Doce personas han fallecido entre las llamas y 19 se encuentran hasta el momento desaparecidas como consecuencia del incendio que se produjo en el municipio almeriense de Los Gallardos. Hasta ahora, en los innumerables incendios que tienen lugar en España cada verano y que con los de Grecia y Portugal suman millones de hectáreas en los últimos años -especialmente extensos-, nunca se había registrado tal número de víctimas mortales, que posiblemente sea mayor al actual. Lo más grave del caso es que, a comienzos de este verano y cuando arrancaba la campaña de prevención y alto riesgo de incendios forestales, la Junta de Andalucía redujo la plantilla de antes medioambientales. La información fue difundida por La Sexta, asegurando que la Consejería de Sostenibilidad y Medio ambiente del gobierno andaluz -según el pacto suscrito con Vox- había reducido esa plantilla en un 14 por ciento. Así, con relación al mes de septiembre del año anterior, había este año casi un centenar (96) de profesionales menos en la prevención y extinción de incendios. Si se tiene en cuenta que respecto al verano anterior se han incrementado las temperaturas -sin saber las olas de calor que nos esperan-, lo ocurrido en Almería debería servir para que el electorado andaluz reparase en las consecuencias que tiene contar en aquel gobierno con responsables de departamento que niegan el cambio climático. Deberíamos confiar, ante el número de victimas que han perdido la vida en Los Gallardos, que el gobierno de la Junta de Andalucía, de reciente composición, ponga en alerta una política de prevención y extinción de incendios forestales que incremente efectivos y no que los reduzca. También sería de esperar una autocrítica, pero ya sabemos que, incluso con víctimas mortales de por medio, esto es extraño en la política española. Un ambiciosa política de prevención de los incendios forestales sí debería ser una prioridad nacional.
DdA, XXII/6403
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