Lazarillo
Sabido es por quienes la habitan y visitan: Salamanca es una ciudad con un gran patrimonio eclesiástico. Cada año que los contribuyentes pagan religiosamente el IBI correspondiente a sus propiedades, los hay que reparan en lo que no paga religiosamente la iglesia católica y romana. En total, según datos oficiales facilitados en 2015, el Ayuntamiento de Salamanca dejó de ingresar ese año, en concepto de cuota tributaria del IBI, hasta 923.353’16 euros de bienes de la Iglesia Católica, 392’49 euros de otras confesiones religiosas y 2.251.435,08 de euros en aplicación de la Ley de Fundaciones; en total, por los conceptos mencionados, la cantidad llega a 3.175.180’57 euros (el 7% del total de recaudación prevista para este año 2018 por el IBI).
En la actualidad hay entidades u órdenes vinculadas a la Iglesia Católica u otras confesiones religiosas que se acogen a lo establecido en los acuerdos con el Estado y a la aplicación de la Ley del Mecenazgo (Ley 42/2002), para eximirse del pago de tributos municipales, y que con carácter general se suele conceder. Del mismo modo sucede también con Fundaciones u otras entidades similares, que se acogen a lo establecido en la Ley de Fundaciones u otra legislación equivalente aplicable para eximirse del pago de los impuestos municipales.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca presentará por fin una moción, en el próximo Pleno del Consistorio salmantino, pidiendo la elaboración de un informe técnico que valore la posibilidad de permitir el cobro de tributos municipales a inmuebles que a día de hoy se benefician de exenciones fiscales y en los que se desarrollan actividades lucrativas. Ya es hora. Sobre todo si se tiene en cuenta las medidas sociales que quiere aplicar el vigente Gobierno y a las que bien podrían contribuir en parte ese IBI recaudable:
La sanidad universal podría tener un coste de 1.100 millones, la eliminación del copago farmacéutico a los pensionistas costaría 400 millones y el coste de la supresión de los peajes ascendería a los 450 millones. En total, 1.950 millones de euros de gasto.
Hay que acabar con el blindaje legal del que se beneficia la Iglesia en España en virtud de los cuatro acuerdos firmados por el Gobierno y la Santa Sede el 3 de enero de 1979 (reforma del Concordato nacionalcatólico franquista de 1953), después por la Ley Orgánica 7/1980 de libertad religiosa y más concretamente, amparado por la Ley de Mecenazgo de 2002 (llamada de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo).
DdA, XIV/3896
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