCP). A propósito de la razón del negocio de la empresa española Jealsa Rianxeira es de tener en cuenta que El Aiún es el mayor puerto sardinero del mundo.
La denuncia parte de Observatorio de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental (WSRW), una red internacional que desde hace cuatro años viene insistiendo en la magnitud y el desafuero de ese expolio, apuntando no sólo a Marruecos, sino a los gobiernos español y francés, a la Unión Europea en general y a cuantas empresas se puedan beneficiar de unos recursos que no revierten en sus legítimos propietarios.
El cálculo de beneficios logrado por Marruecos con la explotación de la mina de Bucraa supera los 600 millones de euros, según datos del año pasado, mientras que los 160.000 refugiados saharauis de los campamentos de Tinduf han de conformarse con una ayuda internacional a base de donativos que apenas sobrepasa los 38 millones, a 0,66 euros por refugiado. Mientras empresas extranjeras explotan los recursos pesqueros de la zona, el 18 por ciento de los niños saharauis sufren malnutrición aguda y el 34,4 la padece de modo crónico. Entre los niños y mujeres en edad de procrear, la anemia afecta al 61 por ciento, que llega al 66 entre las mujeres embarazadas.
Añádanse a esos datos que las empresas instaladas en aquel territorio dan preferencia a los trabajadores marroquíes en detrimento de los saharauis, que Marruecos empieza a explotar el turismo de la zona con la próxima construcción de grandes complejos residenciales y que ha suscrito contratos con firmas petroleras internacionales para verificar las correspondientes prospecciones.
Frente a tanta codicia e intereses económicos a compartir por las reconocidas democracias europeas, en connivencia colonialista con el régimen dictatorial marroquí, ¿qué pueden importar los derechos de vida, salud, autoderminación y propiedad de una población autóctona sometida por la fuerza, saqueada y desterrada, a la que nuestra civilizada prestancia de naciones libres tiene a bien consolar con donativos para que no se muera de inanición al raso del desierto?
Por no tener, los representantes del pueblo saharaui han llegado a desertar de la fuerza en la creencia de que sus derechos serían dirimidos civilizadamente. En agradecimiento quizá, en lugar de imponer el derecho de autodeterminación debido, la comunidad internacional reparte limosnas a 0,66 euros por ser humano.
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