Por una mayor independencia de la TV pública

Celestina Tenerías

Después de padecer durante toda una vida una RTVE vendida a los gobiernos de turno, es de agradecer el cumplimiento de la promesa que el señor Rodríguez Zapatero formuló para la actual legislatura. El actual ente estatal pasará a ser una sociedad anónima pública, cuyo director general dejará de ser elegido a dedo. Seleccionado por concurso público, su nombramiento dependerá de un consejo de administración elegido por el Parlamento por mayoría de dos tercios. Tal consejo de administración se constituirá cada seis años, en evitación de coincidencias con el calendario electoral, y será el máximo responsable de la nueva Corporación RTVE. Al Congreso de los Diputados le incumbirá la misión de destituir a ese consejo si no cumple con la estabilidad presupuestaria durante dos ejercicios consecutivos.

Al margen del escepticismo que pueda despertar la verificación práctica de ese modelo teórico, es indudable que su puesta en marcha supone una variación substancial en la avejentada y manipuladora estructura de RTVE. Son muchos años de inercia partidista e información interesada como para creer que el cambio audiovisual previsto se podrá consolidar sin dificultades. Sobre todo teniendo en cuenta dos rémoras que el ente acumula y soporta por decenios: una deuda de más de 7000 millones de euros y una plantilla superior a los 9000 trabajadores.

La primera, como consecuencia de una prolongada y nefasta gestión empresarial, deberá enjugarla el contribuyente y le corresponderá al gobierno de la nación decidir cómo se hará y en qué plazos. En cuanto a la numerosa plantilla de empleados, no es justo recurrir únicamente a medidas de regulación tales como la jubilación anticipada -de la que ya se habló- cuando se siguen contabilizando cuantiosos dispendios en la contratación de productoras privadas. En este sentido es de agradecer también que en la nueva Corporación se deseche este tipo de producciones externalizadas, aunque sólo sea en los programas informativos.

Puestas las bases para una nueva RTVE, en la que la calidad y la independencia deben primar sobre los objetivos de otras televisiones privadas, es de desear que las televisiones públicas autonómicas hagan lo propio. Algunas, como la de Madrid, dependiente del gobierno del Partido Popular, lo están reclamando a gritos.