Alemania prometió que nunca más sería cómplice de un genocidio. Hoy encarcela a quienes intentan impedir uno. Los Cinco de Ulm llevan meses en prisión preventiva por una acción, realizada en septiembre de 2025, contra instalaciones de Elbit Systems, una de las principales empresas armamentísticas que abastecen al ejército israelí. No están acusados de haber atacado a personas ni de representar una amenaza para la seguridad pública. Sin embargo, en el juicio que se está siguiendo contra ellos comparecen en jaulas de cristal y esposados. Mientras, permanecen sometidos a condiciones de detención que vulneran principios fundamentales del Estado de derecho y la presunción de inocencia.
Pero el problema no son los Cinco de Ulm, entre ellos una ciudadana española. El problema es Alemania. Durante décadas, Alemania construyó una identidad política basada en la promesa del Nunca Más. Sin embargo, Gaza ha revelado que el país que juró que nunca volvería a colaborar con crímenes de exterminio vuelve a encontrarse del lado de quienes los hacen posibles.
Y esta vez lo hace frente a un derecho internacional consolidado y contra resoluciones judiciales inequívocas. La Corte Internacional de Justicia ha dictado medidas cautelares de obligado cumplimiento para prevenir el genocidio en Gaza. Obligan no solo a Israel, sino también al resto de la comunidad internacional. A partir de ellas, ningún gobierno puede afirmar que ignoraba lo que estaba ocurriendo.
Cuando Alemania y EEUU continúan proporcionando apoyo político, diplomático, económico o militar a un régimen que se parece demasiado al que Europa prometió no volver a tolerar jamás, la cuestión de la responsabilidad deja de ser abstracta.
En derecho penal existe una figura bien conocida: la cooperación necesaria. Un crimen no lo comete únicamente quien aprieta el gatillo. También es responsable quien proporciona los medios sin los cuales ese crimen no podría cometerse. La justicia internacional ya ha aplicado este principio. El caso más conocido es el de Charles Taylor, expresidente de Liberia, condenado por facilitar armamento a grupos responsables de atrocidades masivas en Sierra Leona.
La pregunta resulta inevitable. Si los Cinco de Ulm están hoy sentados en el banquillo por intentar impedir que esas armas siguieran llegando a Gaza, ¿no sería más razonable preguntarse si quien debería estar sentado en el banquillo de acusados ante la Corte Penal Internacional junto a Benjamin Netanyahu es el canciller alemán Friedrich Merz o el presidente de EEUU? Incluso la inacción puede generar responsabilidad jurídica. Así lo reconoció recientemente el Tribunal de Apelación de Bruselas, en marzo de 2026, al advertir de que la pasividad de las autoridades belgas frente a lo que sucede en Gaza puede tener consecuencias legales. Pero el caso alemán va mucho más allá de la inacción. Estamos hablando de colaborar.
Quizá la respuesta a esa pregunta hay que buscarla en el pasado colonial de Alemania en Namibia. Quizá por eso Gaza ha abierto una herida tan profunda. ¿Qué ocurre cuando quienes sufren la deshumanización no son europeos sino árabes, musulmanes o palestinos? La respuesta la estamos viendo hoy. En Alemania, cada vez con más frecuencia, la criminalización se dirige contra palestinos, árabes, musulmanes e incluso contra judíos que rechazan identificar el judaísmo con las políticas del Estado de Israel.
Ochenta años después de Auschwitz, el problema no es que el antisemitismo haya desaparecido. El problema es que las estructuras mentales que hicieron posible la deshumanización se han desplazado hacia otros cuerpos y otros pueblos. Alemania prometió que nunca más permitiría que un pueblo fuera reducido a una categoría inferior de seres humanos.
Por eso el caso de los Cinco de Ulm importa mucho más de lo que parece. Si quienes intentan impedir un genocidio terminan entre rejas mientras quienes contribuyen a hacerlo posible ocupan los despachos ministeriales, ¿quiénes son realmente los criminales?
CTXT DdA, XXII/6378
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