jueves, 30 de diciembre de 2004

El Archivo de la Guerra como núcleo de su memoria

Félix Población

Ignoro si la actitud de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de la ciudad será la misma de aquí a unos meses. O si, ante la inminencia del definitivo traslado de las cajas de la Generalidad de Cataluña, aún se enconará más el afán de resistencia por parte de esas instituciones. Lo cierto es que, una vez dado el dictamen favorable por una comisión de expertos, la ministra de Cultura ha seguido al pie de la letra su criterio no vinculante con la mayor diligencia y una oposición indómita a tal medida no sería lo más inteligente.

Está claro también que una vez abierta la puerta a una parte de la documentación, otros organismos reclamarán con igual derecho lo que les corresponde de ese botín de guerra incautado por el bando rebelde a la España republicana. La confiscación franquista tuvo por objeto el vano intento de anular de la Historia un régimen democrático y contribuir a su más rigurosa y concienzuda represión política. Llegada la primera transición, todo ese material pasó a disposición del Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, sin que entonces se entrara en mayores detalles acerca de su legítima pertenencia.

Gracias a las modernas técnicas de digitalización, nada de lo que se vaya de Salamanca quedará sin su correspondiente copia en los fondos del Archivo, por lo que la integridad de los mismos no corre ningún riesgo de dispersión. Cierto que, a falta de documentos originales -cuyo valor testimonial en papel ácido es perecedero-, el centro perderá su actual denominación, pero eso no impide que, en lo sucesivo, recobre con otra de nuevo cuño, acomodada con una reorganización imprescindible y de largo alcance, una dimensión insospechadamente más útil como entidad de investigación y estudio.

La Junta de Castilla y León debería reconsiderar su actitud ante esta última posibilidad. El señor alcalde de Salamanca debería dejarse de demagogia barata, no exenta de partidismo provinciano, a la hora de plantearse defensas numantinas y argumentos paletos respecto a insospechados enemigos, traidores e hipotecados al tripartito catalán.

Una y otra institución tienen ante sí la facultad de elegir entre una vía que indefectiblemente seguirá su curso, con o sin oposición por su parte, o plantearse la alternativa de reclamar en serio a la administración central lo que ésta parecía tener la intención de ofrecer a cambio del actual Archivo General de la Guerra Civil: ese gran centro de documentación y estudio sobre uno de los episodios históricos que más atención bibliográfica ha generado a lo largo de los siglos. La centralización de toda esa bibliografía en Salamanca ya sería de por sí un proyecto de contenido inestimable y de ambiciosas consecuencias.

La sola perspectiva de una entidad cultural viva que concentrase, potenciase y difundiese la memoria de esa tragedia española, de la que tanto hay que aprender para tratar de evitarla en el porvenir, bastaría como objetivo de hondo y concienzudo planteamiento institucional para dejarse de artificiosas pugnas territoriales y politiqueos de menguada consistencia mental. Si eso se garantizara, cualquier polémica en torno al lugar de ubicación de la testimonial documentación original tendría a la postre la venial consideración que se merece.

Frente a quienes vocearon en la Plaza Mayor de Salamanca el pasado domingo, convocados por su acérrima fidelidad partidista y un concepto muy estrecho de los intereses ciudadanos, la mema brama posesiva de que el Archivo es charro, se debe apostar porque el Archivo sea, en un futuro lo más próximo posible, lugar de investigación y encuentro internacional capaz de generar memoria frente al olvido, la dispersión u otras mermas sobre una de las páginas históricas que más nos conviene preservar del silencio.

Por su dimensión histórica y su honda repercusión en la vida de este país, una revitalización de ese calado tendría positiva repercusión para la calidad cultural nada sobrada de la vieja ciudad universitaria. Cerrarse en banda, sentirse agraviados como región por la reivindicación catalanista y enfrentarse a la administración central no ha de resultar a la larga lo más sensato.

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