La justicia británica decide este lunes si otorga a Julian Assange un último recurso en Reino Unido para evitar su extradición a Estados Unidos, en caso de que este país no ofrezca nuevas garantías sobre el trato que reservaría al fundador de Wikileaks. Se trata de una fecha muy importante, a juicio de este modesto Lazarillo, para el porvenir del periodismo en el mundo, sobre todo cuando al mundo de la información lo está afectando de modo muy grave la llamada bulocracia a favor de idearios reaccionarios como el que sustentan el posiblemente reelecto presidente Trump o el elegido Milei -por citar sólo dos-, cuya reciente visita a nuestro país este fin de semana ha originado una crisis diplomática con el suyo a causa precisamente de los efectos de la bulocracia y el atrabiliario estilo del presidente argentino. En este contexto, el redactor jefe de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, afirmó hace unos días que los procesos judiciales británicos relacionados con la extradición a Estados Unidos de Julian Assange son "corruptos" y están "amañados", antes de la audiencia decisiva de este lunes sobre el caso. "Está muy claro que los procesos en los tribunales del Reino Unido (contra Assange) están corruptos. El caso está amañado contra Julian", afirmó Hrafnsson en una rueda de prensa en Londres. Con fotografía de Bernardo Pérez Tovar, y por recomendación suya, es aconsejable leer este artículo de la exdirectora del diario El País. Para Soledad Gallego, la extradición del periodista australiano a Estados Unidos "abriría una vía más segura a todos aquellos que hurtan a los ciudadanos información a la que tienen derecho, encubriendo con apelaciones a la seguridad actos que son delitos". Así de claro. La justicia británica tiene la palabra para que el periodismo se imponga como plataforma vital para la democracia frente a quienes pretenden, con la bulocracia, acabar con ella. Esto último está en marcha desde hace unos años y no deja de acumular indicios de que es creciente.
Soledad Gallego Díaz
El caso de Julian Assange (el creador de Wikileaks, que lleva 11 años recluido, primero en una embajada y, después, en una prisión británica) constituye hoy día uno de los mayores peligros para el periodismo de investigación y la libertad de prensa en todo el mundo. El tribunal inglés que decidirá esta semana si autoriza la extradición de Assange a Estados Unidos, acusado de espionaje por difundir documentos clasificados, puede sentar un precedente altamente coercitivo para el ejercicio del periodismo, entendido no como un espacio de entretenimiento, sino como uno de libertad que permite el debate en una sociedad democrática. Su extradición abrirá una vía más segura a todos aquellos que hurtan a los ciudadanos información a la que tienen derecho, encubriendo con apelaciones a la seguridad actos que son delitos.
Assange fue el creador de un portal llamado Wikileaks a través del cual se hicieron públicos en 2010 miles de documentos clasificados, gracias a los cuales vieron la luz crímenes de guerra, torturas y casos de corrupción. Los documentos fueron facilitados a un grupo de medios de todo el mundo (entre ellos EL PAÍS) para su análisis y difusión. En ningún caso las informaciones publicadas supusieron un riesgo para la seguridad de personas protegidas por la ley. Fuimos decenas de periodistas en todo el mundo (yo misma pertenecí al equipo de este periódico que realizó ese trabajo) quienes expurgamos esos miles de documentos y quienes firmamos esas informaciones. Y todos estuvimos de acuerdo en que se trataba de hechos que la sociedad tenía derecho a conocer.
La extradición de Assange y su casi segura condena en Estados Unidos (la pena puede ser de 175 años) son una amenaza para todo el periodismo serio que se realiza en el mundo y como tal deberían ser asumidos por las asociaciones profesionales y por la sociedad en su conjunto, a la que se quiere privar de uno de sus derechos más importantes: el derecho a saber y a exigir responsabilidades. La sociedad necesita personas que hagan el trabajo que hizo Julian Assange. Los periodistas necesitamos acceder a documentos como los que Assange nos facilitó. Cerrar el camino de los whistleblowers (informadores, denunciantes) es la mejor manera de proteger a delincuentes de alto rango.
Ahora mismo, es posible que para llegar a conocer cuáles han sido y están siendo las decisiones del Gobierno israelí, cuáles sus objetivos y cuáles los medios que ordena emplear para alcanzarlos, para que la propia sociedad israelí pueda debatirlo y la comunidad internacional valorar hasta qué punto son compatibles con las leyes que rigen el orden mundial, sea necesario que surjan personas dispuestas a denunciarlas desde dentro o personas capaces de acceder por medios tecnológicos a esa documentación.
Mas aún cuando, en el caso israelí, existe una tajante prohibición de acceso a Gaza de periodistas internacionales, prohibición que no tiene que ver con la protección de esos enviados especiales. Primero, porque la decisión corresponde al periodista interesado y al medio que lo respalda y los gobiernos deben limitarse a ofrecer la máxima ayuda que puedan. Segundo, porque la inmensa mayoría de los periodistas palestinos que han muerto en Gaza en los pocos meses que dura la operación de castigo israelí (más de 60 reporteros, según la Federación Internacional de Periodistas) no han muerto en mitad de bombardeos indiscriminados o en medio de enfrentamientos bélicos, sino, según denuncian sus medios, en ataques específicos dirigidos contra ellos y sus familias.
Algún día, las organizaciones profesionales de periodistas deberán abrir una profunda investigación sobre esas muertes, como deberían abrirla las asociaciones de médicos sobre el asalto a los hospitales gazatíes, y necesitarán para ello acceder a documentos clasificados y a la ayuda de personas como Julian Assange. A lo largo de la historia, no han sido pocos los jueces, sobre todo anglosajones, que, a la hora de procesar a periodistas de investigación, funcionarios o hackers que han vulnerado la ley para acceder a ese tipo de documentos, han considerado, por encima de todo, si la conducta de esa persona servía al interés público. Es una desgracia que poco a poco ese espíritu haya ido debilitándose y que ahora un tribunal británico pueda hacerlo desaparecer.
EL PAIS DdA, XX/5.650
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