Félix Población
Podría ocurrir en este país nuestro de no pocas singularidades que, mientras el presidente de una comunidad autónoma se mantiene en el cargo porque así se lo exige el presidente de su partido, una multitud de sus conciudadanos no dejara de manifestarse en su contra periódicamente demandando su dimisión por la nefasta gestión durante una riada trágica que supuso la muerte de más de 200 personas. Esta cuarta concentración tendrá lugar el próximo 1 de febrero en Valencia, después de que en las anteriores se alcanzaran cifras que fueron decreciendo desde las 130.000 hasta las 80.000 personas, según fuentes de la Delegación del Gobierno. Convocadas por más de 200 entidades cívicas, lo que en la sede central del Partido Popular en Madrid se interpretará públicamente, según es costumbre de la derecha extrema, es que otra vez la izquierda politizará la tragedia, tratando de sacar rédito de las víctimas. También su líder provisorio, a la espera de Isabel de España, comentará con su subordinado Mazón que posiblemente estas convocatorias vayan decreciendo hasta que se diluyan del todo los gritos de "¡Mazón dimisión!". No estando en periodo electoral, ya pueden manifestarse los valencianos con toda la indignación que les quepa, que no habrá cambios al frente de la Generalitat, por nefasta que haya sido la gestión del Consell, sea evidente ahora la falta de transparencia y la la incompetencia en la reconstrucción. No deberían olvidar los valencianos, ante la desvergüenza de Feijóo y Mazón, que nunca en la reciente historia de aquella comunidad hubo tantas razones para que no cejaran en sus protestas masivas. A la derecha extrema que representa ahora mismo el Partido Popular en el gobierno de la Generalitat valenciana, no sólo se la hace máxima responsable de no tomar medidas con antelación para reducir en lo posible los efectos trágicos de las inundaciones, sino que se la recordará por mantener como jefe del gobierno autonómico a quien estaba al frente del mismo cuando ocurrieron las riadas. Esto debería no borrarse de la memoria de la ciudadanía ante las urnas.
DdA, XXI/5.887
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