En el artículo se afirma que el otrora llamado Valle de los Caídos debería correr la misma suerte que la esvástica del estadio de Núremberg, dinamitada por las tropas norteamericanas, por lo que procesar el humor de Héctor de Miguel (Quequé) al respecto es un ejemplo flagrante de comportamiento antidemocrático de la judicatura española, la única en los países de nuestro entorno en la que existe una corporación colegial llamada Jueces y Juezas para la Democracia porque hace falta hacerlo constar en ese gremio.
Rafael Narbona
El magistrado Carlos del Valle, famoso en los ochenta por ordenar redadas contra los centros de planificación, ha procesado a Héctor de Miguel, alias Quequé, por bromear sobre la demolición del Valle de los Caídos, un monumento franquista construido con mano de obra esclava. Aficionado a los toros, Carlos de Valle es un ejemplo del carácter profundamente antidemocrático de la judicatura española, siempre alineada con la derecha y la extrema derecha.
Un sistema absurdo y clasista de oposiciones favorece desde hace décadas el ingreso en la judicatura de licenciados en derecho procedentes de familias nostálgicas de la dictadura. Es suficiente disfrutar de una posición acomodada para pasar cinco años memorizando leyes hasta conseguir repetirlas como un papagayo. Ese método ha propiciado que muchos hijos de jueces franquistas y miembros del Opus Dei obtengan la toga y aproveche su puesto para hacer política. De ahí que se haya condenado a jóvenes de izquierdas sin pruebas concluyentes (los seis de Zaragoza, en la cárcel desde hace bastante tiempo) o se haya procesado a figuras de la cultura por expresar opiniones que se consideran subversivas. En cambio, jamás se adoptan iniciativas contra ultraderechistas que promueven el odio, lanzan bulos y amenazas o contra políticos -o familiares- de la derecha implicados en casos de corrupción. Dejar morir a 7.2191 ancianos no es un delito. Por el contrario, bromear sobre un monumento franquista constituye un ataque contra la paz, la libertad y la convivencia.
Salvo Adolfo Suárez, los políticos de la derecha española nunca han sido demócratas. Cubiertos de mugre franquista, cada vez que les ha tocado ocupar el lugar de la oposición, han puesto en marcha golpes de estado encubiertos apoyándose en la judicatura y la policía. La "policía patriótica" de Jorge Fernández Díaz y las maniobras para proteger a Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, es un ejemplo de esa perversa estrategia. Carlos del Valle ha procesado a Quequé por algo que opinan casi todos los españoles con una conciencia democrática: el Valle de los Caídos debe correr el mismo destino que la esvástica del estadio de Núremberg, dinamitada por el ejército estadounidense.
El Valle de los Caídos no es un monumento erigido para promover la reconciliación, sino para celebrar el triunfo de un golpe de estado. Fue construido mediante trabajos forzados, empleando a presos republicanos. La celebrada Transición ni siquiera organizó una Comisión de la Verdad para juzgar los crímenes del franquismo. La impunidad de los jueces y ministros que habían dictado sentencias de muerte y de los policías que habían utilizado sistemáticamente la tortura nos ha llevado a este escenario.
Mientras se procesa a un cómico, Abogados Cristianos, una organización ultraderechista, goza de una vergonzosa impunidad para acosar, calumniar e intimidar a los que se atreven a expresar sus ideas. La tibieza del PSOE en ciertas cuestiones (¿por qué no ha indultado a los seis de Zaragoza?) solo favorecerá el triunfo del binomio PP-VOX en las próximas elecciones. España se sumará así a la oleada reaccionaria que barre el planeta y los Abogados Cristianos, que no creen en la justicia ni en el evangelio, recrudecerán sus obscenas campañas. Hay que despertar. El huevo de la serpiente ya ha comenzado a eclosionar.
Espero que Quequé logre salvarse de esta agresión antidemocrática y continúe regocijándonos con su ingenio. Si le condenan, todos perderemos.
DdA, XXI/5.914
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