La Iglesia y el Estado, pendientes de un acuerdo pecuniario

Félix Población

Aunque un sector del electorado trate de enlodar su trayectoria, este país debería sentirse muy orgulloso del señor Peces Barba. Yo así lo creo y lo pienso. Su figura política y personalidad docente lo avalarían ante cualquier sociedad de convicciones democráticas firmes. Don Gregorio apunta y aporta trazos de luz al discurrir de la vida nacional. Ahora acaba de asegurar que los vigentes acuerdos entre España y el Estado de la Santa Sede no resisten ninguna justificación. Es preciso renegociarlos, sostiene quien fuera ponente en la comisión redactora de la Constitución, sin llegar a ningún enfrentamiento, salvo que la jerarquía eclesiástica se empeñe y siempre que ésta sea capaz de entender que no puede mantener esos privilegios.

En parecido sentido se manifestó no hace mucho el ministro de Justicia con una palabras que sin duda han debido de calar en la cúpula eclesiástica. El señor López Aguilar afirmó que la aportación directa del Estado a la financiación de la iglesia católica no es indefinidamente sostenible. Incluso aseguró que el ejecutivo podría revisar esta situación a finales de año, al margen de que, como es sabido, el gobierno del señor Rodríguez Zapatero haya eludido revisar en esta legislatura los acuerdos hasta ahora suscritos con El Vaticano(*).

Estimo que son esos terrenales asuntos, tan imprescindibles para el mantenimiento de la institución, los que subyacen en la algarada mental propiciada desde los púlpitos con ocasión de la ley que regula matrimonialmente las relaciones entre homosexuales. Toda esa serie de improperios y añejas descalificaciones, más propias de curas trabucaires que de pastores del evangelio de Cristo, no tienen sentido más que a la sombra de esa financiación puesta en tela de juicio. En lo que acaso yerre la católica iglesia, sin embargo, es en el cálculo de la repercusión que puedan tener hoy en día esas soflamas en la sociedad española. Para mí que no será nada provechoso para su valor presencial en nuestro tiempo.

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(*)La aportación estatal directa actualizada con cargo al Índice de Precios al Consumo se ha cifrado este año en 35 millones de euros. La liquidación voluntaria de la iglesia católica no alcanza ni al 70% del total de su financiación. Esta liquidación es insuficiente desde 1989. Este año ha sido de unos 110 millones de euros. Eso significa que el Estado concede de menera adicional una aportación directa, actualizada con cargo al IPC. Iglesia y ejecuitivo saben que esta situación no es indefinidamente sostenible según López Aguilar.