EDITORIAL
José Manuel Caballero Bonald se inspiró en las marismas de Doñana para describir la mítica Argónida en la que transcurre la acción de Ágata ojo de gato. Escribió la novela entre 1970 y 1974, un par de años después de que Rachel Carson publicase Primavera Silenciosa y en las mismas fechas en las que se publicaba el Informe Meadows sobre los límites al crecimiento.
Ha pasado medio siglo desde entonces y la situación de Doñana, lamentablemente, es un buen exponente de lo que el capitalismo globalizado llama modernización y progreso, un proceso acelerado de explotación de territorios y personas para producir, durante un tiempo, dinero.
La intensificación de la agricultura en la zona y la aparición del regadío han convertido el Parque de Doñana en una zona de sacrificio. Doñana se reseca y se exporta en forma de fresas, mientras las jornaleras que trabajan en el sector se organizan y denuncian, a la vez, sus inaceptables condiciones laborales y la forma salvaje en la que se esquilma el territorio.
La pugna por el agua en Doñana no es nueva. Las asociaciones ecologistas y organismos internacionales como UNESCO, Ramsar e IUCN dieron ya hace diez años la voz de alarma. La Unión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España y la Junta de Andalucía, gobernada entonces por el PSOE, se vio obligada a hacer como que hacía algo. En diciembre de 2014 se aprobó un Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío que trataba de ordenar la expansión de cultivos, sobre todo de la fresa que, además de haberse extendido por Doñana, ocupaba ilegalmente terreno forestal. Los cultivos se regaban con agua subterránea extraída ilegalmente.
El plan no resolvía los problemas de raíz y fue ineficaz para revertir una insostenible ocupación del territorio que ya venía de años. Aún así puso en pie de guerra a los regantes ilegales. Arguyendo que desde 2004 no se legalizaban nuevos regadíos, el lobby de regantes interpuso más de ciento cincuenta recursos pidiendo derechos de agua. En los tribunales, los regantes ilegales nunca obtuvieron una sentencia favorable, así que presionaron para que se cambiase la ley. Moreno Bonilla vio la oportunidad de arañar ahí los miles de votos que necesitaba para llegar al gobierno de Andalucía, así que prometió la futura legalización de los okupas agrarios en el caso de que ganase.
La norma aprobada ahora por el PP y Vox permitirá la recalificación de terrenos cercanos al Parque Nacional de Doñana y supondrá, de facto, que el expolio de las aguas de los acuíferos del parque para la agricultura sea legal. Esta legalización llega en medio de la peor sequía en décadas, sequías que no van a desaparecer, porque la zona está, como toda la península, fuertemente afectada por la dinámica del cambio climático.
La decisión del Partido Popular, que parece haber empezado a recular con el paso de los días, es cortoplacista, criminal e irresponsable. Está en riesgo un espacio emblemático, uno de los lugares más biodiversos de Europa, patrimonio cultural y natural. Y también todos los regadíos, los legales y los ilegales. Se está desencadenando un conflicto ecosocial que puede dejar a toda la comarca sin agua.
Lo que suceda en Doñana tiene una enorme importancia. No es la única zona de nuestro país que está sufriendo presiones similares. También el PSOE intenta retorcer la legislación para impedir la demolición de la Marina Isla de Valdecañas, el complejo turístico ilegal extremeño que acumula casi un decenio de sentencias en contra. En Aragón, la empresa Aramón, participada por el Gobierno autonómico, quiere destrozar el valle de Canal Roya para construir una telecabina que una las pistas de esquí –en el cada vez más remoto caso de que hubiera nieve– de Formigal, Astún y Candanchú.
Lamentablemente, detrás de la mayor parte de estos despropósitos están las campañas electorales. Tenemos un problema cuando las elecciones se convierten en un concurso para ver quién se atreve a hacer o prometer la burrada mayor. Frenar el despropósito de Doñana, y el de Valdecañas, y el de Canal Roya es crucial. Los años de conflictos por el agua no han hecho más que empezar, y por más que el ministro Planas quiera estirar cada gotita, el agua da para lo que da. Es urgente abrir debates sociales bien informados y no cometer la irresponsabilidad, cada vez que llegan elecciones, de estimular deseos que solo favorecen a unos cuantos y que de ninguna de las maneras se van a poder cumplir.
Con el telón de fondo del cambio climático, es imprescindible activar una transición ecológica justa, que no sea una entelequia vacía, sino que parta de la realidad de nuestros territorios y del compromiso con las necesidades de todas las personas y del reparto y redistribución de todo. Hoy ya estamos en tiempo de descuento, y de no hacer nada, nuestros nietos creerán que Doñana es solo un paisaje mítico que Caballero Bonald inventó hace cincuenta años. Hacen falta medidas radicales y hacen falta ya. Si el Gobierno quiere actuar de verdad para concienciar a la población de lo que nos jugamos, podría empezar con una medida sencilla: denunciar a la Junta andaluza por atentado ecológico y malversación en la gestión del patrimonio de todos. Y dejar de defender proyectos ecocidas allá donde gobierna.
CTXT DdA, XIX/5.432
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