Con el adelanto electoral, el Gobierno pretendía que la gente acudiese a votar con la mente puesta en la defensa de sus derechos y así lo hará. Quizá el primero de ellos debiera ser el derecho a manifestarse sin miedo. No se puede decir por la mañana que se apoyan las razones de la huelga y por la tarde apalear a quienes la defienden en las calles de forma pacífica. O Sánchez cesa inmediatamente a Marlaska como gesto político de urgencia o las agresiones de ayer llevarán también su nombre.
EDITORIAL
Una semana más, el ministro del Interior, Grande Marlaska, anuncia una investigación. Se trata ya de una rutina en tres actos que se repite desde hace ocho años: abuso policial con sesgo ideológico, anuncio de investigación o justificación de los hechos por parte del Gobierno más progresista de la historia, y ninguna consecuencia ni asunción de responsabilidades políticas hasta nuevo atropello contra la ciudadanía. Ten mucho cuidado, le dijeron ayer los padres a sus hijos antes de que salieran a manifestarse por su derecho a la vivienda y razón no les faltaba. Tanta precaución tenía un motivo llamado antidisturbios.
La huelga general es un derecho constitucional sagrado. Los sindicatos organizan piquetes informativos, y la ciudadanía la apoya no yendo a trabajar y manifestándose en las calles. El primer deber de las fuerzas de seguridad es hacer respetar esos derechos y mantener el orden público para evitar posibles incidentes o disturbios. Pero este 11 de noviembre, como tantas veces en el pasado, sucedió justo lo contrario. Mientras cientos de miles de personas mostraban su respaldo a la huelga de forma totalmente pacífica, los incidentes los creó y los provocó la Policía Nacional. Vimos a los funcionarios públicos dirigidos por Marlaska usar gases lacrimógenos contra ciudadanos estáticos, agredir sin mediar violencia previa a manifestantes, realizar cargas masivas sin justificación alguna, cachear e identificar a periodistas, y finalmente cortar la manifestación autorizada de Madrid para evitar que llegara a su destino y para provocar un final violento.
Fue una huelga general histórica, la primera en 14 años. Y resulta asombroso que la única nota negativa la pusiera la policía, que llegó a agredir a personas sin techo, a diputados, a periodistas. Esos actos vandálicos, totalmente gratuitos, se vivieron por todo el Estado, lo que sugiere dos cosas: o bien Marlaska dio esas órdenes, o bien el Gobierno es incapaz de controlar a amplios sectores de la policía tomados por la ultraderecha y que actúan por libre. Aplicar la Ley Mordaza a destajo, en muchas ocasiones sin la identificación legalmente exigida, es un abuso ilegal de autoridad que no se resuelve con parches como la prohibición de usar gases lacrimógenos anunciada por Marlaska para tratar de paliar la alarma social generada.
La mayoría de la población, incluyendo el votante de izquierdas, aplaudió hace unos días la dimisión del ministro Óscar Puente porque asumir responsabilidades políticas es un imperativo democrático. Imperativo del que Marlaska lleva huyendo muchos años con la complicidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde CTXT y Acción contra el Odio exigimos el cese inmediato de Fernando Grande Marlaska. El ministro ha demostrado ser incapaz de garantizar que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado defiendan el derecho a protestar de toda la ciudadanía y sean un ejemplo de convicciones democráticas. Mientras la policía acompaña amablemente a los grupos y agitadores neonazis, provoca y masacra a sangre y fuego las protestas de la ciudadanía progresista. Marlaska debe estar fuera del Gobierno antes del 29N como forma de reparación tardía frente a una mayoría que siente no ya como ajena a la policía, sino como una amenaza.
Con el adelanto electoral, el Gobierno pretendía que la gente acudiese a votar con la mente puesta en la defensa de sus derechos y así lo hará. Quizá el primero de ellos debiera ser el derecho a manifestarse sin miedo. No se puede decir por la mañana que se apoyan las razones de la huelga y por la tarde apalear a quienes la defienden en las calles de forma pacífica. O Sánchez cesa inmediatamente a Marlaska como gesto político de urgencia o las agresiones de ayer llevarán también su nombre.
DdA, XXII/6621
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