No llegaremos a ver en la televisión pública el documental 7.291 que Juanjo Castro presentó el pasado 4 de diciembre y versa, como el número indica, sobre los ancianos fallecidos sin atención hospitalaria en las residencias madrileñas durante los dos primeros meses de la pandemia de COVID, tal como dejaron por escrito los llamados protocolos de la vergüenza del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Tampoco tengo noticia de que en nuestra televisión pública, coincidiendo con la presentación del citado film, se haya entrevistado en profundidad a la presidenta de asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores, que trata desde hace cuatro años de que se haga justicia sobre un episodio sobre cuya crueldad e inhumanidad debería alarmarnos acerca de la llamada sociedad de bienestar.
Por suerte, lo que no hacen los medios de comunicación públicos, ni siquiera como anexo necesario a un hecho de actualidad como la presentación del documental mencionado, lo ha hecho Ayme Román, la periodista que desde hace meses viene ofreciendo en su podcast No obstante, producido por Furor TV, unas conversaciones muy interesantes con gente de la cultura y la política.
Ahí hemos podido ver y escuchar a fondo hace un mes a Mercedes Huertas, una madrileña vallecana que no deja de creer en que se haga justicia por las 7.291 víctimas, entre las que estuvo su padre, Juan Huertas Mateos. Una Comisión Ciudadana creada al efecto denunció con sobrada y precisa documentación que entre marzo y abril de 2020, murieron 9.468 residentes madrileños y, de ellos, 7.291 (el 77%) lo hicieron sin recibir atención hospitalaria. Estas cifras suponen casi la mitad de los 20.000 fallecimientos en todo el país, durante la primera ola de la pandemia, a pesar de que esta Comunidad contaba sólo con el 13,5% de plazas (51.908 en Madrid y 384.251 en toda España). El 40 por ciento de los fallecidos sin atención se podrían haber salvado de haberla tenido.
Si el informe de esa Comisión Ciudadana y el film de Castro que se viene difundiendo por España, no logran romper el pacto de silencio que parece existir para que la justicia no actúe, transcurridos más de cuatro años, las generaciones venideras sentirán mucha vergüenza al leer esta página de horror nuestra historia.
Vergüenza de la justicia, vergüenza de un gobierno autonómico que hizo posible esa masacre con sus brutales protocolos y que fue refrendado después en las urnas con mayoría absoluta, y vergüenza de una presidenta que justificó la fría crueldad de su gestión arguyendo que las víctimas se iban a morir igual porque no había asistencia hospitalaria suficiente para que fallecieran con la atención y cuidados paliativos requeridos.
La nauseabunda excusa dada por Díaz Ayuso nos recuerda una similar argumentada durante la nefasta gestión de la Dana en la provincia de Valencia: más de 200 personas se ahogaron no porque esa gestión fuera tardía y nefasta, principalmente por parte del gobierno de la Generalitat, sino porque los servicios de emergencia no estaban preparados para un episodio de tal naturaleza, habiendo eliminado ese mismo gobierno el servicio de emergencias meses antes.
Lo peor es que, no habiendo justicia, no se está en condiciones de que lo ocurrido en las residencias madrileñas, como lo ocurrido en las localidades valencianas arrasadas por la riada, no vuelva a ocurrir. En esas estamos: las residencias siguen siendo un negocio más que un servicio público, en el que las empresas que las gestionan subalimentan a los internos y reducen al máximo las plantillas de personal. La sanidad pública no ha mejorado lo más mínimo sino que, en Madrid sobre todo, va a peor, y nada digamos del riesgo que con el cambio climático siguen corriendo, a falta de políticas que lo tengan en cuenta, aquellas edificaciones construidas en zonas de inundación de la costa mediterránea.
Me temo que aquello de que con la pandemia la sociedad y los servicios públicos iban a mejorar, no sólo no se ha cumplido sino que va en alarmante regresión, como la propia democracia.
DdA, XX/5.855
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