Muerte de un antifascista en un vagón de metro

Lazarillo

Decía mi admirado don Emilio Lledó, en una entrevista publicada en el diario El País el pasado domingo, que la característica del fascista es el desprecio al otro, la ignorancia del otro, y que en esta sociedad nuestra no sólo no se cultiva la sensibilidad de los jóvenes, sino que se les somete desde niños a un chorreo de bestialidad a través de los diversos canales que concurren en su entretenimiento. La carencia de una sensibilidad cultivada, unida a los efectos de ese chorreo, puede deparar a la postre el anclaje en una ideología autoritaria, sobre todo si quienes la promueven saben echar el lazo a esa mocedad baldía.

Estamos en tiempo proclives a esa infame cosecha. El fenómeno de la inmigración viene originando, entre determinados círculos juveniles, oscuras y nacientes corrientes de xenofobia de las que a menudo se desprende algún lamentable incidente. La agresión en un tren de Barcelona a una adolescente ecuatoriana, aparte de mostrar el carácter chulesco y abominable del energúmeno que la protagonizó, tuvo el pasado domingo su trágico remedo y continuación en un vagón de metro en Madrid. En este caso no se trataba de acosar o apalear a un inmigrante. La víctima mortal fue un joven ciudadano español de 16 años que aplicó al pie de la letra su derecho a impedir lo que nuestro Código Penal prohíbe: La provocación a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos de etnia, raza u origen nacional.

Eso era lo que subyacía tras el lema Contra la inmigración que la manifestación del partido Democracia Nacional había convocado. La delegada del Gobierno en Madrid alega ahora que al tratarse de un partido legal esa manifestación no podía ser prohibida. Tal argumento peca de notable insuficiencia. En un país como el nuestro, sumamente acrecido en los últimos años por el fenómeno de la inmigración -del que tanto sabemos los españoles-, autorizar una manifestación en su contra, además de un alto riesgo que puede contribuir a degradar la convivencia con ese colectivo, está en contra del capítulo tercero de la Declaración de Derechos Humanos.

La manifestación autorizada por la Delegación del Gobierno en Madrid se saldó con un precio muy alto: el de una vida muy joven cuyo único delito fue salir a la calle a defendernos de la promoción xenófoba y racista que su asesino defendió como mejor sabe su calaña: haciendo vivir a la muerte.