Cuatro asociaciones de víctimas de abusos cargan contra el arzobispo de Oviedo y piden al Papa su cese
Las asociaciones consideran que en algunos casos las palabras del prelado «son un claro ejemplo de insolente negacionismo, cuando no de insoportable exaltación de la pederastia». Jesús Sanz Montes calificó no hace mucho el pacto Iglesia-Estado al respecto de “arma de distracción masiva”. Lo cierto es que el citado prelado aparece como encubridor, cuando era obispo de Jaca y Huesca, de dos casos de abusos en la base de datos del diario EL PAÍS, la única contabilidad existente sobre pederastia en el clero de España, un país en el que la iglesia católica contó con el favor total y los privilegios concedidos por la dictadura franquista durante cuatro décadas. Es de suponer que del arzobispo que le toco en suerte no hablaría el presidente del gobierno autonómico de Asturias en la audiencia que le concedió recientemente León XIV, y eso que Adrián Barbón ha tenido ocasión de soportar algunas homilías del arzobispo de Oviedo, proclives a la extrema derecha. Las declaraciones de monseñor Sanz Montes de las que aquí se informa son de esa laya y el Papa que vive en Roma debería estar enterado de la trayectoria de uno de sus monseñores.
Fuentes: El País (Eleonora Giovio) / El Comercio (E.P-S.V.)
Cuatro asociaciones de víctimas de pederastia en la Iglesia española han pedido al papa León XIV el cese del franciscano Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo por criticar, en una columna de opinión en el diario Abc, el acuerdo entre Estado e Iglesia para el reconocimiento y la reparación de las víctimas de pederastia en el clero español. Lo calificó de “arma de distracción masiva”. Asimismo, Justice Initiative España, la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), la Asociación de Víctimas de Abusos (AVA) y la Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia Lulacris han pedido a la orden franciscana su “condena pública” y que tomen “las medidas pertinentes para sancionarle de modo eficaz y adecuado”. Así lo expresan: “Creemos que en ningún caso representa los valores de la Iglesia católica”.
Sanz tildó el acuerdo firmado el pasado jueves por el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) de “arma de distracción masiva”. Según el arzobispo de Oviedo, el acuerdo es sectario porque deja fuera la gran mayoría de los abusos en la sociedad española y acusa al Gobierno de “querer señalar” a unos victimarios concretos, algo que él considera una “fijación” para desviar la atención y crispar el ambiente.
En el texto, el arzobispo de Oviedo cuestiona que el Ejecutivo plantee un acuerdo vinculante con la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia de Religiosos para fijar indemnizaciones, con la intervención del Defensor del Pueblo en caso de desacuerdo, y considera que se trata de un esquema en el que «el Gobierno marca el precio, señala al pagador y elige al árbitro». Las víctimas denuncian que, «en algunos casos» y en su opinión, «son un claro ejemplo de insolente negacionismo, cuando no de insoportable exaltación de la pederastia». «Es necesario limpiar la iglesia de personajes indolentes, inservibles y portadores de indicios más que evidentes de colaboración con la omisión de socorro a las víctimas de pederastia y de acrecentar su dolor con expresiones propias de revictimización», apuntan.
Así lo escribe: “No se trata de una decisión que pone en marcha el Ejecutivo gobernante teniendo en cuenta a todas las víctimas, sino sólo a las que se inscriben en las filas de los clérigos y religiosos católicos. Extraña opción que se focalice solo en la Iglesia los casos de abusos cuando estos representan el 0,2%, quedando casi impune de facto el 99,8% restante”.
También le acusan de llevar a cabo una «persecución a las víctimas sin descanso» y advierten de que las conclusiones del arzobispo sobre el acuerdo Iglesia-Estado «tienen muchos elementos perseguibles en un juzgado». Por ello, avanzan que están valorando una denuncia judicial a su persona. El Defensor del Pueblo, sin embargo, publicó en octubre de 2023 los resultados de su informe, en el que constataba que un 1,13% de la población residente en España —unas 440.000 personas, según cálculos de este periódico— ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según estima una encuesta a gran escala que encargó para incorporar al estudio.
Y añade, refiriéndose al “arma de distracción masiva”: “Es un momento en el que necesitan sacar cualquier conejo de su chistera para llamar la atención disuasoriamente, crispando el ambiente con polémicas sensibles que enfrentan dialécticamente a una sociedad saturada de escándalos y procesos judiciales que implican a los imputados y encarcelados conocidos, cuyas siglas políticas y responsabilidades de gobierno no hace falta ni siquiera explicitar”.
El argumento de que los abusos no son algo que pertenece únicamente a la Iglesia es el que han utilizado los obispos hasta la firma del acuerdo para negarse a suscribirlo y a reparar a las víctimas. Las que han pedido el cese de Sanz al Papa aseguran que “no es de recibo tener a alguien de su perfil en un cargo de responsabilidad en la institución”. Recuerdan, además, en su comunicado, que el arzobispo de Oviedo “llegó, dentro de su amplia colección de insultos y faltas continuadas de respeto, a acusar a un grupo de víctimas del Seminario Menor de La Bañeza, León, de ser los causantes de un infarto letal en la persona de un obispo de la Iglesia de España”.
“Me siento indignado con las palabras de este señor, porque por primera vez se consigue dar un paso que incluye la aceptación de la iglesia en la búsqueda de la verdad y la reparación y aparece una voz disidente diciendo que es un acto político e intentando diluirlo en medio de los abusos que hay en la sociedad. Me gustaría preguntarle a Sanz con cuántas víctimas de abusos se ha reunido antes de escribir lo que ha escrito”, lamenta a este periódico Fernando García, víctima de abusos en la Iglesia y uno de los portavoces de ANIR.
En la base de datos de EL PAÍS, la única contabilidad existente en España sobre la pederastia en el clero, Sanz, que fue obispo de Jaca y Huesca entre 2003 y 2009, figura como acusado[1]de encubrir un caso después de que una víctima le entregase una carta contando los abusos que un sacerdote ejerció sobre ella cuando era menor. También le visitó personalmente y no hizo nada. Sanz, con la misiva en la mano, le comentó que no se podía hacer nada. “Me dijo que era mi palabra contra la suya, que le habían apartado unos años antes de mi denuncia por otros asuntos y que estaba bajo vigilancia”, relató la víctima a este periódico. A su vez, está señalado de encubrir un caso de abusos en 2012, cuando la víctima (que fue agredida en los setenta) le escribió una carta contando lo sucedido y el obispo no le recibió. Tampoco apartó ni abrió un proceso contra el acusado.
El documento firmado entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos señala que será el Defensor del Pueblo el que estudiará cada caso de reparación, “elaborará una propuesta de reconocimiento de la condición de víctima que incluya la reparación pertinente” y, si las partes no están conformes, será el encargado de “adoptar la resolución definitiva”. Hasta ahora, la Iglesia era juez y parte en los procesos de investigación e indemnización.
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Notas Asturias Laica
Sobre encubrimiento de abusos por el obispo Sanz Montes citados en El País, en el blog de Asturias Laica
Lista de los 39 obispos españoles acusados de tapar casos de pederastia en la Iglesia:
Jesús Sanz Obispo de Jaca y de Huesca (2003-2009), arzobispo de Oviedo, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y comisario pontificio de Lumen Dei. Está acusado de encubrir un caso después de que una víctima le entregase una carta contando los abusos que un sacerdote ejerció sobre ella cuando era menor. También le visitó personalmente y no hizo nada. También está señalado de encubrir un caso de abusos en 2012, cuando la víctima (que fue agredida en los años 70) le escribió una carta contando lo sucedido y el obispo no le recibió. Tampoco apartó ni abrió un proceso contra el acusado.
Asturias Laica DdA, XXI/6227
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