Se pregunta el autor del siguiente texto, teniendo en cuenta los antecedentes en el ámbito educativo propios de la represión dictatorial y dado que la administración autonómica de Madrid habilita a la comunidad educativa para comunicar “incidencias” sobre la conducta política o sindical de los docentes, si lo siguiente -con la derecha extrema en el gobierno- será constituir comisiones depuradoras para docentes, aunque se las llame posiblemente de otro nombre, para disimular. Y no es Vox quien está en ello sino el Partido Popular antes de que gobierne con Vox.
Lucio Martínez Pereda
El Partido Popular introduce en Madrid prácticas de censura, represión y control social propias de la dictadura franquista.
Aún sigo sin salir de mi asombro. Cuando lo leí pensé que entraba en el túnel del tiempo. Pero ya no tengo ninguna duda: lo que está sucediendo en Madrid es un laboratorio de pruebas de lo que sucederá en toda la Educación Pública si el Partido Popular consigue llegar al poder tras estas elecciones. En Madrid, las “delaciones de profesores” se van a vehicular mediante las instrucciones enviadas el 19 de noviembre a los centros públicos no universitarios . Crean un cauce formal para que directores, familias, alumnado y personal comuniquen supuestas incidencias de “neutralidad docente”. La instrucción incluye un modelo normalizado de comunicación de incidencias que convierte a los equipos directivos y a cualquier miembro de la comunidad educativa en cauce para denunciar mediante delación a docentes
Durante el franquismo la delación formaba parte de un aparato represivo que podía terminar en cárcel, depuración, expulsión de la función pública. Cuando el Partido Popular de Madrid habilita formalmente un canal de denuncias sobre las opiniones, símbolos o actitudes del profesorado, el docente debe actuar sabiendo que cualquier gesto puede ser comunicado, interpretado y archivado. Esa anticipación del control es, históricamente, uno de los efectos más duraderos de la delación. La delación no consiste solamente en que alguien denuncie a otro. Consiste en que el poder consiga que la denuncia se vuelva procedimiento: que tenga un formulario, un cauce, un destinatario y una consecuencia administrativa. En el primer franquismo, los informes de vecinos, padres, compañeros y autoridades alimentaron la depuración de los docentes y permitieron que la represión se extendiera más allá de las instituciones policiales. El paralelismo con las actuales instrucciones madrileñas es muy preocupante: cuando una Administración habilita a la comunidad educativa para comunicar “incidencias” sobre la conducta política o sindical de los docentes, recupera una vieja tecnología de control social practicado por la dictadura. El siguiente paso, cuando lleguen al poder, ¿será constituir comisiones depuradoras para docentes pero con otro nombre distinto para disimular?
DdA, XXII/6629

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