La justicia no puede funcionar según el apellido, la ideología o el interés mediático del momento. Porque cuando unos son protegidos y otros expuestos al escarnio público sin pruebas firmes, la ciudadanía empieza a percibir algo muy peligroso: que la justicia no es igual para todos.
Ricardo Miñana
Joaquín Bosch lo ha dicho claramente: la ley prohíbe expresamente publicar diligencias de investigación en fase de instrucción. Y, sin embargo, vemos una y otra vez cómo se filtran datos personales, imágenes, registros y detalles íntimos de determinadas personas con absoluta impunidad.
Lo sucedido con las joyas halladas a Zapatero resulta profundamente obsceno. Se habla de objetos personales y heredados de la familia, cuestiones íntimas que jamás deberían acabar convertidas en espectáculo televisivo. Se han difundido detalles privados al milímetro para alimentar el morbo y el escarnio público, vulnerando cualquier mínimo respeto por la intimidad y la presunción de inocencia.
Porque aquí ya no hablamos de información: hablamos de exhibición pública y de manipulación política. Las investigaciones judiciales se están utilizando como herramientas de desgaste mediático. Se filtran documentos, registros y detalles reservados mientras determinados medios montan juicios paralelos en horario de máxima audiencia.
Y lo más indignante es la doble vara de medir. Sobre las joyas personales halladas, a muchos nos gustaría que le abrieran la caja a Aznar, Montoro, Rajoy, Ayuso, Feijóo y compañía para ver el mismo despliegue televisivo minuto a minuto. Pero no ocurre. De cierta derecha política todo se protege, todo se minimiza o directamente se oculta. En cambio, cuando el señalado pertenece a la izquierda, se retransmite prácticamente en directo para convertirlo en un espectáculo de humillación pública.
Eso es lo que genera una sensación creciente de desigualdad ante la justicia. Porque las filtraciones existen constantemente, pero solo algunas se convierten en operaciones de demolición mediática perfectamente sincronizadas. El caso del fiscal general del Estado es otro ejemplo evidente: se le señaló y se le condenó públicamente antes de demostrar nada concluyente, mientras otros casos similares jamás recibieron el mismo trato judicial ni mediático.
Y aquí alguien debería asumir responsabilidades. Si desde un juzgado salen continuamente datos reservados, imágenes y diligencias protegidas, el problema no es solo quien publica, sino también quien permite o no controla esas filtraciones. No puede ser que la fase de instrucción se haya convertido en una herramienta de presión política y manipulación colectiva.
La justicia no puede funcionar según el apellido, la ideología o el interés mediático del momento. Porque cuando unos son protegidos y otros expuestos al escarnio público sin pruebas firmes, la ciudadanía empieza a percibir algo muy peligroso: que la justicia no es igual para todos.
DdA, XXII/6358
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