EL TRIBUNAL SUPREMO HA ABIERTO UN PROCESO CONTRA EL PERIODISMO

La Sala de lo Penal del Supremo ha abierto un proceso contra el ejercicio de la profesión, negando todo el crédito a los testigos periodistas

Soledad Gallego Díaz

El desprecio por el periodismo profesional que ha mostrado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es intolerable. El periodismo no es un oficio basura ni sus profesionales, los únicos ciudadanos españoles cuyo testimonio no vale en sede judicial y, sin embargo, esa ha sido la actitud adoptada por la Sala, hasta el extremo de que el presidente, Andrés Martínez Arrieta, llega a advertir a un periodista que no le “amenace” cuando este le muestra el dilema moral en que se encuentra. Afirma que su fuente no fue el fiscal general del Estado, pero el secreto profesional le impide revelar ante el tribunal al auténtico filtrador, porque así lo establece el artículo 20.1.d de la Constitución. ¡La reacción del juez es atajar cualquier posible testimonio o simple aclaración, acusando al periodista de querer hacerle algún mal, a él, al juez!.

Es la actitud de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la que está causando un daño intencionado al periodismo, un daño grave y perverso. Los periodistas, como cualquier otro ciudadano, se encuentran sometidos a las leyes y están obligados a decir la verdad ante sede judicial. Y, si algún juez estima que ese periodista está mintiendo intencionadamente, tiene la obligación de abrirle el correspondiente procedimiento penal. ¿Qué sucederá en el caso hipotético de que el tribunal condene al Fiscal General por revelación de secretos? Ante el tribunal, todos los periodistas que declararon como testigos y afirmaron que podían asegurar que no fue García Ortiz el autor de la filtración habrían mentido. Pero el periodista no puede mentir ante un juez en su condición de testigo. De ninguna forma. Lo único a lo que está autorizado es a mantener el secreto de su fuente, un elemento esencial para la protección de informaciones delicadas.

Lo que ha hecho la Sala de lo Penal tendrá repercusiones muy serias en el ejercicio del periodismo y en la relación entre el periodismo profesional y determinados estamentos de la Justicia. La Sala ha abierto un proceso contra el periodismo, negando todo el crédito a los testigos periodistas. Debemos ser los propios periodistas los que aclaremos de una vez por todas que el ejercicio del periodismo no autoriza la mentira. Y que los jueces no pueden negarnos el prestigio en la misma condición que a la de cualquier otro testigo. Años y años de ejercicio profesional escrupuloso no pueden quedar barridos en un instante, destrozando la reputación de personas que han demostrado que ejercen su actividad con capacidad y aplicación relevantes. Años y años de lucha por mantener altos estándares del periodismo profesional no pueden quedar hundidos en unos pocos días por la falta de respeto de algunos jueces por un oficio que cada día necesita más la sociedad para sortear uno de los grandes peligros de nuestra época: inculcar en los ciudadanos la idea de que no existe la verdad.

El que pueda hacer -incluido el ridículo-, que lo haga, dijo Aznar, y allá que fueron

Gerardo Tecé

Sin fecha aún para el juicio contra don Alberto Quirón –criminal confeso, según su abogado–, ha quedado ya visto para sentencia el juicio contra el fiscal general del Estado, acusado de desmentir un bulo lanzado por el entorno del primero. Tal y como hemos podido comprobar a lo largo de las sucesivas sesiones, esta cita en el Supremo nada tenía que ver con revelaciones de secretos –ese deporte nacional– sino con todo lo contrario. La cosa iba sobre una gigantesca realidad a la vista de todos desde hace tiempo. Con un enorme descaro sobre el que ahora deberá decidir un tribunal de mayoría conservadora respondiendo a la siguiente cuestión: tras investigar e imputar de manera sistemática a rivales políticos basándose en bulos e interpretaciones retorcidas, ¿está dispuesta la derecha judicial española a llegar hasta el final del camino procediendo a condenar sin pruebas?

De esto va un juicio que durante seis sesiones nos ha dejado relatos memorables, si es que puede ser memorable algo que gira en torno al envío de un email. Atentos los pioneros en historias sobre mails, Tom Hanks y Meg Ryan –You’ve Got Mail, 1988– porque el juicio comenzó con Alberto González Amador denunciando que, tras haber fabricado facturas falsas para tangarle 350.000 euros a Hacienda, ser trincado, reconocer sus delitos para evitar la trena y mentir la novia y el jefe de gabinete en público, su vida se fue a la mierda por un bulo desmentido. Uno está tan tranquilo y la vida, zas, te golpea. Tan hundido se mostró don Alberto De La Puerta Del Sol y Todos Los Maseratis que estaba dudando, explicó en sede judicial, si irse de España o quitarse la vida. Chúpate esa, Hollywood. 

Tras don Alberto, turno para don Miguel Ángel Rodríguez, animador sociocultural y organizador de este bolo que, ni en sus mejores borracheras, hubiera imaginado que un sarao de estas dimensiones surgiese de su rutina diaria de skincare, consistente en lanzar mentiras. Nunca sabes cuál puede ser la buena. Menos dramático que don Alberto, don Miguel Ángel explicó, divertido y risueño, que él no tiene ni fuentes ni grifos ni filtro, que él va lanzando mierda y que así fue cómo se le ocurrió publicar la historia digna de Premio Planeta. El pobre Alberto iba un día por la calle, lo asaltó un fiscal, le dijo la bolsa o la cárcel, Alberto, tipo pacífico, fue a pagar y de repente Pedro Sánchez, que andaba merodeando, rompió el acuerdo al grito de “cárcel, cárcel, que es lo que les jode”. Yo qué sé, yo no soy notario para ir por ahí diciendo la verdad, explicó el bueno de MAR que, al finalizar su faena, saludó al tendido y se largó a sus labores, que son dirigir la Comunidad de Madrid.

Más aburrido que todo lo anterior fueron las declaraciones de los periodistas citados como testigos. Uno por uno, los profesionales de la información desfilaron asegurando haber tenido en su posesión el famoso correo antes de la fecha en la que se investiga la supuesta filtración del fiscal. Es decir, que salvo que fuese capaz de viajar en el tiempo, aquel juicio que nunca debió haber comenzado, acababa de perder todo el sentido. Quizá el momento más destacado y que mejor resuma este capítulo de periodistas frente a jueces fue cuando José Precedo, director adjunto de eldiario.es, dijo que el fiscal era inocente y que si podía asegurar esto era porque conocía la identidad real del filtrador, que por secreto profesional no podía hacer pública. “No nos amenace”, fue la respuesta del presidente del tribunal ante la posibilidad de que un testigo desvelase la verdad.  

Sin aportar pruebas de la culpabilidad del fiscal, llegó la UCO. Un agente dijo estar convencido de la culpabilidad del fiscal porque si el mail salió de Fiscalía y el mandamás es García Ortiz, blanco y en botella. Elemental, querido Watson. Un agente que tuvo que escuchar a la defensa preguntándole cómo podía no tener dudas al respecto si ese mail estaba al alcance de más de 400 trabajadores de la Fiscalía. Que soy compañero, coño, estuvo a punto de gritarle a los jueces allí presentes pidiendo amparo. Por si este mal rato fuera poco, el agente tuvo que defender su buen hacer presentando como indicio de complot en la Fiscalía una conversación troceada que ocultaba una visita a un oftalmólogo. Quitamos esa parte por temas de privacidad, dijo riéndose un poco porque el patriotismo a veces es difícil de disimular. El que pueda hacer –incluido el ridículo– que lo haga, pidió Aznar y allá que fueron los voluntarios incrustados en todos los organismos del Estado.

Visto para sentencia. Si los axiomas de la justicia siguen vigentes, sólo puede haber condena cuando se demuestra la culpabilidad del acusado y esto no ha sucedido. No ha aparecido una sola prueba inculpatoria, ni durante la instrucción ni durante el juicio. Lo cual no quiere decir que el fiscal no vaya a ser condenado. Siempre hay atajos en la defensa de la España fetén. El más probable es el camino de las pruebas indiciarias. Dicho en castellano: no podemos demostrar nada, pero tiene pinta de que ha sido este pavo. Los pilares de la Doctrina Tiene Pinta serían dos. Que el fiscal general es quien manda en la Fiscalía –argumento que convierte a Felipe VI en responsable de las fiestas de Froilán– y que borró los mensajes de su teléfono. Algo oculta. Una medida de seguridad rutinaria, explicó el acusado, que en este punto debería haber sido honesto y no lo fue: lo borró porque, de haberse hecho la UCO con sus conversaciones, al día siguiente la filtración hubiese sido lo de menos. Habrían sido publicadas en todos los panfletos de ultraderecha subvencionados por la novia de don Alberto Quirón sin consecuencia ni posibilidad de rastrear la filtración. Toca decidir. Si la apuesta es, qué remedio, la absolución por falta de pruebas, será una absolución condenatoria. Una sentencia que, emitida por la mayoría conservadora, haga hincapié en que por las artimañas del fiscal no pudo demostrarse lo que era evidente. Pase lo que pase, la derecha mediática y política podrá seguir con su relato. De esto se trata, en realidad, todo este asunto. 

EL PAÍS  y CTXT