La desclasificación llega cuando ya casi no quedan testigos incómodos en activo: unos por edad, otros por defunción. Se desclasifican cosas cuando ya no molestan, cuando el riesgo de que salgan nombres, o conversaciones comprometedores ha disminuido hasta volverse casi inexistente. En noviembre de 2024, Podemos lo intentó con una moción: desclasificar sin esperar la reforma de la nueva ley de Secretos . El PSOE votó en contra junto a PP y Vox. Si el general golpista Armada soñaba con un gobierno de concentración que incluía a Felipe González, Peces-Barba o Múgica, quizá convenía no abrir ciertas carpetas. Veremos en qué queda la desclasificación anunciada, que esta es otra.
Lucio Martínez Pereda
El Gobierno ha decidido, por fin, desclasificar la totalidad de los documentos relacionados con el 23 de febrero de 1981. Lo ha hecho invocando una deuda histórica con la ciudadanía, fórmula solemne pero también conveniente. La desclasificación llega cuando ya casi no quedan testigos incómodos en activo: unos por edad, otros por defunción. Se desclasifican cosas cuando ya no molestan, cuando el riesgo de que salgan nombres, o conversaciones comprometedores ha disminuido hasta volverse casi inexistente.
Las solicitudes de desclasificación de los documentos del 23-F han seguido hasta ahora un largo periplo de intentos, desde los primeros intentos pos-transición hasta este anuncio gubernamental de febrero de 2026. Desde finales de los 80, el PNV y, más tarde, nacionalistas vascos y catalanes, insistieron en abrir los archivos militares y del CESID sobre el golpe de 1981, el sumario del Tribunal Supremo, los informes de inteligencia, las cintas de las conversaciones telefónicas interceptadas, el famoso Informe Jáudenes, las escuchas de la Zarzuela y los despachos militares.
Estas peticiones chocaron con la ley de Secretos Oficiales de 1968, un vestigio franquista. La ley sin plazos automáticos de desclasificación dejaba la decisión en manos cada Gobierno. El PNV, fiel a su costumbre de pedir cuentas sobre la Transición, presentó varias proposiciones no de ley para reformar la ley franquista y establecer desclasificaciones automáticas a los 25 años para la materia documental calificada como Secreto y 10 para los Documentos Reservados .
En 2021, ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, BNG y Podemos registraron proposiciones no de ley exigiendo desclasificar escritos, audios y vídeos del 23-F. Una de ellas llegó al Pleno: se aprobó con los votos de PSOE, Unidas Podemos e independentistas, frente al no de PP, Vox, Cs, UPN y Foro. El texto en lugar de ordenar la desclasificación inmediata, instaba al Gobierno a «promover los cambios necesarios en la Ley de Secretos Oficiales» para hacerlo «de acuerdo a los criterios establecidos en la nueva legislación».
En noviembre de 2024, Podemos volvió a intentarlo con una moción en Pleno: desclasificar sin esperar la reforma de la nueva ley de Secretos . El PSOE votó en contra junto a PP y Vox. Los socios del Gobierno – PNV, ERC, Junts- se quejaron : «¿Por qué no lo hicisteis cuando gobernabais con mayoría absoluta en 1982-1996?». Añadieron con sorna que si el general golpista Armada soñaba con un gobierno de concentración que incluía a Felipe González, Peces-Barba o Múgica, quizá convenía no abrir ciertas carpetas.
Así llegó finalmente el 23 de febrero de 2026, cuarenta y cinco años después del asalto de Tejero. El Gobierno -con la nueva ley de Secretos todavía congelada en el Congreso- optó por la solución necesaria, justa y rápida: su desclasificación por decreto, vía Consejo de Ministros*.
Es de esperar que con la desclasificación de documentos relativa al 23-F, anunciada por el presidente del gobierno 45 años después de los hechos, no se haya referido a la emisión en abierto por TVE de Anatomía de un instante.
EL CUADERNO DdA, XXII/6273
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